Las razones por las que el alcalde de Armenia está preso

Las razones por las que el alcalde de Armenia está preso

Este jueves el mandatario renunció a su cargo mediante una carta dirigida al gobernador del Quindío.

Carlos Mario Álvarez

Carlos Mario Álvarez, alcalde de Armenia.

Foto:

Jhon Jairo Bonilla / Archivo EL TIEMPO

29 de junio 2018 , 06:22 p.m.

Carlos Mario Álvarez está detenido desde el pasado 29 de abril y deberá responder por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

Este jueves envió una carta de su puño y letra dirigida a Carlos Eduardo Osorio, gobernador del Quindío,  en la que renunció a su cargo "confiando en que con el trabajo de la justicia se demuestre su inocencia".

En caso de que el gobernador acepte la renuncia, los armenios serán llamados a elecciones para elegir un nuevo alcalde, pues todavía quedan 18 meses de este periodo.

Estas son las razones por las que Álvarez fue puesto bajo medida de aseguramiento en la cárcel La 40 de Pereira.

El caso de la exalcaldesa

Todo comenzó con Luz Piedad Valencia Franco, quien fue alcaldesa de la capital del Quindío,  y su esposo Francisco Javier Valencia Salazar. A principios de este año la Fiscalía General de la Nación ordenó una investigación en su contra por supuesto detrimento patrimonial de 20 mil millones de pesos.

En el 2014 Valencia presentó ante el Consejo de la ciudad un proyecto para ejecutar obras por valorización. Las contribuciones a través de impuestos alcanzarían los 100.000 millones de pesos.

En julio de ese mismo año, cuando todavía no se había recaudado el dinero, Valencia estaba celebrando el primer contrato por 30.000 millones de pesos.

El lío estuvo en los anticipos para la construcción de 10 obras que se financiarían con esos recursos. No todas las obras se ejecutaron y algunas se suspendieron por falta de dinero.

Valencia afirmó que el anticipo no había sido desembolsado bajo su administración, sino bajo la de Álvarez.

Álvarez a su vez, afirmó que "el anticipo fue pactado de mutuo acuerdo en el contrato adjudicado y firmado por la anterior administración" (la de Valencia). Además, dijo que es un derecho del contratista y que su administración tenía como obligación desembolsarlo. 

La Fiscalía llamó al escándalo '10 por ciento', porque Valencia habría pedido coimas del 10% de los contratos por las obras de valorización.  La exalcaldesa fue detenida a principios de abril. 

Los pagarés

Unos videos de las cámaras de seguridad del apartamento de Francisco Valencia, esposo de la exalcaldesa, revelan en momento en el que Carlos Álvarez asiste a una reunión en agosto del 2015, cuando todavía no había sido elegido como alcalde, sino que era candidato. 

Álvarez firma cuatro pagarés por 1.000 millones de pesos cada uno. El primero firmado por Valencia Salazar, otro por Gabriel Jiménez, otro por Olga Sánchez y el último por José Germán Valencia, un contratista de la alcaldía de Armenia que apareció muerto en febrero de este año. 

Además, Valencia aseguró haber donado 6.000 millones de pesos a la candidatura de Álvarez que nunca fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral. 

El carrusel del 'diez porciento' tiene a una docena de funcionarios en los estrados judiciales.

La defensa de Álvarez argumenta que el video no tiene validez porque fue grabado para construir una prueba contra el mandatario. Cuestionó por qué Francisco Valencia dijo que habría aportado 6.000 millones de pesos si en el video solo aparecen 4 pagarés por 1.000 millones cada uno "¿dónde están los otros 2.000? ¿por qué no tiene listados de los líderes comunales a los que supuestamente se les entregaron los dineros? y ¿ por qué no hay recibos de transporte ni alimentación de esos recursos?" preguntó.

Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, los pagarés serían prueba de un presunto trato entre Francisco Valencia y Álvarez. Sin embargo, el ente acusador afirmó que pese a haber firmado los pagarés, Álvarez se negó a cumplir con el pago estipulado.

El carrusel del 'diez porciento' tiene a más de una docena de funcionarios en los estrados judiciales que deberán responder por el posible detrimento patrimonial de 14.000 millones de pesos. 

ELTIEMPO.COM

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