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Colombia y Venezuela, una crisis que no acaba

Cierre de varias zonas fronterizas y enfrentamiento entre ambas naciones son las noticia del año.

De la noche a la mañana, el 22 de agosto pasado, los colombianos que habitaban una invasión en Venezuela, a 500 metros del límite con Colombia, fueron expulsados de sus ranchos y de ese país por las autoridades, que los acusaron de criminales y paramilitares.
Al otro día, entre los municipios de San Antonio y Villa del Rosario (Venezuela y Colombia, respectivamente), se les vio cruzando por el río Táchira, con sus pocos y viejos corotos, y soportando además temperaturas de 35 grados, mientras sus pobres casas eran marcadas y arrasadas por buldóceres de las autoridades venezolanas en una escena que despertó como pocas veces sentimientos de indignación, unidad y solidaridad en Colombia.
Fueron unos 20.000 los colombianos que atravesaron la línea limítrofe, entre expulsados, deportados y quienes decidieron huir por su propia cuenta, obligando al Gobierno Nacional a activar la Declaratoria de Calamidad, la llamada de embajadores de ambos países y el cierre de la frontera, que va a completar ya cuatro meses. Tres noches antes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había ordenado el estado de excepción en la zona y el cierre de la frontera por un mes en algunos municipios del estado Táchira, que más adelante se amplió a otras zonas de los 2.219 kilómetros de la línea que divide los dos países. La excusa del mandatario fue un enfrentamiento de sus fuerzas armadas con paramilitares colombianos, en el cual resultaron heridos tres militares venezolanos. Además de culpar a Colombia por la grave crisis económica e inseguridad que vive su país.
Para Michael Shifter, presidente del Diálogo Inter-Americano con sede en Washington DC, la decisión se debió a cálculos meramente electorales: “Maduro calculó que podría generar algún apoyo interno y distraer la atención de los graves problemas económicos y sociales del país, pero se equivocó, como lo demostraron las elecciones del pasado domingo”.
Ronal Rodríguez, Investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, cree que las diferentes visiones de los gobiernos respecto a la frontera es determinante en los choques. “Venezuela la ve como un problema de seguridad y amenaza contra el chavismo, mientras que Colombia como un ejercicio de desarrollo económico”.
Históricamente, las relaciones bilaterales siempre han sido tirantes –en medio de la hermandad–, especialmente por la tendencia de los gobiernos venezolanos a incentivar el nacionalismo con anticolombianismo cuando se presentan crisis políticas internas, pero debido a las afinidades políticas e ideológicas entre los gobernantes, finalmente las relaciones se enfocaron en lo comercial, siendo Venezuela el principal mercado para Colombia. Ese intercambio continuó con la llegada del izquierdista Hugo Chávez al poder, cuando el comercio entre las dos naciones alcanzó los 7.000 millones de dólares, hasta que las diferencias ideológicas con el presidente Álvaro Uribe Vélez deterioraron las relaciones y la línea limítrofe pasó a ser una cuestión de seguridad para ambos países.
Al posesionarse Juan Manuel Santos, las relaciones con Venezuela se tornaron más conciliadoras y pragmáticas, al punto de ser Hugo Chávez fundamental para que las Farc se sentaran a negociar la paz y ese país actuara como garante del proceso.
Pero el costo para Bogotá ha sido el silencio que ha tenido que guardar ante los constantes ataques verbales desde Caracas. Algo que Shifter describe como “cautela”, mientras que Rodríguez lo califica de “actitud blanda que ha permitido que el vecino país asuma una posición dominante en la relación”.
Sin embargo, después del cierre de la frontera Santos ha endurecido su discurso contra el gobierno de Maduro al señalar que la crisis económica es culpa solo de Venezuela y que la inseguridad es a ambos lados de la línea divisoria. Incluso el jefe de Estado pidió transparencia en las elecciones legislativas y llegó a inmiscuirse en asuntos internos, como pedir la liberación del opositor Leopoldo López, y hasta se dio el lujo de no aceptar una reunión a petición de Maduro para el mes pasado.
Según los analistas, esta actitud del Presidente colombiano tiene varios motivos. Primero, que el proceso de paz con las Farc ya anda por sí solo y la presencia de Venezuela no es vital para la continuidad de este; el intercambio comercial en los primeros nueve meses del año apenas llegó a 954 millones de dólares, y con la frontera cerrada ya poco puede ser peor. Además, tanto Uribe como Santos son totalmente opuestos al modelo económico y político venezolano, por lo que sus relaciones con la revolución bolivariana han sido más de conveniencia que de afinidad política, ideológica e incluso personal.
La abultada victoria de la oposición en las elecciones del 6 de diciembre y la nueva realidad política de Venezuela, en opinión de Shifter, podría llevar a una reapertura de la frontera, pues Maduro sabe que esa política agresiva no le sirvió, “y no me sorprendería si empieza una política de conciliación y que evite más enfrentamientos”.
En cambio, para el investigador del Observatorio de Venezuela, la situación no es tan fácil como parece porque Colombia ha creado desconfianza tanto en el gobierno como en la oposición. “El país ha jugado un papel a favor de la revolución bolivariana ya sea por silencio o por conveniencias políticas, por lo que la oposición podría tener una factura de cobro guardada”, añade Rodríguez. Y es aquí donde urge que Colombia decida qué papel va a jugar en la larga y compleja transición venezolana que se avecina: si va a ser de acercamiento entre las partes, a favor de una de ellas o tomará distancia y dejará que resuelvan sus problemas, lo que se tiene que dar como una “política de Estado, no solo de gobierno”, explica Rodríguez.
Los problemas en la frontera son comunes y profundos. Cúcuta es una ciudad con uno de los desempleos e informalidad más altos del país, igual que la pobreza; un PIB por debajo de la media nacional y con muy poca industrialización. Mientras que las poblaciones de San Antonio y Ureña, del lado venezolano, han visto cómo desde hace 16 años, cuando llegó el chavismo al poder, su industria y comercio han decrecido hasta un 90 por ciento y el desempleo y la informalidad llegan hasta el 70 por ciento.
Se espera que esta crisis en la zona sirva para que, por fin, los gobiernos centrales vean la necesidad de trabajar juntos por medidas integrales para sacarla de la emergencia social, económica y de seguridad en que se encuentra, y que el abandono histórico a que ha sido sometida sea una cosa del pasado.
PEDRO MIGUEL VARGAS NÚÑEZ
Para EL TIEMPO
Cúcuta
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