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El manifiesto del pueblo que quiere volver a ser nómada

Viernes 24 de febrero de 2017
Otras ciudades

El manifiesto del pueblo que quiere volver a ser nómada

Los jiw, comunidad en riesgo de desaparecer, pide la reparación y el respeto a sus territorios.

Por:  FABIÁN QUECANO Y CAROLINA BOHÓRQUEZ | 

Los jiw, en uno de los festivales del Yurupary de Oro. La comunidad indígena aún busca preservar sus costumbres y su cosmovisión.

Foto: Archivo / EL TIEMPO

Los jiw, en uno de los festivales del Yurupary de Oro. La comunidad indígena aún busca preservar sus costumbres y su cosmovisión.

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Son los capitanes de los jiw quienes toman la palabra. No lo hacen ni los cantores –figuras insignes de sus rituales– o los payeses.

Estos últimos son los médicos tradicionales con el don de cruzar los diversos mundos de su cosmovisión, bajo designios de dioses como el que formó los peces de las cenizas de una gaviota muerta: el Cherwereren.

Esta es una deidad con poder en la Tierra que estos indígenas conocen como La Macarena y Mapiripán. Así se refieren en un español aprendido por la fuerza al municipio Mapiripán, ese que hace 18 años fue escenario de una de las más cruentas masacres en Colombia, cometida por unos 200 paramilitares. Como otros hechos violentos de actores como la guerrilla –entre los de los últimos años y los de hace medio siglo– los han ido arrinconando.

Esta comunidad es una de las 35 en el país en riesgo de desaparecer, que recientemente hizo una declaratoria ante el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional para que se protejan sus prácticas ancestrales, como la caza y la pesca en el río Guaviare.

En boca de algunos capitanes de siete resguardos con 2.261 nativos en el país, los jiw señalan que hoy más que nunca tienen esperanzas en que se finalice el conflicto con las Farc, tras la firma del acuerdo sobre justicia transicional.

Quieren volver a ser los nómadas entre el Meta y la selva del Guaviare, sin el miedo a que los desaparezcan, a morir por pisar una mina antipersona o a que los maten en un fuego cruzado o por mano de grupos ilegales, como bandas criminales, algunas herederas del poder del extinto Pedro Oliveiro Guerrero o ‘Cuchillo’, en una disputa a muerte por rutas del narcotráfico, y por las que la Policía y autoridades anunciaron este año fortalecer el pie de fuerza y ofrecer recompensas por cada uno de estos delincuentes de 10 millones de pesos.

Esas disputas, de acuerdo con la comunidad, se registran en Mapiripán, Puerto Concordia y en San José del Guaviare.
Desde esta región, Manuel, nombre que adoptó un capitán jiw para no ser identificado por su seguridad, insiste en el deseo de su etnia de que quede consignada la voz de este pueblo de rechazar su éxodo y que los obliga a ser sedentarios, fenómeno que no pidieron. Hoy se desplazan entre miseria y pobreza, con niños y adultos aquejados por enfermedades respiratorias y otras diarréicas, mientras el Gobierno les busca predios como un refugio seguro, luego de salir huyendo de sus tierras.

La fundación Arca de Amor realizó una jornada el 28 de julio, con el apoyo del Batallón Fluvial de Infantería de Marina n.° 32. Archivo particular

Pero el indígena dice que quieren ser realmente escuchados y no únicamente por las instituciones estatales con cuyos delegados han venido tratando en estas décadas para una reparación colectiva. Lo hacen por el conflicto y por el que estamentos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) les han hecho seguimiento y al cumplimiento de sentencias como la del 15 de septiembre de hace 10 años por la masacre de Mapiripán para lograr ese resarcimiento al ser afectados por el desplazamiento.

Aunque Manuel recalca que los ‘paras’ se ensañaron con campesinos y mestizos entre el 15 y el 20 de julio de 1997, sus comunidades quedaron acorraladas porque no podían acercarse al río Guaviare. Las aguas, fuente de vida, pasaron a ser en esos años de horror depósito de cadáveres.

Eso cuenta Manuel repitiendo que en la actualidad todavía están pagando por esos hechos y coincidiendo con sus líderes en el documento ‘Territorio ancestral, comunidad del pueblo jiw Meta Guaviare (Matxoela jiw piejax sat)’.

Pero más que cumplir la orden de la Corte Interamericana, el capitán jiw reitera que la misiva contiene palabras dirigidas al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a entidades gubernamentales para que se acate el auto 173 que promulgó la Corte en el 2012 por el riesgo de extinción de 35 pueblos aborígenes.
Claro está que la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) habla de 65 comunidades – de las 102 existentes– amenazadas con desaparecer.

“…como pueblo somos los habitantes nativos y propietarios de todas las tierras ubicadas entre los interfluvios de los ríos Guayabero /Nawel koelo/, Ariari /Jaer lajt/ y Guaviare /Nawel lajt/, entre el sur del departamento del Meta y el norte del departamento del Guaviare”, dice el manifiesto de los jiw, que conoce la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Este ente trabaja con ellos en procesos de reparación para devolverles su dignidad y en busca de que recuperen su identidad con garantías de que estos hechos violentos no se vuelvan a repetir. Lo hacen mediante consultas previas y de manera voluntaria.

Es así, de acuerdo con Julia Madariaga, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que el conflicto ha venido reduciendo el territorio de los jiw y afirma, como lo hace Manuel, que la reparación se relaciona con ese desplazamiento por el que sus resguardos son expulsores y aún los ponen en riesgo. Uno de ellos es Barrancón, a seis kilómetros de San José del Guaviare, y La Sal, en Meta.

La funcionaria anota que dentro de este proceso de reparación colectiva, 23 familias jiw (más de 130 personas) cumplirán a finales del 2015, un año de haber sido reubicadas en la finca Luna Roja, comprada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en Puerto Concordia, en la vía hacia Mapiripán, tras acuerdos en el Comité de Justicia Transicional Municipal.

Graciela Albañil (izquierda), con voluntarios del Arca de Amor, entregó alimentos a los jiw de Guaviare. Cortesía Arca de Amor

“Todo lo que era Puerto Rico, Granada, Mielón, eran asentamientos de indígenas jiw; en Charras, Pororio, Mapiripán anteriormente existían solamente indígenas. Todo tiene su propio nombre, nombre de los indígenas, anteriormente no había otros indígenas. Los indígenas vivíamos en un lugar dos o tres años y cuando se acababan los animales volvíamos a otro lugar…”, continúa la declaratoria jiw.

“Queremos que haya un proceso de paz con las Farc porque siguen los desplazamientos”, dice Manuel al sostener que no han terminado acciones irregulares de la guerrilla que temen denunciar, así como de paramilitares y de las ‘bacrim’.

Codhes indica que en 14 años hubo 17 desplazamientos forzados que afectaron a unos mil indígenas jiw.
Mientras tanto, otro grupo de familias sigue en el asentamiento Zaragoza, otra finca alquilada por el Estado en Mapiripán. Según Madariaga, ellos están a la espera de que el Incoder tramite la titulación de un nuevo predio para su traslado.

“Todas estas sabanas son muy importantes para nosotros, son parte de nuestra vida, de nuestra historia. Ahí encontramos abundancia de frutas como moriche y también una buena oferta de caza y pesca; conseguimos plantas medicinales y materiales para la construcción de nuestras viviendas; pero lo más importante es que este territorio es tradicionalmente de nosotros y por eso lo reclamamos”, recalca el manifiesto.

Pelotón de altruistas

Al tiempo que el Estado propicia estos procesos de reparación, más de una veintena de voluntarios, la mayoría de Cundinamarca, decidió volcar sus esfuerzos en ayudar a los jiw. Fue así que Graciela Albañil, emprendedora con sus hijos Javier y Elizabeth Cárdenas; Alejandro Ortiz, Andrea Silva, Pedro Rivera, Pedro Nel Taborda, Juan Acosta, Jazmín Gómez, entre otros, conformaron desde hace un año la fundación Arca de Amor para brindarles una mano amiga a comunidades vulnerables, empezando por estos indígenas.

En esa labor altruista se sumaron Guillermo Pérez, Nubia Rodríguez, Marta Vargas, Yuribel Pérez, Angélica Timoté, Lucía Rodríguez, Aldemar Pérez y Fabio Machado. Además de María Norella Quintero, Rodrigo Saldaña, Luis Granados, Vivian Mosquera, Jennifer Rodríguez y Adriana Ángel.

La señora Albañil, fundadora de esta organización, fue la que motivó una cruzada para que más buenos samaritanos de Bogotá y de ciudades vecinas fueran por sus propios medios a San José del Guaviare a comienzos de octubre. Allí inauguraron una sede cerca de la Fuerza Pública.

No solo llevaron alimentos, también les enseñaron a trabajar, haciendo sandalias que doña Graciela aprendió, para el sostenimiento de su familia, luego de que su esposo falleció hace siete años por quebrantos de salud.

“Los jiw aprenden muy rápido, pero es una comunidad muy necesitada”, dice la líder, que viajó con una comitiva a los resguardos, el pasado 28 de julio. Allí tuvieron el apoyo del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Número 32 para realizar la jornada de ayuda en un centro comunal.

Ahora, los jiw esperan el regreso de estos voluntarios, y mientras tanto se aferran a sus dioses y mundos para resistir acciones que los desplazan no como los nómadas que eran, sino como colombianos que luchan por sus vidas, exigiendo respeto a los violentos.

El Día del Niño y la Niña Jiw

Los niños son los más afectados en esta comunidad de aborígenes, especialmente, en cuanto a atención médica y educación. Archivo particular

El pasado sábado de 3 octubre, la fundación Arca de Amor festejó por primera vez el Día del Niño y la Niña Jiw, en el barrio La Paz, de San José del Guaviare, cerca del resguardo Barrancón. Según Javier Cárdenas, de la fundación, la idea era atender a unos 250 pequeños, con edades entre 0 y 8 años. En la jornada se entregaron ayudas y se inauguró la sede Comunidad jiw sin hambre. La fundación funcionará como centro de acopio de alimentos no perecederos, contenedores, ropa, entre otros. Se espera más apoyo para tener nevera, congelador, cocina, horno industrial, vitrinas, mesas y sillas plásticas. También se organizará una brigada médica. La Fundación Colombia Ganadera (Fundagán) donará 160 kilos de leche en polvo.

FABIÁN QUECANO Y CAROLINA BOHÓRQUEZ
Redacción EL TIEMPO

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