El líder para quien el estar con su hija pudo más que las amenazas

El líder para quien el estar con su hija pudo más que las amenazas

Guillermo Pérez es un campesino que libra una lucha por el territorio y recursos naturales.

Guillermo Pérez

Guillermo Pérez Rangel es uno de los defensores de derechos humanos más escuchados en el Cesar.

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Ludys Ovalle Jácome / EL TIEMPO

18 de abril 2018 , 12:41 p.m.

Recuerdo que estaba hablando con mi familia, tenía a mi hija menor sentada en las piernas cuando le preguntaron: ‘¿Luna, donde está papi (...)?’. La niña miró hacia la pared y señaló mi fotografía. Para ella, su papá era solo una imagen en la pared”, recuerda compungido el líder de derechos humanos Guillermo Pérez Rangel mientras oculta su cara entre las manos, intentando detener el llanto, pero las lágrimas terminan descolgándose por sus mejillas.

Desde aquel episodio ha transcurrido casi una década, y fue determinante para que, en el 2010, tomara la decisión de regresar a Colombia luego de permanecer cinco años en Venezuela, a donde había huido asustado por las constantes amenazas de las llamadas Autodefensas Gaitanistas o ‘clan del Golfo’. “El amor por mi familia era superior al miedo”, dice.


Guillermo Pérez Rangel es uno de los defensores de derechos humanos más escuchados en el Cesar, un departamento con vocación agrícola y célebre por su Festival de la Leyenda Vallenata, pero que en la década de los ochenta vivió una bonanza marimbera y desde los noventa hasta hoy, una minera, al tiempo que han ido creciendo la resistencia contra esa explotación y la defensa de los recursos naturales.

Nació en el corregimiento de Guamalito, en El Carmen (Norte de Santander), es alto, delgado, y sus manos largas y curtidas denotan las tareas rurales que ha venido ejerciendo durante muchos años. Aunque apenas tiene 41 años, su rostro triste y su mirada profunda lo hacen lucir cansado y con unos cuantos años de más.

El amor por mi familia era superior al miedo

Por contratiempos del destino no concluyó la secundaria, pero eso no ha sido impedimento para desarrollar sus objetivos y dominar una comunicación fluida sobre cualquier temática, principalmente la lucha territorial, la defensa de los derechos humanos y la protección de los recursos naturales. “No me considero líder de nada. Soy un campesino al que las circunstancias pusieron en este lugar y que, junto con otras personas, ha decidido tejer ideas y acciones para construir un mejor porvenir”, sostiene Guillermo, quien asegura que seguirá en su lucha hasta que “el sol se me apague”, aunque desea profundamente ejercer su trabajo sin amenazas, “sin el miedo a mis espaldas”.

20 años de amenazas

La primera amenaza la recibió de los grupos paramilitares en 1997, en el sur de Bolívar. En aquel entonces vivía en Buena Seña, pueblo minero donde el líder ayudó a organizar una marcha de rechazo al proyecto de explotación de oro que buscaban realizar algunas multinacionales en la región. “Ante la falta de garantías abandoné esa región y me establecí en Valledupar, donde me vinculé al Comité de solidaridad con los presos politicos”, cuenta Pérez, quien usa un sombrero de fieltro con corona pinchada con el cual cubre su abundante cabello ondulado.

A costa de su propia vida, extendió su consigna a otros ámbitos, como la defensa de los campesinos de la serranía del Perijá. En el 2014 alzó su voz en contra de la judicialización de estas comunidades, acusadas de ser integrantes de la guerrilla. Pero esto le generó nuevas represalias de las Autodefensas Gaitanistas. En esa ocasión le dejaron en la casa de un compañero un panfleto que decía: ‘Te vamos a joder por hp’. Pero los hostigamientos no pararon ahí. Empezaron a llegarle por medio de correos electrónicos.

Esas advertencias finalmente se concretaron en una amenaza directa. Era diciembre del 2015, y se dirigía a su casa en el barrio Nando Marín, cuando dos hombres en motocicleta y armados lo abordaron. “Me quitaron las pertenencias y me gritaron: ‘Sigue metiendo la nariz donde no te importa, y lo vas a lamentar’ ”, recuerda.

Y en un día de junio del 2016 solo le dieron tiempo hasta las 3 de la tarde para que se marchara de la región. “Decidí irme a Bogotá; allá estuve tres meses, pero, por falta de apoyo y garantías, me devolví”, subraya atribulado mientras escarba en la vorágine de sus recuerdos otro hecho que lo hace sucumbir en el desconsuelo. “Lo más duro ha sido superar el asesinato de mi hijo de 3 años, Arnoldo Pérez; aún no lo había registrado. También ha sido difícil sobrellevar la trágica muerte de otros compañeros”.

El hostigamiento más reciente ocurrió el 17 de diciembre del año pasado, luego de acompañar a las comunidades arhuacas a la Minga Indígena Nacional. En esta oportunidad, las Autodefensas Gaitanistas lo declararon a él y a su familia objetivo militar.

Todas esas amenazas no solo han cumplido el objetivo de atemorizar a las comunidades, que ahora temen participar en procesos sociales, sino que, además, lo obligaron a distanciarse de su círculo más cercano. “Hemos tomado esto con mucha preocupación. Tememos por su vida. Sus hijas, desde hace mucho tiempo, no comparten con él momentos con libertad”, afirma apesadumbrada una familiar de Guillermo.

Aunque el liderazgo social que realiza este hombre de campo que terminó refugiado en la ciudad es a pasos lentos y pone en riesgo su vida, esta actividad también le deja satisfacciones.

“Cuando veo que la gente logra la restitución y evito un desalojo, revivo el compromiso que tengo. Gracias a ello pienso que puedo ayudar a la sociedad en defensa de la vida digna”, declara complacido. Lo motivan también los reconocimientos recibidos, producto de su labor. Fue nombrado representante de la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar y secretario de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios.

Faltan garantías

Frente a las recientes intimidaciones, este líder campesino, que como muchos otros en la región ha sido estigmatizado, ha recibido el respaldo de la ONG Somos Defensores y de la Fundación Manos Unidas de Colombia. Mario Jácome, quien trabaja con la Fundación, pide que las instituciones le brinden al líder mejores herramientas para su locomoción en estas zonas, porque “las agresiones le impiden desarrollar todo lo proyectado, y se pierde el fortalecimiento que le ha venido imprimiendo a esta población”.

Guillermo tiene un chaleco, un celular y un botón de pánico –que aún no sabe para qué sirve– que le dio la Unidad Nacional de Protección, y desde diciembre le dieron un escolta, pero sin vehículo y sin transporte. “¿Te imaginas, yo subiendo a la serranía del Perijá con un escolta (...) o caminando por la ciudad, y el escolta atrás, ¡eso es ridículo!”, dice entre risas, y afirma que él ha criticado las medidas policivas y considera que son más efectivas las medidas colectivas de protección, pero lamenta que “no haya voluntad del Gobierno” y cita como ejemplo que hace tres años vienen solicitando la instalación de la mesa de garantías en el Cesar, pero eso “no ha sido posible”.

“Nos hemos dado cuenta de que debemos tejer redes; hacer grupos de solidaridad nos ha servido como mecanismo de autoprotección. Cuando uno se entera de una agresión en cualquier parte del país a un compañero, nos pronunciamos de inmediato para proteger al compañero; nuestra consigna es: ‘Si tocan a uno, tocan a todos’, y esto nos ha funcionado hasta el momento”, asegura el líder, a quien por momentos parecería que se le forma un nudo en la garganta que no lo deja hablar.

Aunque los más de 20 años de amenazas le transformaron la vida y lo han vuelto desconfiado, el líder Guillermo Pérez dice que continúa en el Cesar por el amor de su hija –su recuerdo lo hizo regresar al país, por encima del riesgo que corría– y porque sueña con un mundo que se preocupa por la defensa de los recursos naturales y más justo y con oportunidades para miles de campesinos que han sufrido el despojo, el desplazamiento y la estigmatización.

los hostigamientos no pararon ahí. Empezaron a llegarle por medio de correos electrónicos

Sin pistas de las amenazas

Desde el 2014, Guillermo Pérez viene denunciando ante las fiscalías 7 y 16 de Valledupar las amenazas que ha recibido, sin que hasta ahora haya resultados en las investigaciones. De hecho, este campesino recuerda que en el 2016, durante una reunión con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la entonces directora seccional de la Fiscalía argumentó que “el delito de amenaza es muy difícil de investigar porque la víctima no aporta pistas ni dice quién la está amenazando”, asegura Pérez.

Su caso también lo ha llevado a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Ministerio del Interior .

No obstante las alertas, van tres defensores asesinados

En el 2016, la Defensoría del Pueblo monitoreó 12 casos de amenazas contra defensores de los derechos humanos en el departamento del Cesar. Un año después, el infortunio cobró la muerte de tres líderes. El primer caso ocurrió en el municipio de El Paso, zona minera, donde el 7 de enero desconocidos mataron a Aldemar Parra García, presidente de la Asociación Apícola del Cesar (Asograce); luego se registró el asesinato de la wiwa defensora de los derechos de la mujer de su etnia, Yoryanis Isabel Bernal Varela, de 43 años, al sur de Valledupar, y el 4 de febrero, en la vereda Entre Ríos, corregimiento de Caracolicito, jurisdicción de El Copey, acribillaron al presidente de la junta de acción comunal, Edilberto Cantillo Mesa, de 55 años.

Aunque se desconocen los móviles que rodearon las muertes de estos defensores, algunas versiones destacan que fueron a raíz de las represalias a que estaban expuestos por el liderazgo que ejercían en esta sección del país.

No obstante el despliegue de algunas acciones realizadas por las autoridades, no se han logrado frenar los hostigamientos, y la situación para este colectivo sigue siendo vulnerable y no parece mejorar.

“La Defensoría del Pueblo emitió tres advertencias y alertas tempranas sobre los riesgos que se han configurado alrededor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Una la hicimos en el 2016 a nivel del Cesar; otra, en marzo del 2017 a nivel nacional, y hace poco realizamos una tercera, también a nivel nacional, pero incorporando al Cesar. Siempre hemos realizado llamados a la Fiscalía, son ellos quienes deben avanzar en las investigaciones, pero hasta ahora no hay nada concreto”, anotó un funcionario de la Defensoría del Pueblo.

Ludys Ovalle Jácome
Especial para EL TIEMPO

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