Los veedores ciudadanos Luz Berry Jiménez y Pablo Borrero presentan su punto de vista sobre financiación de campañas a los cargos de representación popular.
A semejanza de lo que sucede con los jugadores de Poker que se arriesgan a perder o a ganar en el juego de azar, un número cada vez más grande de dirigentes políticos, aspirantes a ocupar un cargo de representación popular, se deciden entrar en el juego electoral, aunque con ello tengan que enajenar su autonomía e independencia política y su dignidad personal.
Este hecho recurrente que hace parte de las costumbres políticas del país tiende a extenderse e incrementarse en la medida en que para obtener una curul se requiere de ingentes sumas de dinero, entre mil quinientos y dos mil millones de pesos para acceder al Congreso de la República, que los candidatos deben conseguir de manos de prestamistas y banqueros prestos a financiar sus aspiraciones políticas en el marco de un régimen cuyas prácticas desembocan en actos de corrupción y clientelismo políticos.
Estas circunstancia conllevan a que buena parte de concejales, diputados y congresistas se alejen de su función esencial de representar y defender los intereses comunes de los ciudadanos señalados en la constitución y la ley, lo cual no impiden que caigan en manos de sus acreedores que terminan imponiéndoles toda clase de obligaciones y compromisos como si se tratara de simples negociantes de sus apetitos e intereses personales.
De toda esta trama no se salva ni siquiera el encumbrado dirigente conservador Hernán Andrade, presidente del Senado, quien recurrió a un préstamo de dudosa procedencia en plena campaña electoral, generando una gran controversia a nivel del congreso y de la opinión pública, que reclaman la renuncia de su cargo, en un escándalo que junto con el de la parapolítica, han hecho que dicha corporación pierda su credibilidad e independencia frente a las demás ramas del poder público.
El hecho real es que bajo las condiciones del régimen político liberal esta situación de dependencia de los denominados "representantes del pueblo" de sus financiadores convierte la actividad política en un juego de azar en donde el candidato que pierde las elecciones cae en desgracia a merced de sus acreedores, en tanto que aquel que obtiene la curul empeña su voluntad y la de sus electores en lo que podría calificarse como un ejercicio político de una democracia de casino.
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