Comunidades, en vilo por ley que reglamenta páramos en Colombia

Comunidades, en vilo por ley que reglamenta páramos en Colombia

La aprobó el Congreso. Municipios de la zona de Santurbán dicen que no hay claridad sobre alcances.

Zonas naturales que han estado amenazadas en Colombia

Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo, distribuidos en cerca de 3 millones de hectáreas.

Foto:

Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

28 de junio 2018 , 07:41 p.m.

A la medianoche del miércoles, horas después de que se le diera luz verde al proyecto de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, durante la sesión extraordinaria el Senado de la República también aprobó el proyecto de ley 233, que contempla disposiciones para la gestión integral de 36 páramos de Colombia.

La iniciativa legislativa, compuesta por 33 artículos, es un mecanismo para blindar que grandes proyectos de desarrollo como ganadería, agricultura y minería a gran escala afecten estos ecosistemas estratégicos. Para ello se contemplan proyectos de reconversión económica, con procesos de transición adecuados y regulación de actividades de bajo impacto, de la mano de las comunidades.

Ambientalistas instaron para que el Senado de la República, en medio de la apretada agenda, discutiera en último debate la ley 233, que se venía trabajando desde el 2016.

“El tema de páramos es un avance importante porque ha llegado la sociedad colombiana a un alto grado de sensibilidad, faltaba que el Estado colombiano y el Congreso de la República decretara que los páramos en Colombia son complejos ambientales estratégicos y que por lo tanto merecen política pública de protección, de cuidado, de delimitación y por supuesto de inversión para su recuperación”, sostuvo el senador nariñense, Guillermo García Realpe, quien fue ponente de la iniciativa.

Sin embargo, la Asociación de Municipios del páramo de Santurbán (Asomusanturban), que reúne a los alcaldes de la Provincia de Soto Norte (Charta, Tona, Suratá, Vetas, California y Matanza) a través de su vocera, Ivonne González, manifestó su inconformidad con la aprobación de la ley al considerar que pone en vilo la economía y el desarrollo de esas poblaciones.

Según González, no hay claridad frente a los alcances que tiene, especialmente “en si se pueden o no hacer actividades ancestrales y tradicionales de bajo impacto como la pequeña minería, que ha sido nuestra vocación económica”.

Dos de los seis municipios de la provincia de Soto Norte se dedican a la minería tradicional (Vetas y California) desde hace más de 400 años y están ubicados en lo que actualmente es el páramo de Santurbán. Pobladores de estos dos municipios han vivido de la minería de oro por generaciones.

“Seguiremos en nuestro pie de lucha hasta que nos reconozcan nuestros derechos ancestrales”, señaló la vocera de Asomusanturban.

El senador Jorge Enrique Robledo, si bien votó positivamente el proyecto legislativo, señaló en la plenaria que este no resuelve el problema que existe frente a la realidad social compleja que se vive en los páramos del país, donde hay unas comunidades asentadas históricamente en esos territorios cuyas actividades económicas hoy están condicionadas por las normas que han sido aprobadas.

“Los compatriotas en esos sitios están de buena fe, llegaron en días en que nadie hablaba de los páramos, hay inversiones importantes, familias, tradiciones. Hay unas comunidades que están allí y hoy están sujetas es a que tienen que irse de ahí y perder todo lo que tienen, o quedarse y morirse de hambre porque no pueden hacer ni actividades agropecuarias ni mineras”, señaló el Congresista.

Robledo hizo un llamado al indicar que “no basta que se aprueben leyes en el Congreso olímpicamente, sino qué es lo que se va a hacer con la gente que está en esas zonas (…) este proyecto lo debemos aprobar, pero probablemente no nos resuelva el problema y quede pendiente una situación que el país debe atender”.

En los páramos se estima que habitan de forma directa 160.000 colombianos en 32 centros poblados. La iniciativa pasará ahora a sanción presidencial antes de ser Ley de la República.

El Gobierno Nacional deberá darle reglamentación a la Ley en un plazo máximo de 12 meses.

En la actualidad, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional, el Ministerio de Ambiente adelanta un proceso para fijar una nueva delimitación del páramo de Santurbán.

El órgano tumbó en noviembre del 2017 la línea que se había trazado en 2014 y dispuso que esta solo tendría vigencia por 12 meses. La nueva área debe quedar definida antes del 16 de noviembre de 2018. De no hacerlo, el páramo quedaría desprotegido y en un limbo jurídico.

Mientras se hacen los ajustes, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no puede otorgar licencias para la explotación minera en Santurbán como la que busca la minera árabe Minesa, empresa que retiró, por ahora, solicitud de licencia ambiental.

BUCARAMANGA

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