Se dispara el secuestro en Norte de Santander

Se dispara el secuestro en Norte de Santander

Se han reportado 23 casos este año. El último secuestrado fue el exalcalde de Toledo. 

Liberación de periodistas holandeses

Imagen de la liberación de los periodistas holandeses Derk Bolt y Eugenio Follender.

Foto:

Cortesía Defensoría del Pueblo

30 de julio 2017 , 12:31 a.m.

Una semana después del secuestro de Carlos Ómar Delgado, exalcalde y actual asesor jurídico del municipio de Toledo, Norte de Santander, por parte de presuntos integrantes del Eln, su hija, María Paula Delgado, aguarda la llamada de los captores, quienes retuvieron a su padre cuando se dirigía en su camioneta Chevrolet blanca a la ciudad de Cúcuta.

Desde el rapto del funcionario, ocurrido el pasado sábado 22 de julio, un ambiente de incertidumbre y desesperación ha reinado en el hogar de esta estudiante de derecho, de 19 años. Ella relata que el dolor de esta ausencia se ha prolongado por la poca información entregada por las autoridades sobre el paradero de su progenitor.

Esta joven nortesantandereana vive hoy un drama similar al de decenas de familias del departamento, quienes han padecido durante este año la pesadilla de tener a un ser querido en cautiverio por orden de un grupo armado ilegal.

Según reportes oficiales de la Gobernación de Norte de Santander, un total de 12 secuestros han sido perpetrados en lo corrido de este año, número que supera en 2 casos a los 10 ocurridos en todo el 2016. No obstante, organizaciones sociales, como la Fundación Progresar, denuncian que en los primeros seis meses del 2017 se han presentado cerca de 23 plagios, casi el doble de la cifra oficial.

El caso de mayor resonancia fue el secuestro de los periodistas holandeses Derk Bolt y Eugenio Follender por parte de guerrilleros del Eln cuando adelantaban un trabajo de reportería en zona rural del municipio de El Tarra.

Cuando el grupo ilegal liberó a los reporteros, explicó, a través de un comunicado, que esta privación de la libertad obedecía a labores de control territorial adelantadas por sus estructuras armadas en zonas donde actualmente extienden sus bastiones subversivos.

Precisamente, en la mayoría de los municipios de la región del Catatumbo, que ha sido un territorio en constante disputa entre el Ejército y organizaciones como el Eln o el reducto guerrillero del Epl –más conocido como ‘los Pelusos’–, es de donde se desprenden, en gran parte, los casos de secuestros registrados en esta región del país.

“En los dos últimos años, la práctica de secuestro sí se ha incrementado. La razón corresponde a que, por un lado, el Epl busca su reconocimiento como organización guerrillera y quiere quitarse de encima el nombre de grupo criminal, lo que ha disparado los secuestros con fines políticos y extorsivos. Por otro lado, el Eln busca una posición de fuerza en los diálogos de paz en Ecuador. Pero estos hechos también evidencian el poder territorial que estos actores ostentan en Norte de Santander”, explicó Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.

Este defensor de derechos humanos añadió que el desmonte del frente 33 de las Farc, que operaba en la región del Catatumbo, no incidió en la reducción de los indicadores de este flagelo, a pesar de que el tránsito de esta guerrilla a la vida civil haya amainado la intensidad del conflicto armado.

Sin embargo, la salida de las Farc de algunos territorios en esa zona fronteriza con Venezuela propició un reordenamiento entre estos actores y estimuló la expansión de sus dominios.

“Por su ‘modus operandi’, estos secuestros también se pueden interpretar como una arma política y de control territorial con la que quieren demostrar su capacidad de coartar la libertad de las comunidades”, destacó Cañizares.

Este delito, del que, según reportes de la Fundación País Libre, han sido víctimas 32.733 personas en Colombia desde 1970, se viene ejecutado en la región sin distingo de clase o posición social: periodistas internacionales, campesinos, avicultores, ganaderos y hasta familiares de alcaldes y exfuncionarios han sido víctimas del mismo.

Ante este panorama, el Ejército Nacional, en sus acciones militares enmarcadas en el Plan Victoria, que busca erradicar el resto de factores de inseguridad en tiempos de posconflicto, ha redoblado su pie de fuerza en esta zona de Norte de Santander, con el arribo de 2.200 uniformados y la consolidación de sus dos batallones, que se encargan de custodiar la infraestructura petrolera y a las comunidades.

“La Fuerza Pública no para con sus golpes contundentes a estos grupos armados, pero el tema de secuestros está ligado a una situación de orden público atípica que presenta nuestro departamento: es la única región donde hay dos guerrillas activas y una fuerte presencia de bandas criminales, lo cual nos hace pensar en la posibilidad de una salida negociada con estos dos actores”, explicó Édgar Pallares, secretario departamental de Gobierno.

Mientras se persiste en la búsqueda de la salida negociada del conflicto con dichos grupos armados, familias como la del exalcalde de Toledo se aferran a sus plegarias para pedir la liberación de su ser querido.

GUSTAVO A. CASTILLO ARENAS
Corresponsal de EL TIEMPO
Cúcuta

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