A los directivos del María Luisa les dieron un plazo de 15 días para que se sienten a negociar con los 180 corteros que le prestan sus servicios a través de dos cooperativas de trabajo asociado.

En total son 130 cooperativas las que congregan a los corteros en esta región del país. En 30 de ellas ya se iniciaron las asambleas y se espera que en 15 días se convoque a la gran asamblea general donde decidirán si van o no a paro.

"No descartamos fijar la hora cero", dijo Daniel Aguirre, vocero de los corteros.

Los que decidirán serán los corteros de Incauca, Providencia, Manuelita, Mayagüez y Central Castilla, los mismos que pararon el pasado 15 de septiembre y cuyos acuerdos laborales fueron alcanzados a lo largo de noviembre.

A los corteros se han unido los 100 trabajadores directos y sindicalizados del ingenio, a quienes desde el pasado 20 de octubre les suspendieron sus contratos de trabajo.

"Vemos una posición muy radical en la empresa, no sabemos cuál es su finalidad", dijo Rosendo Castillo, uno de los voceros del sindicato del María Luisa.

La CUT teme que el ingenio lo que busca es acogerse a la Ley de Intervención Económica para dar paso a la liquidación.

En estos 80 días de paro los corteros han pasado tres preacuerdos por escrito que permitan sentarse a negociar y el martes, en forma verbal, le hicieron conocer a los propietarios que aceptaban desbloquear el ingenio, como se lo han pedido, pero con dos condiciones: Que no haya represalias y continuidad laboral.

El padre José González fue designado por la Arquidiócesis de Cali para mediar en este conflicto laboral.

El María Luisa registra este año pérdidas por 1.500 millones de pesos y durante los últimos seis ha tenido pérdidas económicas en tres de ellos.

Este ingenio produce 500.000 quintales de azúcar al año, mientras que los demás producen entre cinco y 12 veces más. Es uno de los más pequeños de la región.

Los corteros buscan un incremento en el pago de caña cortada, mejoras en la dotación de herramientas y uniformes y mejorar la ayuda para vivienda, salud y educación.