El mapa de la vergüenza
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El mapa de la vergüenza

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Desde la implementación del Acuerdo de Paz, 217 líderes sociales han sido asesinados en el país. 

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En un tramo vehicular de la Y de Astilleros, que comunica al área metropolitana de Cúcuta con la región del Catatumbo, en Norte de Santander, fue hallado el cuerpo sin vida de Álvaro Pérez, hermano del alcalde de San Calixto, Jairo Pérez, y líder campesino de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que se desempeñaba como representante de un comité barrial de esta población.

Pérez es uno de los 217 líderes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos que, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), han sido asesinados en Colombia desde el comienzo de la implementación de los Acuerdos de Paz, es decir, en los últimos 17 meses.

Cauca (42), Nariño (31), Antioquia (31), Valle (14) y Chocó (13) son las zonas del país que más homicidios a líderes han registrado desde diciembre del 2016.

“El incremento en los homicidios obedece a dos conflictos: el territorial y el de los recursos. Este último hace referencia a temas de renta en la minería ilegal y en los cultivos ilícitos” , aseguró Camilo González Posso, director de Indepaz.

Leonardo González, coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz, afirmó que, en muchos territorios, la salida de las Farc influyó en el aumento de las muertes.

“A esos lugares que dejó la exguerrilla han llegado otros actores, como paramilitares y el Eln, a copar territorios, y lo han hecho desde la fuerza”, manifestó.

Meses atrás, el El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó al Consejo de Seguridad del organismo sobre la inseguridad en algunas zonas de Colombia afectadas por el conflicto y dejó en evidencia la preocupación por el incremento en el número de líderes sociales asesinados.

Ante las cifras, a pocos meses de finalizar el 2017, el Gobierno emitió el decreto 2252, en el cual dice que los “primeros respondientes” de líderes y defensores serán las gobernaciones y las alcaldías.

Las administraciones deberán crear mecanismos para “evitar consumación de situaciones de riesgo que afecten” a los líderes y defensores. Además, tendrán que promover el desarme voluntario y el rechazo del uso de armas.

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