Los ‘carteles’ que han desangrado al departamento de Córdoba

Los ‘carteles’ que han desangrado al departamento de  Córdoba

El de la hemofilia, el del bastón y el de las Tucson son algunas de las más recientes 'carteles' .

Carteles

Los sofisticados métodos de administrar el erario de Córdoba la han llevado a la hecatombe por la corrupción.

Foto:

Archivo/EL TIEMPO

17 de junio 2018 , 09:54 a.m.

Desde los años setenta hasta la fecha, Córdoba ha sufrido distintas clases de violencia. Guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción han dejado estelas de muerte, pobreza y subdesarrollo.

La guerra armada que generaba asesinatos y desplazamientos de campesinos pasó del monte a los escritorios de las administraciones del Estado y los actores cambiaron de cabecillas de grupos armados a dirigentes políticos y funcionarios públicos.

Los sofisticados métodos de administrar el erario de Córdoba solo han llevado a la hecatombe producida por la corrupción. La justicia y los medios de comunicación la bautizaron “carteles”, que no son otra cosa que un modelo de saqueo a los recursos que se manejan desde la Gobernación o las alcaldías y entidades públicas.

Es así como en ese Departamento, de cerca de 2 millones de habitantes, en los últimos años se han abordado casos de corrupción bajo los rótulos del ‘Cartel de la Hemofilia’, ‘Cartel del Bastón y ‘Cartel de las Tucson’. Cada uno demuestra el deplorable estado al que llegaron la clase política y los funcionarios públicos en Córdoba.

El de la hemofilia

Es quizás el escándalo de corrupción más grande que han sufrido los cordobeses por cuenta del robo a los recursos de la salud en esa región. Consistió en cobrarle al Departamento multimillonarias cuentas por el tratamiento de falsos pacientes de hemofilia, enfermedad poco común en esa zona del Caribe colombiano.

A través de las EPS se realizó la maquiavélica estrategia que hacía recobros por los tratamientos no POS y que llegaron a costar cerca de 80.000 millones de pesos, cuya plata fue a parar a los bolsillos del exgobernador Alejandro Lyons Muskus, varios secretarios de despachos, gerentes de EPS y asesores e intermediarios. Incluso, el actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, se encuentra suspendido de su cargo por haber ordenado el pago de una cuenta por 1.500 millones de pesos de esa misma ala de corrupción.

Guillermo Pérez Ardila, representante legal de la IPS Unidos por su Bienestar, una de las dos entidades a través de las cuales se habrían facturado cerca de 44.000 millones dijo que la estrategia consistió en identificar personas sin EPS, con la citada patología “para poder incluirlos como beneficiados de la Gobernación” y hacer los recobros por medicamentos no POS.

“Eran, aproximadamente, 150 pacientes, de los cuales unos 85 estaban en Unidos por su Bienestar. Yo, Guillermo Pérez, pude tener contacto con 40 de ellos a quienes reunía cada fin de mes. Fue Sami Spath quien en realidad nos dio la oportunidad de poder ingresar, porque se le planteó el negocio y por intermedio del Gobernador ingresamos como prestadores del servicio”, explicó Pérez a la Fiscalía luego de llegar a un preacuerdo de colaboración.

El indiciado por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación fue beneficiado con prisión domiciliaria desde diciembre del año pasado.

Sami Spath, a quien se refiere Pérez Ardila, fue personaje público en Córdoba señalado de ser amigo personal del exgobernador Lyons. Está procesado por concierto para delinquir y cohecho para dar o recibir, en este mismo caso. En los actuales momentos se encuentra preso en Italia a la espera de ser deportado para que responda por las acusaciones.

Alejandro Lyons se refugió en Miami en 2016, desde donde ha confesado su participación y ha delatado a varios de los implicados. En Colombia lo espera una condena por esos delitos, la cual se haría efectiva una vez termine su proceso de colaboración con las autoridades norteamericanas en el llamado ‘Cartel de la Toga’.
Hasta el momento, un solo exfuncionario ha sido condenado por este escándalo. El excoordinador del Plan Ampliado de Inmunización (PAI) en Córdoba, Alfredo Ceballos Blanco, quien deberá pagar 106 meses de prisión (unos 9 años) por los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso con falsedad ideológica en documento público.

Entre tanto, por este mismo hecho están asegurados Alfredo Aruachán Narváez (Secretario de Salud 2013 - 2015), Edwin Preciado Lorduy (Secretario de Salud 2015), Rubén Guerra Gil, Alexis Ghaines, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud Departamental; Juan David Náder, exauditor de esa entidad; y Marcela Suárez, también exauditora, quien obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria.

El del bastón
Secretaria

El ‘Cartel del Bastón’ le costó la suspensión de su cargo a la secretaria de Mujer de la Gobernación de Córdoba, Sandra Gómez.

Foto:

Archivo/EL TIEMPO

Es otro escándalo por cuenta del manejo de los recursos para atender a las personas de la tercera edad. Allí estarían embolatados cerca de 4.000 millones de pesos del programa ‘Mis Años Dorados’.

Personas ya fallecidas, suplantación de identidad y presentación de cédulas inexistentes son entre otras, las irregularidades que se habrían cometido en al menos doce municipios del Departamento de Córdoba, en los cuales la Gobernación realizó un convenio con la Fundación Gotitas de Prosperidad.

También se detectaron personas a quienes, al parecer, se les suplantó la firma para hacerlos figurar como beneficiarios del programa. En otros casos los nombres consignados en los formatos no coincidirían con el número de cédula con el que el adulto mayor se habría inscrito en el programa.

Igualmente, se encontraron registros de personas que tendrían su lugar de residencia en un Departamento diferente, y usuarios con cédulas que fueron dadas de baja por fallecimiento por parte de la Registraduría Nacional.

Las investigaciones llevaron a suspender a la secretaria de Mujer de la Gobernación de Córdoba, Sandra Gómez Urbina, y abrir proceso disciplinario en contra de siete alcaldes.

Se trata de Juan Carlos Yánces Padilla, alcalde del municipio de Los Córdobas; Ovidio Miguel Hoyos Paternina, de Pueblo Nuevo; José Ignacio Gómez Ramos, de Valencia; Gilberto Ramírez Montes, de Planeta Rica; Teresa María Salamanca, de Chinú; Alejandro Javier Mejía, de Ciénaga de Oro, y Baldomero José Villadiego, mandatario local de Sahagún.

El de las Tucson

Este escándalo es el más antiguo en Córdoba. Consistió en que los extrabajadores de la extinta Telecom interpusieron tutelas en las que reclamaron pagos pensionales y beneficios económicos a los cuales no tenían derecho. Sin embargo, algunos jueces del Departamento les dieron la razón.

Cerca de 86 tutelas presentadas por igual número de accionantes llegaron al despacho del exjuez Primero Promiscuo Municipal de Lorica Álvaro Alfonso Chica Yánez, quien falló de manera irregular dichas acciones judiciales que permitieron el desfalco, tan solo en su despacho, de 5.009 millones. Recientemente, el juez fue condenado por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros. Con esta decisión ya son 22 los jueces condenados en Córdoba por estos mismos hechos.

En Sucre actuó el de los enfermos mentales

Las irregularidades fueron detectadas por la Contraloría General de la República en el manejo de los recursos de salud destinados a la Población Pobre no Asegurada (PPNA), por el pago a IPS, en una auditoría efectuada a la Gobernación de Sucre sobre las vigencias 2012 - 2015, en la que se evidenciaron los pagos efectuados a favor de: IPS Clínica de Salud Mental y Rehabilitación Integral Manantiales S.A.S., Clínica Santa Isabel Ltda., Fundación Libertad y Fe, Fundación Nuevo Ser, Fundación Sembrando Esperanzas, y la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S.

El total de los pagos irregulares superó los 5.000 millones de pesos, basados en diagnósticos falsos, en los que las IPS soportaron su facturación, órdenes de internación sin soporte, y múltiples irregularidades en las historias clínicas de los supuestos pacientes que nunca existieron.

En el caso de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S., el médico psiquiatra que avaló las historias clínicas de los supuestos pacientes, Gustavo Zambrano San Juan, manifestó no haber firmado ninguno de los documentos usados por la IPS para soportar sus facturas y que nunca había prestado sus servicios a esa entidad, por lo que su nombre había sido usado ilegalmente.


A pesar de la gravedad de las irregularidades e inconsistencias, los funcionarios de la Secretaría de Salud de Sucre continuaron avalando dichos cobros y expidiendo las resoluciones de pago que después fueron suscritas y pagadas por el mismo gobernador Julio César Guerra Tulena.

Contratos inexistentes

La Contraloría General de la República había, igualmente, evidenciado en su momento la inexistencia de contratos entre la Gobernación de Sucre y las IPS, en los que se soportaran los millonarios pagos facturados.

Es decir, la Gobernación de Sucre efectuó los pagos sin que existiera un soporte contractual para llevar a cabo los mismos. Tampoco medió autorización del Ministerio de Salud para poder efectuar el pago a IPS privadas, ni existieron soportes que probaran la capacidad de las mismas para funcionar y prestar los supuestos servicios contratados.

El exgobernador Julio Cesar Guerra, quien fue vinculado al proceso por la Contraloría, rendiría versión libre.

Libres, por vencimiento de términos, se encuentran 4 de los 10 procesados por el cartel de los enfermos mentales: Nadim Farak, Samuel Palencia y Samir Serpa, funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental, de quienes trascendió fueron reintegrados recientemente a sus cargos en la Gobernación. Así mismo, la exsecretaria de Salud Departamental, Nayibe Padilla Villa, quedó en libertad luego de que se le levantara la medida de detención domiciliaria.

Otros procesados fueron Representantes legales de las IPS; Efraín Suárez Arrieta y José Madera, exsecretarios de Salud Departamental. También Ronaldo Herazo, contador personal del ex gobernador Julio Guerra, quien llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, en el que devolvería al departamento más de 1.200 millones de pesos.

Primera condena

A 10 años y 4 meses de prisión fue condenado Ernesto Bladimir González Osorio, representante legal de la IPS Nuevos Amaneceres S.A.S, con la cual se desangraron las arcas departamentales de la salud en Sucre.

Aunque González Osorio, aceptó desde siempre, su responsabilidad en el caso, y en principio le fue impuesta casa por cárcel, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo, decidió que deberá responder tras las rejas. La de González, es la primera sentencia proferida por el millonario desfalco.

El ‘Cartel de los Embargos’
Hospital

Por el ‘Cartel de los Embargos’ el ente de salud en Sucre que ha sido directamente afectado fue la ESE Hospital Universitario de Sincelejo.

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Archivo/EL TIEMPO

Este ‘cartel’ quedó al descubierto la semana pasada tras la solicitud de la Procuraduría a la Fiscalía de iniciar investigaciones a jueces, particulares y abogados, que habrían procedido con embargos ilegales a los recursos de la salud.
Más de 30.000 millones de pesos habrían sido embargados en la salud sucreña, a través de artimañas jurídicas.

Los embargos procedieron a pesar de que la Constitución, los prohíbe a los dineros destinados al sector salud. En Sincelejo se habrían realizado, al parecer, mediante confabulaciones entre abogados y el Juzgado Tercero Civil del Circuito, para efectuar millonarios de estos que favorecerían a particulares.

El ente de salud en Sucre que ha sido directamente afectado con esta práctica ilegal es la ESE Hospital Universitario de Sincelejo, con alrededor de 11.000 millones de pesos, que habrían dejado de llegarle y que en la actualidad se encuentra sumido en una profunda crisis económica de la que no ha podido salir.

El Ministerio Público dio a conocer que el proceder de este ‘cartel’ consiste en que los jueces civiles locales ordenaban el embargo de los dineros que se debían girar a las empresas sociales del Estado, como prestadoras de salud.

En Sucre, el caso salpica al exjuez tercero Civil del Circuito de Sincelejo, Marco Tulio Sierra Severiche, quien expresó, a través de medios locales sucreños, su sorpresa tras las sindicaciones en su contra, pues, según él, habría actuado en derecho; y a su juicio, los recursos en mención, sí se pueden embargar cuando provienen del mismo sistema de la salud. El togado dijo que está presto a colaborar con las autoridades.

Redacción Caribe

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