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El litigio por las playas más bellas de Cartagena

Dos hombres iletrados se beneficiaron del fallo que ordena devolver 89 hectáreas de tierra en Barú.

JOHN MONTAÑO
Dos afrodescendientes que no saben leer ni escribir, de 72 y 75 años, fueron beneficiados esta semana con una medida cautelar de la Fiscalía General de la Nación que ordenó les sean restituidas 89 hectáreas de tierra de la finca ‘La Puntilla’, ubicada en el corregimiento de Santa Ana, en la turística isla de Barú, frente a Cartagena.
El fallo, que fue emitido el pasado 18 de febrero por la Fiscalía Tercera, delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, ordenó “reestablecer el derecho en forma provisional a favor de los ciudadanos Ricardo Díaz Pérez y Alfonso Pineda Julio y ordena a la Alcaldía de Cartagena dejar sin efecto la resolución N° 0321 del 13 junio del 2007”, con la cual habían sido desalojados los dos hombres y sus familias que habitaban la finca, pero que esta semana recuperaron las tierras.
Según Ricardo Díaz Pérez –principal beneficiado con la medida de la Fiscalía que le otorga la propiedad sobre 55 hectáreas– una hectárea en predios de la finca ‘La Puntilla’ tendría un costo de tres mil millones de pesos.
A Alfonso Pineda Julio, la autoridad le otorga un predio mucho menor en la misma finca.
Pero según el grupo de abogados de Fonade, atrás de Pineda Julio y de su abogado, Álvaro Baena, está el antioqueño Armando Ramírez, quien sería investigado por la Fiscalía y quien estaría atrás de la manipulación de esta familia con el fin de un usufructo propio.
De Díaz Pérez, la entidad asegura que ni siquiera estaba en los predios en la fecha del desalojo, ocurrido en el año 2009.
La puja por el paraíso
La finca ‘La Puntilla’ está ubicada entre el sector conocido como Playa Blanca y la boca de entrada a la ciénaga de Porto Naito.
Son 1.294 metros de playas vírgenes, bañadas por las aguas azul turquesa del Océano Atlántico. Un ‘bocado turístico’ que apetecen empresarios y raízales.
Con la puesta en marcha del Puente de Barú, sobre el canal del Dique, en octubre pasado, la zona cambió.
Antes, para llegar a esta isla se hacía en lancha o, después de 40 minutos por carretera, había que aventurarse sobre el ferry que cruzaba el Canal del Dique.
Hoy, algunos líderes de los corregimientos vecinos de Ararca, y Barú, no ven con buenos ojos el puente pues dicen que trajo inseguridad.
Pero para los jóvenes es la puerta de entrada al turismo en masa. De hecho, la visitada Playa Blanca ha tenido que cerrar la entrada a más turistas en temporada alta por sobrecupo.
En la región también abre puertas el primer aviario nacional, que está atrayendo un tipo de turismo especializado.
Además, en el 2015 se espera la puesta en marcha de Puerto Bahía, un puerto mixto que promete traer desarrollo y trabajo a esta región ardiente.
Papeleo de ‘La Puntilla’
En el fallo, la Fiscalía plantea que según la escritura pública número 2291, el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade) compró 14 hectáreas de la finca, el 13 de mayo de 1980, a Rafael Obregón y otros particulares.
“Fonade ni siquiera compró la tierra, compró fue una cosecha de cocos, pero las administraciones locales enturbiaron el proceso y le otorgaron poder sobre el predio”, relata José Carvalo, apoderado y familiar de Díaz Pérez.
Pero el 5 de septiembre de 2006, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Orlando Otálora, hoy Defensor del Pueblo, había determinado la existencia de una falsa tradición sobre los predios, y ordenaba que debieran permanecer en poder de las comunidades afro de la región, y la investigación debería quedar bajo responsabilidad de la justicia ordinaria.
Sin embargo, el 13 de junio de 2007, el alcalde menor (e.) de la zona norte de Cartagena, Juan Pérez Hernández, con el apoyo del inspector de Policía, restituyó la totalidad de las 89 hectáreas de la finca, confundiendo, según la Fiscalía, un bien de uso público con un bien fiscal.
El predio restituido hoy está en manos de la Sociedad Playa Blanca Barú, un convenio público-privado, del cual hace parte Fonade, el Ministerio de Industria y Comercio y particulares, como el Grupo Corona, con Gabriel Echavarría a la cabeza y el Grupo Santo Domingo, que plantean la ejecución de proyectos turísticos para la zona.
Según el abogado Carvalo, Fonade le entregó en arriendo parte del predio en disputa al Hotel Decameron. “El hotel Decameron está metido en terrenos de ‘La Puntilla’, donde construyeron una cabañas llamadas ‘El club de playa”, dice el abogado Carvalo.
“Los bienes de propiedad de Fonade, ubicados en la isla de Barú, aportados a la sociedad Playa Blanca Barú S.A.S para el desarrollo de un proyecto turístico, tienen su cadena de tradición con estricto ajuste a la legalidad y Fonade era, en el momento de la transferencia, el legítimo propietario del inmuebles, inscrito en pleno dominio en los folios de matrícula inmobiliaria”, le dijo a este diario, Alfredo Rodríguez Montaña, abogado de Fonade.
La Fiscalía cuestiona el accionar del exalcalde menor de Cartagena, Juan Pérez, quien en el año 2007, en una acción de prevaricato emitió la orden desalojo contra ‘La Puntilla’, favoreciendo los intereses de particulares.
El Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, cuestionó la medida emitida por la Fiscalía y aseguró que esta es competencia de un juez de la República. “Hicimos un estudio de títulos hace mucho tiempo y esas tierra pasaron a manos de Fonade luego de la liquidación de la Corporación de turismo”, aseguró Vélez.
JOHN MONTAÑO
Corresponsal de EL TIEMPO
Cartagena.
JOHN MONTAÑO
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