En la inspección de La Julia ya no pueden dormir tranquilos

En la inspección de La Julia ya no pueden dormir tranquilos

Aparecen casos de homicidio, abuso sexual, hurto, riñas y expendio de vicio en feudo de Farc.

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Los pobladores de La Julia no se sienten seguros por nuevos casos de delincuencia

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HERNANDO HERRERA/ LLANO SIE7EDÍAS

08 de noviembre 2016 , 08:53 p.m.

La histórica y remota inspección de La Julia, en Uribe (Meta), considerada el último búnker del ‘bloque Oriental’ de las Farc y la cuna de los padres de la revolución, está cayendo en manos de la delincuencia común y del desorden social.

Hasta el 2015 los únicos indicadores de violencia en este caserío enclavado en el corazón de Uribe tenían que ver con el conflicto armado.

Delitos como homicidio común, hurto, abuso sexual, tráfico de drogas y lesiones personales marcaban cero en las estadísticas de la Policía.

Sin embargo, ante la mirada impotente y la angustia de los pobladores, este año ya van dos homicidios con arma blanca, tres casos de violencia sexual contra menores de edad, hurto de motos, robo a comercio y riñas en medio del licor.

La concejala Yohana Mosquera, que tiene su caudal político en La Julia, dice que en la inspección ya no se puede dormir con las puertas abiertas.

El sombrío panorama en materia de seguridad en La Julia coincide con el cese unilateral al fuego ordenado por las Farc a sus filas, el trabajo de pedagogía de los acuerdos de La Habana que realizó el grupo, el cese bilateral el fuego definitivo decretado por el Presidente Santos y finalmente por la salida de los guerrilleros de esa región hacia las zonas de preagrupamiento.

De hecho, la concejala Mosquera asegura que no son pocos los que en La Julia dicen que se “sentían más seguros con la presencia y las normas que imponían las Farc porque la gente las respetaba o las respetaba para evitar los castigos y las multas”.

Sandra Gutiérrez, líder de La Julia, denuncia que hay mucho consumo y expendio de marihuana en el poblado. La distribuyen personas adultas y la consumen jóvenes del caserío.

“Parece que hay un círculo vicioso porque el marihuanero se da en la pepa (cabeza) y sale a violar, y para comprar más vicio tiene que robar”, advirtió.

En lo corrido del año tres menores de edad han sido víctimas de abuso sexual en La Julia, una de 13 años y las otras dos, de solo 4.

Una estudiante de 13 años fue atacada por un menor de edad en la vereda Las Rosas cuando iba del colegio a su casa.

El Día del Campesino, celebrado en septiembre, una mujer sorprendió a un hombre cuando sometía a su hija a tocamientos indebidos, con el agravante de que la pequeña tiene una discapacidad.

El mismo día, en la vereda La Belleza, un hombre fue asesinado a puñal en una pelea por un juego de ‘tapazo’ de cerveza.

El caserío también se estremeció con la muerte del fiscal de la junta comunal, conocido como Salvador. Lo mataron con arma blanca en un sitio de rumba cerca al parque. Según testigos lo asesinó un joven bajo efecto de las drogas.

Además, recuerdan el robo de dos millones de pesos en una fábrica de panela, por hombres en moto, así como el hurto de dos motocicletas, mediante la modalidad de ‘halado’.

“Necesitamos de la ayuda del Estado, que no nos dejen solos ante la delincuencia”, dijo la concejala.

Las Farc afirman que los ladrones eran sometidos a juicio y abusadores, fusilados.

‘Cipriano González’, miembro del estado mayor del frente 40 de las Farc, que tuvo influencia en La Julia, señala que es necesario que las comunidades se organicen e integren contra la delincuencia.

“Nosotros hemos hecho un trabajo de control con comunidades. La comunidad se tiene que integrar para decir que aquí no puede haber ladrones, ni el sobrino, ni el primo, ni el tío, ni el hermano, a nadie se le permite hacer eso y el que lo haga debe irse de la región por consenso de las comunidades”, expresa.

Incluso, dice, a quienes eran persistentes en el delito “se les aplicaba la pena de muerte porque no se puede dejar progresar la delincuencia”.

Agrega que a los ladrones las Farc los capturaba y los sometía a juicio público con la comunidad para decidir si esta persona se tenía que ir o quedar. Sin embargo, si no era expulsada de la región tenía que resarcir con trabajos en carreteras o puentes el daño causado, pagar multa y devolver lo robado.

Frente a los abusadores sexuales, González asegura que “eran fusilados” porque “no tienen ninguna justificación”.

“Al que internamente le comprobemos que es violador es fusilado. Y si descubrimos un abusador sexual en la población civil, que la comunidad nos compruebe que es violador, es expulsado o generalmente ajusticiado, un violador no tiene resocialización. El que viola una niña es lo más atrasado de la mente de un ser humano”, añade.

'Hay un vacío de  poder en estos territorios': Expertos

A un vacío de poder generado por la salida de las Farc, que históricamente habían dominado con puño de hierro algunos territorios del Meta y del país, atribuyen analistas políticos y del conflicto armado lo que está pasando con la delincuencia en La Julia.

Ariel Ávila, subdirector ejecutivo de la Fundación Paz y Reconciliación, asegura que la justicia de las Farc aunque “autoritaria y déspota”, era rápida y resolvía los casos.

“En La Macarena el problema de una deuda las Farc lo resuelven en 15 o 20 días, obligan a que la gente pague sus deudas, la justicia colombiana tarda tres años”, afirma Ávila.

No obstante, señala que todo obedece a “un vacío de poder en los territorios”, generado por la falta de presencia efectiva del Estado a pesar de las advertencias que habían hecho distintos actores sociales y políticos.

“También hay que tener en cuenta que estamos en un limbo por la victoria del No en el plebiscito, porque había un plan diseñado para el posconflicto, entre estos uno de administración de justicia que no se puede implementar”, dice Ávila.

El analista dice que el Estado debe llegar a estos territorios con Policía y con aplicación de justicia “para controlar la anarquía”.

El director ejecutivo de la misma Fundación, el analista político León Valencia, dice que prevenir lo que está sucediendo en La Julia y otros territorios de alta influencia de las Farc, con base en la experiencia que tuvo esta guerrilla, es el “gran reto del posconflicto”.

En el Cauca, agrega, las Farc han promovido unas guardias campesinas e indígenas para que sean las comunidades organizadas las que resuelvan sus conflictos.

Al retomar el tema, Ávila revela que en San Vicente del Caguán (Caquetá) los últimos consejos de seguridad ya no tienen que ver con las Farc sino con delincuencia común y el robo de celulares.

‘La gente tiene que ejercer el control social’: Alcalde

El alcalde de Uribe, Jaime Pacheco, es partícipe de que la comunidad se una para erradicar la delincuencia de su territorio con el apoyo de las autoridades.

“Si la comunidad se une, saca al delincuente de la región, el problema es cuando lo hace usted solo, porque el tipo va a tomar represalias contra usted”, señala el mandatario. No obstante, es partidario de que la comunidad de estos territorios ejerza el control social.

“La gente sabe dónde está el expendedor de drogas, pero no denuncia, sabe quiénes son los que roban, pero no informa”, precisa el alcalde Jaime Pacheco.

El alcalde dice que si bien los casos de homicidio y los tres de abuso sexual están denunciados, las versiones sobre más casos de violencia sexual y una supuesta ola de hurtos no aparecen en los registros de las autoridades.

“La gente tiene que colaborar y para eso tiene que empezar con la denuncia. La Policía y la Fiscalía sin denuncias no tienen cómo actuar y atacar la delincuencia, ellos necesitan herramientas para investigar”, señala Pacheco.

El comandante de la Policía del Meta, coronel Nicolás Zapata, anuncia que el próximo miércoles hay un consejo de seguridad convocado por la Gobernación y que en este será abordado el tema de La Julia y de otras poblaciones afectadas por la delincuencia tras la salida de las Farc de estos territorios.

MIGUEL HERRERA ARCINIEGAS
REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS

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