Pidió que una comisión de Fiscalía y Procuraduría acuda al lugar en donde miembros del Ejército dispararon, aparentemente en un retén, a Edwin Legarda, esposo de la consejera Mayor Aída Quilcué.
Legarda fue atacado cuando iba hacia Popayán a recoger a Quilcué, quien había llegado al país después de participar en la reunión de derechos humanos de la ONU en Ginebra
El general Justo Eliseo Peña, comandante de la tercera división del Ejército, aseguró en entrevista con La W Radio, que un grupo de soldados campesinos le disparó al vehículo por error porque no se detuvo en el retén.
El oficial dijo que el carro no se detuvo sino que siguió su marcha hasta Totoró.
Sin embargo, la versión de la comunidad indígena es que el ataque fue un atentado contra Quilcué, porque ese era el vehículo en el que ella solía movilizarse.
Como el vehículo tiene vidrios semipolarizados no había forma de comprobar si ella viajaba allí o no.
Una comisión del Ministerio Público se dirigió en un helicóptero militar a la zona.
Según Ernesto Perafán, abogado del Cric, se trata de una represalia contra la minga indígena, pues este hecho se suma a la decisión de dictar orden de captura contra los cordinadores de la guardia.
Perafán aseguró que si la justicia penal militar no dicta orden de captura contra los soldados involucrados, la guardia indígena los va a capturar porque el hecho se produjo en territorio de la comunidad.
"El se dirigía desde el resguardo de Páez a Popayán a recoger a la consejera. El Ejército le disparó desde varios ángulos. Desde ambos lados tiene impactos el carro. No lo auxiliaron, sino que dejaron unas vainillas y cosas en el piso", manifestó Perafán.
Legarda recibió dos impactos en el pecho y uno en el codo. Alcanzó a ser atendido en el hospital de Totoró, pero falleció antes de llegar a un centro asistencial en Popayán.
Ministerio de Defensa pide investigación
En un comunicado, el Ministerio de Defensa reconoció que miembros del Ejército dispararon contra Legarda, pero afirmó que no hay claridad sobre cómo ocurrieron los hechos.
"Se estableció que tropas del Batallón José Hilario López pertenecientes a la III División del Ejército Nacional dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda, sin que hasta el momento haya suficiente claridad sobre como ocurrieron los hechos", afirma el comunicado.
El Ministerio anunció una investigación interna, en cabeza del Comandante de la III División y del Inspector General de las Fuerzas Militares, y pidió a Fiscalía y Procuraduría enviar una comisión especial a la zona para que adelante las investigaciones necesarias en materia penal y disciplinaria.
Quilcué iba a participar hoy en una reunión de directivos de cabildos indígenas.
En el Senado piden al Gobierno aclarar asesinato de líder indígena
Los senadores Jesús Piñacué, Alexánder López y Gloria Inés Ramírez le pidieron al presidente Uribe definir la responsabilidad del Gobierno en el asesinado del líder indígena Edwin Legarda, esposo de la consejera Mayor Aída Quilcué.
El senador Piñacué ratificó la versión de la comunidad indígena según la cual el fin de este acto era el de matar a Quilcué.
"Responsabilizamos al Gobierno Nacional por cualquier situación de este tipo y pedimos que los militares se abstengan de atacar a las misiones indígenas", pidió Piñacué, quien también denunció que "la vida de Quilcué está en grave peligro. Esta vez no la pudieron matar".
Por su parte López le pidió al presidente del Senado Hernán Andrade nombrar una comisión para hacerle seguimiento al crimen.
"¿Quiero saber si la orden (del Gobierno) es de asesinar y disparar?", dijo López.
Así mismo, el congresista pidió aclarar si el hecho "está relacionado con las órdenes de captura emitidas recientemente contra tres dirigentes del resguardo del departamento de Caldas que participaron en la minga indígena que marchó noviembre".
La senadora del Polo Gloria Inés Ramírez pidió, por su parte, el compromiso del Gobierno para que "este asesinato no quede en la impunidad".
Y agregó -dirigiéndose al ministro del Interior Fabio Valencia Cossio- que además el Gobierno debería acudir a darles garantías de seguridad a los integrantes de la minga indígena.
Y concluyó preguntando "¿si en Colombia existe la pena de muerte a quienes no acaten un retén militar?".
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