Curador urbano de Cartagena no aceptó delitos por caso Aquarela

Curador urbano de Cartagena no aceptó delitos por caso Aquarela

Algunas torres del proyecto, contemplado como Vivienda de Interés Social, tenían helipuertos.

Las pruebas contra cerebros de ‘Aquarela’

Con la captura del curador urbano, el gerente y el arquitecto, además del fallo del Tribunal de Bolívar, el proyecto tendría las horas contadas.

Foto:

Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

07 de junio 2018 , 08:33 p.m.

Ronald Llamas, cuestionado curador urbano número uno de Cartagena, que otorgó las licencias para la construcción del polémico proyecto urbanístico Aquarela que se levantaba a una cuadra del emblemático castillo de San Felipe, y que tiene en peligro la declaratoria patrimonial de la ciudad ante la Unesco, no aceptó los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por acción que le imputó la Fiscalía.

Tampoco aceptaron los delitos de urbanización ilegal y daño en recursos naturales Claudio Restrepo, arquitecto de las cinco torres para apartamentos, y Lucas Tamayo, gerente general del proyecto.

Los tres hombres habían sido capturados el martes pasado en Cartagena y Medellín, y son procesados como los principales responsables del cuestionado proyecto para Vivienda de Interés Social (VIS) que amenaza la declaratoria patrimonial de Cartagena.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía reveló que muchos de los apartamentos del llamado multifamiliar para vivienda de interés social eran en realidad apartamentos para los gerentes e inversionistas del mismo proyecto e incluso para grupos y firmas empresariales de Medellín.

Además, pese a ser un proyecto incluido en la categoría VIS para estratos 1, 2 y 3, dos de las cinco torres tenían helipuerto, pero la obra nunca fue puesta en conocimiento de la Aeronáutica Civil.

El ente investigador también aseguró que, para validar el proyecto como VIS, algunos planos presentados al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital –que avala el objetivo social del proyecto– y a la misma Curaduría Urbana fueron cambiados.

Durante la audiencia, la Fiscalía también reveló que Aquarela contemplaba dos fases: la primera constaba de cinco torres de vivienda más una torre para parqueaderos, que ya tenían licencias, y una segunda fase con cuatro torres más, que aún no contaban con permisos y se construirían en un lote aledaño, en el mismo barrio Torices, cercano al castillo de San Felipe.

Para el ente, lo más grave en este proceso son las afectaciones a la periferia histórica y patrimonial de la ciudad.

Durante una rueda de prensa llevada a cabo el martes pasado con ocasión de la captura de estas personas, la vicefiscal, María Paula Dueñas, había dicho que “se trató de 940 apartamentos en torres de 30 pisos cada una, donde no se tuvieron en cuenta las afectaciones al patrimonio histórico, cultural y ambiental”.

El llamado de alerta sobre las afectaciones al patrimonio de la ciudad lo hizo la propia Unesco, en diciembre del 2017, a través de una carta enviada al Ministerio de Cultura, y luego de una visita técnica de un experto, donde alerta sobre los riesgos para la declaratoria patrimonial de Cartagena por cuenta del proyecto que se levanta a una cuadra del emblemático castillo de San Felipe de Barajas.

La defensa de los acusados solicitó aplazar la audiencia de medida de aseguramiento para el próximo miércoles.

A su vez, la defensa de Lucas Tamayo pidió permiso para que el procesado viajara a Medellín y pudiera acompañar a su esposa, que se encuentra en delicado estado de salud, pero la solicitud le fue negada.

JOHN MONTAÑO
Corresponsal de EL TIEMPO
Cartagena

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