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Maratón para asegurar votación transparente en 592 municipios

El Consejo Electoral ha anulado 175.000 registros de cédulas en 134 poblaciones.

EL TIEMPO
Una maratónica labor cumple por estos días el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual tiene una semana para resolver irregularidades en las inscripciones de cédulas de 592 municipios, y pendientes 932 peticiones para revocar candidatos a las elecciones regionales de octubre. (Vea la infografía de las cédulas anuladas y candidatos revocados)
El afán corre por cuenta de que el próximo 25 de septiembre, es decir, dentro de una semana, se debe cerrar el censo electoral y ese mismo día vence el plazo para que los partidos políticos puedan reemplazar a los aspirantes a quienes se les anule su candidatura.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha advertido que habría cerca de 800.000 denuncias por trashumancia o trasteo de votantes, las cuales, según las autoridades electorales, cobijarían a 726 municipios.
Todo esto, previo a la jornada electoral que se vivirá este 25 de octubre, en la que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles de las juntas administradoras locales. Estos últimos, solamente en algunas partes de Colombia.
Como ocurre en todas las elecciones, esta vez las denuncias por posibles irregularidades en los comicios no se hicieron esperar.
A entidades como el Ministerio del Interior, la Procuraduría y el mismo Consejo Electoral, entre otras, han llegado las quejas por la inscripción de ciudadanos en lugares en los que no residen (trashumancia) y por supuestas faltas de candidatos que los inhabilitarían para competir por el poder local.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Emiliano Rivera, se ha comprometido a que antes del 25 de septiembre el tribunal tendrá resuelta la totalidad de estos recursos.
De hecho, este jueves la sala plena del CNE estuvo reunida durante todo el día aprobando más resoluciones en las que se anularon más cédulas. Aunque el objetivo del CNE es abarcar los 726 municipios en los que se han denunciado irregularidades, se han priorizado 376 en los que habría más riesgos electorales.
Cédulas
El trasteo de votantes ha sido una de las prácticas más difíciles de combatir en Colombia. La dificultad radica, especialmente, en la escasez de pruebas para comprobar este ilícito, el cual en algunas ocasiones es promovido por estructuras de un candidato en particular.
En este sentido, la Fiscalía General de la Nación anunció hace algunas semanas que citó a interrogatorio a 618 ciudadanos que se habrían inscrito irregularmente.
Esto, según el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, con el fin de determinar qué “estructuras políticas delincuenciales” estarían detrás de la trashumancia.
Como parte del combate contra este delito, la Organización Electoral también tomó medidas. La principal de ellas fue un cruce de datos que hizo la Registraduría Nacional para determinar qué ciudadanos registrados para sufragar en un municipio, efectivamente, viven en él.
Para esto, la entidad electoral hizo un comparativo de los inscritos con bases de datos del Sisbén, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) y el Fosyga.
Los electores que aparecieron registrados en un municipio y que, según este cruce, no vivían en él fueron reportados al Consejo Electoral, que procede a anular la inscripción.
De acuerdo con fuentes del CNE, en las últimas semanas se han dejado sin efecto inscripciones de cédulas en 134 municipios del país, entre los cuales se destaca el caso de Soledad (Atlántico), uno de los lugares en los que más denuncias de faltas contra el voto ha habido históricamente (ver nota a anexa).
En estos 134 municipios se anularon más de 175.000 registros fraudulentos de cédulas.
Los ciudadanos a quienes se les anuló la inscripción deberán sufragar en el lugar en el que lo hicieron en las pasadas elecciones.
En los despachos de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral están listos los proyectos de resoluciones en los que se anulan las inscripciones de más cédulas, varios de los cuales eran estudiados este jueves por la sala plena de ese tribunal para ser aprobados y quedar en firme.
Estas anulaciones deben surtirse antes del próximo 25 de septiembre, cuando la Registraduría cerrará el censo electoral e informará cuántos ciudadanos están habilitados para sufragar en los comicios.
Candidatos
En cuanto a las revocatorias de candidaturas, el CNE también avanza a todo vapor. Esa entidad electoral ha recibido cerca de 1.530 peticiones para anular aspiraciones, de las cuales ya se han resuelto 599.
Estas peticiones han llegado por diferentes vías, especialmente, por la Procuraduría, la cual ha informado al Consejo Nacional Electoral de 706 candidatos que tendrían inhabilidades penales o disciplinarias.
La Registraduría ha reportado a 167 aspirantes más, los cuales están en listas que no cumplen con la cuota de género, y los 658 restantes han sido denunciados ante el propio CNE.
Según la Ley 1475 del 2011, que reglamentó la reforma política, los partidos políticos tienen plazo hasta el 25 de este mes para reemplazar a estos aspirantes.
Así las cosas, los próximos días serán muy intensos para los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, los cuales trabajan para unas elecciones en las que participarán más de 113.000 candidatos que aspiran a ocupar cerca de 18.000 cargos.
Un caso con el 88 % invalidado
Dentro de los 134 municipios en los que se han anulado inscripciones de cédulas hasta el momento se destaca el caso de La Jagua del Pilar, en La Guajira.
De acuerdo con registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), allí se inscribieron 507 ciudadanos para votar en las elecciones regionales de octubre y se dejó sin efecto el registro de 449, es decir, el 88,56 por ciento.
En Guavatá (Santander) se anuló el 87,01 por ciento de las inscripciones y en La Victoria (Boyacá), el 86,18 por ciento.
438 poblaciones están en riesgo de violencia electoral
En Buriticá, municipio de Antioquia que hace cinco años vive la fiebre del oro, hay alerta porque la elección del próximo alcalde está a punto de quedar en manos de quienes realmente no viven allí.
En ese pueblo enclavado en un filo de la cordillera Occidental se inscribieron para estas elecciones 1.288 cédulas, de un total de población de 6.601 personas. La tasa de inscripción es de 195 por cada mil habitantes, lo que duplica el promedio nacional. Los que conocen la región dicen que mineros venidos del noroccidente del departamento, muchos de ellos coartados por los grupos ilegales de la zona, van a elegir por encima de la voluntad de los buritiqueños.
El pueblo es uno de los 438 municipios con riesgo de violencia durante las elecciones detectados por la Misión de Observación Electoral (MOE).
El municipio minero de Buriticá (Antioquia) está en riesgo.
Esta organización asegura que los municipios con riesgo alto pasaron de 71 en el 2011 a 129 en estos comicios.
De los 32 departamentos hay cinco que tienen las máximas alertas: Arauca, Caquetá, Guaviare, Cauca y Chocó. De otro lado, Antioquia es el departamento que tiene más municipios (50) en riesgo de violencia electoral.
La MOE asegura que a pesar de que se han reducido los niveles de conflicto por las “fuertes operaciones militares y policiales contra las grandes bandas de crimen organizado, así como los mencionados ceses del fuego de las Farc”, lo cierto es que el desescalamiento del conflicto no se refleja en una clara disminución de la violencia electoral. Este año se detectaron 565 municipios en donde se han generado desplazamientos, 24 con riesgo por amenazas a la libertad de prensa y 52 con hechos de violencia política (amenazas, secuestros o atentados contra candidatos).
Los municipios que se mantienen con las alertas por violencia son Medellín (Antioquia), relacionada con la presencia de bandas de microtráfico; y Arauquita y Tame (Arauca), en donde se ha mantenido la influencia del Eln. La MOE recordó que el año pasado, en Chocó, esta guerrilla intentó sabotear las elecciones presidenciales con un paro armado.
También figuran San Vicente del Caguán (Caquetá) y San José del Guaviare (Guaviare), con presencia de las Farc, además de El Doncello (Caquetá) y Yopal (Casanare), en donde ciudadanos han denunciado que actores armados han limitado la movilidad de los candidatos.
La MOE identificó 7 zonas en las que la presencia de bandas y cultivos ilícitos pone en riesgo las votaciones entre las que están la Sierra Nevada de Santa Marta y el Catatumbo.
Revuelo en Soledad por anulación de cédulas
Barranquilla. Un impacto grande entre la gente ha ocasionado la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de anular la inscripción de 13.945 cédulas en Soledad (Atlántico), por el posible delito de trasteo de votos. En las calles dicen que los perdedores son los políticos que habían dado plata a algunas personas para que fueran de Barranquilla y municipios vecinos a inscribir su cédula a Soledad. “Se jodieron los ‘mochileros’ a los que se les cayó el negocio y los politiqueros que ya estaban soltando billete para amarrar los votos”, dijo un analista político soledeño que pidió reserva de su nombre.
El alcalde local, Franco Castellanos, aseguró que vigilará la depuración del censo electoral ya que “es un claro intento de desvirtuar la voluntad del electorado local, que es el único que tiene derecho a elegir a quienes deben gobernar en la municipalidad”. Según la Registraduría, la inscripción de cédulas en esta población se incrementó en 173 por ciento para las elecciones de octubre próximo. Mientras en el 2011 se registraron para votar en ese municipio 36.041 personas, este año esa cifra se incrementó a 62.438. De estas se revisaron las primeras 36.000 cédulas.
“Fue bueno lo que sucedió en Soledad, pero esta decisión también se debe tomar en otros municipios del Atlántico”, dijo a su turno el director de la Misión de Observación Electoral en el Atlántico, Diógenes Rosero.
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