Jueza envió a la cárcel a la Alcaldesa de Ocaña, Norte de Santander

Jueza envió a la cárcel a la Alcaldesa de Ocaña, Norte de Santander

Consideró que podría obstruir el desarrollo del proceso por celebración indebida de contratosCon

Miriam Prado Carrascal

Miriam Prado Carrascal, actual alcaldesa de Ocaña (Norte de Santander) fue capturada este viernes por presuntas irregularidades en la contratación de su administración.

Foto:

Archivo particular

24 de febrero 2017 , 01:51 p.m.

La jueza penal con Función de Garantías de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), Luisa María Torrado, en una audiencia adelantada la mañana del pasado domingo, determinó enviar a un centro de reclusión a la alcaldesa del municipio de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, acusada por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades.

Si bien la jueza consideró que la mandataria no representaba un peligro para la sociedad, sí que al estar libre y en su cargo, podría obstruir el desarrollo del proceso legal que se adelanta en su contra.

Igualmente, los secretarios de Gobierno y Tránsito de esa localidad, la segunda más importante de ese departamento, Juan Pablo Bacca Manzano y Albert Emiro Urquijo Sánchez, quienes acompañaron a la alcaldesa en el banco de los acusados, también fueron enviados a prisión.

Los tres servidores públicos fueron capturados en el municipio de Ocaña el pasado viernes por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

El ente acusador durante su investigación encontró presuntas irregularidades en tres contratos suscritos con el mismo contratista.

La prestación de apoyo técnico y tecnológico a la Secretaría de Movilidad y Tránsito para el manejo y control del sistema que facilita la gestión de comparendos y el registro de recaudo de dinero por concepto de la imposición de sanciones a través de la modalidad de concesión fue el objeto del primer contrato.

Para el segundo caso, se trató de la prestación de los servicios profesionales y apoyo técnico a la misma dependencia, y para el último contrato, del suministro de insumos y apoyo logístico a la Secretaría de Gobierno.

La Fiscalía determinó que el contratista no cuenta con la experiencia certificada y que además, habría financiado la campaña a la Alcaldía, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral.

También se identificó el cobro exagerado de porcentajes de utilidad, entre otras inconsistencias.

Por estos hechos los servidores públicos fueron presentados ante el juez que realizó las audiencias concentradas.

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