Gobernador del Tolima no aceptó cargos de la Fiscalía

Gobernador del Tolima no aceptó cargos de la Fiscalía

El exmandatario del departamento, Fernando Osorio Cuenca, también hace parte del proceso.

Óscar Barreto

Óscar Barreto, gobernador del Tolima.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

02 de marzo 2017 , 05:35 p.m.

La Fiscalía Primera Penal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia encontró que tanto el ex gobernador del Tolima, Fernando Osorio Cuenca, como el actual, Óscar Barreto Quiroga, son responsables de varios delitos por la celebración de un convenio de carácter educativo.

En audiencia de imputación de cargos, que se realiza desde la mañana de este jueves en el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía Delegada le solicitó al magistrado del caso la imposición de medida de aseguramiento para Osorio y Barreto que asisten a la diligencia con sus apoderados.

Óscar Barreto, quien gobernó en el periodo 2008-2011 y actualmente desempeña el cargo tras ganar la reelección, fue acusado de los presuntos delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado agravado estimado en 1.700 millones de pesos.

Al exgobernador Osorio, quien gobernó el departamento a nombre del Partido Liberal en el periodo 2005-2007 tras ganar una elección atípica, le imputaron los presuntos delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Los dos no aceptaron los cargos endilgados y son procesados por la celebración de un convenio de cooperación suscrito entre la Gobernación del Tolima y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (Secab), que alcanzó un valor superior a los 2.000 millones de pesos con adiciones.

El convenio 336 de mayo de 2007, cuyo objeto era la adquisición de mobiliario escolar, sillas para instituciones escolares e infraestructura tecnológica para la Gobernación y capacitación de docentes, entre otros, fue firmado por el entonces gobernador Fernando Osorio y terminó siendo liquidado en medio de posibles irregularidades, en el 2008, por el entonces mandatario Barreto.

Para la Fiscalía Delegada, el convenio violó principios de selección objetiva, careció de planeación y no tuvo en cuenta requerimientos técnicos para su ejecución.

También habló de saldos sin ejecutar por 54 millones de pesos, recursos que no fueron devueltos a las arcas del departamento. Asimismo, mencionó bienes por valor de 250 millones de pesos que no aparecieron.

En la audiencia fue mencionado el nombre de Alejandro Rozo, ex secretario de Educación, quien firmó el convenio y luego, de manera verbal, solicitó un estudio de conveniencia del proyecto, por lo que se pagó una adición con posibles irregularidades. El Fiscal Delegado tildó a Rozo de “cómplice”.

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