Juez deja en libertad a alcalde y exalcalde de Santa Marta

Juez deja en libertad a alcalde y exalcalde de Santa Marta

La decisión fue apelada por la Fiscalía y la Procuraduría. La defensa insistió que no hubo delitos. 

Dejan libres a Caicedo y Martínez

A Caicedo (foto) y a Martínez, en los últimos meses, les han abierto más de 30 procesos.

Foto:

Paola Benjumea/ EL TIEMPO

01 de diciembre 2017 , 04:54 p.m.

El juez octavo penal municipal con funciones de control de garantías, Gabriel Modesto Ospino, dejó este jueves en libertad al suspendido alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y a su antecesor Carlos Caicedo Omar, capturados por presuntas irregularidades en dos contratos para la demolición y reconstrucción de cinco centros de salud.

La Fiscalía les imputó los delitos de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropación y en la audiencia de medida de aseguramiento solicitó que el alcalde y exalcalde fueran enviados a la cárcel. Sin embargo, el juez decidió dejarlos en libertad, al igual que a los otros cuatro capturados por el mismo proceso. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión.

El abogado Iván Cancino, apoderado de Caicedo y Martínez, dijo que el juez les dio la razón porque la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía fue “muy floja en lo argumentativo y nula en lo probatorio”.

Por su parte, la Fiscalía aclaró,  a través de su cuenta de Twitter, que el juez dejó libres al alcalde y exalcalde “por aparentes vicios de forma en la audiencia y no por falta de evidencias sobre irregularidades de puestos de salud”.

A las 7:00 de la noche del jueves, los procesados salieron del edificio Galaxia, donde durante dos días se realizaron las audiencias, en cuyas afueras estaba una multitud que con arengas y cantos les expresaron su respaldo. “No se va, no se va, el cambio no se va”, gritaban.

Rafael Martínez

Rafel Martínez, alcalde suspendido de Santa Marta.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

El exalcalde y aspirante a la Presidencia, Carlos Caicedo, dijo que este proceso fue un montaje político de la Fiscalía General de la Nación y acusó al fiscal Néstor Humberto Martínez de convertir la entidad en “un instrumento de persecución política a favor del candidato presidencial Germán Vargas Lleras y de sus aliados corruptos en el Caribe colombiano y en el Magdalena, donde los clanes Díaz Granados y Cotes en absoluto han sido investigados”.

El suspendido alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, expresó que en reiteradas ocasiones le solicitaron a la Fiscalía ser escuchados en las investigaciones que tienen en su contra y nunca lo hicieron.  "Resulta que llegaron a la audiencia y no tienen una sola prueba, no hay un solo papel, no había nada para pedir lo que descaradamente pidió, que nos mandaran a la cárcel con penas superiores a ocho años”, dijo.

Ambos dirigentes fueron capturados el pasado martes en Santa Marta por las presuntas irregularidades en dos contratos. El primero fue celebrado en agosto de 2014 entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y Mediredes SAS para la adecuación y remodelación de los centros de salud: La Paz, Taganga, Mamatoco, Bastidas y el IPC La Candelaria, por 6.537 millones de pesos.

No había nada para pedir lo que descaradamente pidieron: que nos mandaran a la cárcel con penas superiores a ocho años

En dicho contrato, según la Fiscalía, se detectó el incumplimiento de requisitos legales como la falta de planeación, inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que presuntamente generó un detrimento patrimonial cercano a los 5.000 millones de pesos.

El otro contrato fue suscrito por Martínez en noviembre de 2016 con la Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta 2016, para la adecuación y terminación de los centros de salud de Taganga, La Paz y el IPC La Candelaria, por 5.863 millones de pesos.

Según la Fiscalía, las obras se iniciaron y después se obtuvo el concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud. Además, la licencia de construcción se solicitó extemporáneamente y a la fecha no ha sido otorgada. El contratista logró un anticipo del 40 por ciento del valor total de la obra (2.345 millones de pesos), pero solo se ha ejecutado el equivalente a 569 millones de pesos.

PAOLA BENJUMEA BRITO
Redactor de EL TIEMPO
SANTA MARTA 

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