Crean 'bloque de búsqueda' contra constructores piratas en Cartagena

Crean 'bloque de búsqueda' contra constructores piratas en Cartagena

En una acción popular, la Procuraduría exigió creación de un grupo especial para vigilar obras.

Reunión del Procurador con las víctimas

A comienzos del mes de mayo el Procurador se reunió con las víctimas y prometió respaldo.

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Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

06 de junio 2017 , 11:36 p.m.

La Procuraduría General de la Nación presentó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar una acción popular exigiendo que la alcaldía de Cartagena cree un grupo especial para la normalización, vigilancia y control de la actividad urbanística, en el que participen la Policía Metropolitana, el ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.

La acción popular ordena que se adopte un Plan de Normalización de la Actividad Urbanística, que incluya un sistema de información oficial, técnico y actualizado sobre el estado de las construcciones, seguimiento y visitas a las obras y alertas tempranas que permitan conjurar de forma oportuna los riesgos derivados de la actividad de las construcciones.

La medida es una de las respuestas del Ministerio Público a la tragedia que dejó el desplome del edificio Portal de Blas de Lezo II, que cobró la vida a 21 personas y dejó heridas a 23 más, y por la cual aún no hay responsables tras las rejas.

“Se solicita que este plan esté acompañado de acciones policivas para la suspensión de obras sin licencia urbanística, y particularmente para aquellas que tengan participación María Quiroz Ruíz y/o Wilfran Quiroz y/o por la empresa Constructora & Quiroz: Proyectos, Construcciones y Desarrollo S.A.S, responsable de las obras en el edificio Portales de Blas de Lezo II, o sociedades en que hagan parte”, señala la Procuraduría.

Señalado por tragedia en Cartagena se presentó ante fiscalía

El desplome del edificio Blas de Lezo dejó 21 muertos y 23 heridos.

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Yomaira Grandett / El Tiempo

Según el Ministerio Público, en Cartagena se presenta un desconocimiento sistemático y generalizado de las normas urbanísticas y solicitó la adopción de medidas cautelares que garanticen la protección inmediata de los ciudadanos.

A su vez pide al Tribunal, en la acción popular, que ordene la realización de estudios técnicos sobre obras sin licencia urbanística para identificar deficiencias estructurales que puedan constituir riesgo para la comunidad, así como la realización inmediata de trabajos de estabilización, reforzamiento, adecuación que se requieran para mitigar la amenaza o que se ordene la demolición.

La Procuraduría plantea la creación de un punto unificado de atención a la ciudadanía que oriente, asesore e informe sobre los trámites para el otorgamiento de licencias, reconocimiento de obras y recepción de quejas, así como la necesidad de crear mecanismo de verificación y control a las funciones que en materia urbanística competen a la Alcaldía de Cartagena y a las Curadurías 1 y 2, para garantizar que se cumplan bajo los criterios de oportunidad y eficiencia.

De inmediato, en horas de la tarde de este martes, la Alcaldía respondió y puso en marcha un operativo para sellar cuatro obras ilegales en diferentes puntos de la ciudad.

Se solicita que este plan esté acompañado de acciones policivas para la suspensión de obras sin licencia urbanística

La Procuraduría propone la organización de mesas de trabajo técnicas sobre desarrollo urbanístico sostenible y seguridad jurídica, junto con la Alcaldía de Cartagena, el apoyo de la Cámara de Comercio de Cartagena y la invitación a la red de constructores y compradores de vivienda y a las agremiaciones vinculadas con el sector, para contribuir al plan de normalización y hacer un seguimiento a las medidas ordenadas judicialmente.

"Esta acción popular está dirigida contra la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias y su Secretaría de Planeación, la Oficina de Control Urbano, las alcaldías locales y las inspecciones de policía, las Curadurías Urbanas 1 y 2 y en subsidiariedad contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio", concluye el Ministerio Público. 

CARTAGENA

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