Cártel de Sinaloa estaría financiando a bandas criminales en Córdoba

Cártel de Sinaloa estaría financiando a bandas criminales en Córdoba 

La denuncia la hizo la Defensoría del Pueblo, por desplazamientos en el sur del departamento. 

desplazamientos en córdoba

En los municipios del sur de Córdoba se están presentando desplazamientos  de campesinos, como consecuencia de la presencia de grupos armados ilegales.

Foto:

Archivo particular

23 de enero 2018 , 10:36 a.m.

Un informe de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo enviado al Ministerio del Interior, advierte sobre una grave denuncia hecha por pobladores del sur de Córdoba sobre la supuesta financiación del Cártel de Sinaloa de México a bandas criminales como el Clan del Golfo y una facción del Eln que se autodenomina Grupo de los JJ.

El informe, que incluso fue puesto de conocimiento a las autoridades como Ejército, Policía y Fiscalía, contiene en detalle los niveles de riesgo que corre la población campesina en municipios como Tierralta, donde se estarían fortaleciendo esos grupos ilegales luego de la desmovilización de la guerrilla de las Farc.

Señala el documento que, “ante la expansión de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, ante la aparente ausencia de oposición de otros actores armados, intentan consolidar el control territorial, de la población y de las economías ilegales que tienen lugar en el área rural del municipio de Tierralta donde actuaban los frentes 5, 18 y 58 de las FARC-EP, presentándose hoy con diferentes denominaciones tales como “Grupo de los JJ” y como miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, haciendo ostentaciones de dinero y manifestando estar financiados supuestamente por el cartel mexicano de Sinaloa”.

Según la Defensoría, la población civil se encuentra expuesta a homicidios selectivos o de configuración múltiple; desplazamientos forzados; confinamientos; restricciones a la libertad de circulación; desapariciones forzadas; violencia sexual (especialmente contra mujeres, niños, niñas y jóvenes); combates con interposición de población civil; reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de vincularse sentimental o sexualmente con miembros del grupo armado ilegal; estigmatización de la población civil y en especial líderes indígenas, comunitarios y los que gestionan procesos de reivindicación de derechos.

En el caso de las directivas de las Juntas de Acción Comunal y líderes indígenas la situación es preocupante debido a que la ubicación geográfica los obliga a tener que interlocutar e interactuar con los actores armados ilegales.

En el área rural del municipio de Tierralta donde actuaban los frentes 5, 18 y 58 de las FARC-EP, presentándose hoy con diferentes denominaciones tales como “Grupo de los JJ” y como miembros del ELN


La expansión territorial que ha alcanzado el grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se viene registrando desde septiembre de 2016 tal como lo reseña el informe de riesgo de inminencia número 37 de la Defensoría del Pueblo fechado en noviembre de ese mismo año.

Y advierte la forma cómo ha ocurrido ese poderío “por las veredas limítrofes con los municipios de Montelíbano (Córdoba), Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá en el departamento de Antioquia y para ello, han movilizado un grupo de hombres procedentes del Urabá antioqueño en dirección al corregimiento de Saiza, atravesando el corredor conformado por las veredas El Llano, La Luna, La Estrella, Mutatá, Buche Gallo y la cabecera corregimental de Saiza; en este centro poblado han hecho presencia armada desde el 7 de septiembre de 2016”.

Y agrega, “Un segundo grupo, ha sido reportado por fuentes comunitarias, partiendo desde la antigua zona de ubicación de las extintas AUC, por un corredor que parte desde los corregimientos Mantagordal y Severinera, atravesando las veredas Cielo Azul, Betania, Los Patos, Quebrada de

Acosta, Corinto, Nuevo Paraíso, Aguaditas, Quebrada de Atencio, San Felipe de Cadillo, Pecho Candé, Cumbia, Pailitas, La Chica, hasta llegar al centro poblado de El Diamante”.

Más desplazamientos

Ayer, también la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento de campesinos de la vereda San Pedrito del municipio de San José de Uré, también en el sur de Córdoba, a raíz del asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal ocurrida el pasado 18 de enero. El censo que tienen las autoridades es de 75 familias conformadas por 375 personas entre adultos y niños que tuvieron que salir de la zona por las amenazas que recibieron de miembros del grupo denominado “Caparrapos” y por los inminentes enfrentamientos entre estos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

De igual manera, desde el resguardo indígena Dochama, colindante con el lugar de los hechos, se advierte sobre la posibilidad del desplazamiento de más personas.

Desconocen financiación

Las autoridades en Córdoba evaluaron ayer lunes, en consejo de seguridad, la presunta financiación del cartel de Sinaloa y los recientes hechos de desplazamiento de campesinos a raíz del asesinato de líderes comunitarios en la zona.

La gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia, dijo al concluir el consejo de seguridad que “no hay evidencias que el cartel de Sinaloa esté financiando grupos armados ilegales en el sur de Córdoba”.

Sin embargo, dijo que la información militar que recibió advierte de una disputa territorial por zonas que fueron abandonadas por frentes de las Farc desmovilizados.

Indicó igualmente que dispuso de un grupo de funcionarios de la Secretaría de Interior en coordinación con las autoridades de Policía y Ejército, para atender a la población que ha abandonado sus parcelas en la zona rural de Tierralta y San José de Uré; al tiempo que solicitó a la fuerza pública mayor presencia en los puntos neurálgicos de orden público del departamento.

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