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Ocupan 157 bienes con fines de extinción de dominio en Ibagué

En abril de este año, las obras del patinódromo solo llegaban al 65 por ciento de ejecución.

En abril de este año, las obras del patinódromo solo llegaban al 65 por ciento de ejecución.

Foto:Juan Carlos Escobar

Los bienes están a nombre de los implicados en el escándalo de los Juegos Nacionales 2015.

Al menos 157 bienes de personas y empresas involucradas en la millonaria defraudación de los Juegos Nacionales de Ibagué 2015 fueron ocupados con fines de extinción de dominio en una operación ejecutada por la Fiscalía General de la Nación con apoyo del Ejército.
Los bienes, avaluados en 8.500 millones de pesos, están registrados a nombre de los implicados en el millonario desfalco o de sus familiares más cercanos.
La diligencia abarcó 12 bienes inmuebles, 20 vehículos, 9 sociedades y 116 cuentas bancarias. En Bogotá e Ibagué las medidas se aplicaron sobre apartamentos y oficinas de la empresa española Typsa y algunas de sus filiales en Colombia, mientras que en Paz de Ariporo y San Luis de Palenque (Casanare), fueron ocupadas tres fincas.
A las autoridades les llamó la atención un exclusivo apartamento ubicado en el sector de El Chicó, en el norte de Bogotá, que habría sido pagado con dineros que la empresa española Typsa recibió por el contrato de estudios y diseños de unos 15 escenarios deportivos.
Según la Fiscalía, la propiedad fue entregada a algunos de los supuestos cómplices de Orlando Arciniegas Lagos, considerado como el principal intermediario para garantizar que la contratación de los Juegos Nacionales fuera entregada a la firma española.
Según las evidencias recopiladas por la Fiscalía, Arciengas Lagos realizó reuniones en ese apartamento para supuestamente pactar asuntos relacionados con la desviación de los dineros públicos y, durante varios meses, fue ocupado por su hija.
Los 157 bienes quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para su administración.
Estas medidas cautelares con fines de extinción de dominio se desarrollan en cumplimiento del plan ‘Bolsillos de Cristal’, dispuesto por la Fiscalía General de la Nación para combatir cualquier expresión de corrupción.
El lío que envuelve a Typsa es por el contrato 237 del 25 de noviembre de 2013, en el que fueron acordados los estudios, diseños, adecuación y remodelación de los escenarios deportivos en Ibagué.
Para esa época, la Alcaldía incorporó mediante prestación de servicios al abogado Orlando Arciniegas Lagos para que se encargara de manejar los procedimientos relacionados con la contratación, “pero el abogado propició un engranaje de corrupción que buscaba favorecer a la empresa española Typsa que finalmente se quedó con el contrato".

Los procesados por este escándalo son:

Orlando Arciniegas Lagos: que tiene condena de primera instancia a 36 años de cárcel.
Wílmer Manchola Cano: servía de puente entre Arciniegas y Typsa, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y se encuentra privado de la libertad en espera de una condena en su contra.
Jorge Orlando Navarrete Laverde: era el jefe de licitaciones de Typsa, recientemente solicitó a la Fiscalía la negociación de un preacuerdo y aceptó su responsabilidad en el escándalo.
Gloria Inés Martínez Acevedo: fue llamada a cargos por lavado de activos, recibió medida de detención domiciliaria y el 5 de agosto de 2016 fue acusada por este delito.
Es sindicada de legalizar las dádivas que entregaba Typsa, que internamente eran respaldadas por la empresa con facturas y cheques de supuestos pagos hechos a sus contratistas.
Carlos Heberto Ángel Torres: exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Ibagué, ha tenido dos condenas, una de 12 años de cárcel por peculado, y otra de cinco años de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Luis Rodrigo Uribe: fue gerente de Typsa en Colombia en el momento de los hechos, colabora con la justicia y narró los escenarios de corrupción que presenció al haber sido eje de todas las movidas ilícitas.
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