La comisión estará integrada por el Ministerio de Interior, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Cali.

El ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, dijo en una reunión extraordinaria realizada en la noche del sábado, que el Gobierno reitera su apoyo y respaldo a la comunidad caleña ante la preocupación que hay por el incremento de desapariciones reportadas a través de la Personería, pero aclaró  que se trata de dos situaciones que no tienen relación.

Las presuntos 'falsos positivos' se habrían registrado entre diciembre del 2006 y noviembre de 2007.

El primer caso se relaciona con la desaparición de Ditdehar Alexánder Roldán, un menor de 17 años que cursaba primer semestre de Ingeniería de Sistemas; Norberto Mosquera Chalapud, de 26 años, y Enrique Quiñónez, de 20, vecinos del barrio Mojica.

El 19 de diciembre del 2006 fueron contactados por alguien que necesitaba a diez hombres para ir a pintar una escuela en un barrio vecino.

Los cuerpos de Roldán y Mosquera aparecieron dos días después en el cementerio de Roldadillo, a tres horas de Cali. El informe, según sus familiares, hablaba de muertos en combates con el Ejército. A Quiñónez lo encontraron muerto en la misma zona el 2 de enero de 2007.

El 6 de noviembre del 2007 desaparecieron en el barrio Comuneros II, en el oriente de la ciudad, Víctor Hugo Bossa, de 25 años, de oficio constructor y padre de tres hijos; John Éider Corrales Chalá, de 28, soldador y con tres hijos, y Gustavo González Daza, de 28 años, vendedor ambulante que sostenía a su esposa e hija.

Aparentemente les ofrecieron un trabajo, pero al otro día fueron hallados muertos luego de un enfrentamiento en el corregimiento de Villacarmelo, al sur de la ciudad. Estaban de camuflado y con armamento.

El 9 de mayo del 2007 José Alexander Zapata, del barrio Alfonso López, y otro joven, cuya familia no ha querido denunciar, salieron a ayudar a buscar una 'guaca' y al otro día aparecieron muertos en combates registrados supuestamente en La Cumbre.

"Dijeron que era guerrillero y después que era extorsionista", relató  su madre.

"Lo más importante es aclarar esas situaciones. El Gobierno insiste en que tiene tolerancia cero contra la violación de derechos humanos y no se puede aceptar de ninguna manera. La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer si 'son falsos positivos' y de ser así, quiénes son los responsables para aplicar las sanciones", dijo el ministro Valencia.

Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina dijo que lo prioritario es la vida y el Estado debe protegerla y castigar sin contemplaciones a todos los que atentan de cualquier forma contra la vida.

"Estamos preocupados por el reporte de las familias de los siete jóvenes y se hará el acompañamiento para que se establezca que ocurrió", dijo el mandatario.

Preocupa incremento en desapariciones

El personero Manuel Torres insistió  en la preocupación que hay por el incremento que presentan los reportes de desaparecidos en los primeros diez meses del año.

Un informe de la Dirección Operativa de la Personería señala que 392 personas han desaparecido, de las cuales 263 son hombres y 129 mujeres.

Al detallar las características de los reportados, 287 son adultos, 41 adolescentes y 24 menores de 12 años.

Las cifras comparadas con el año anterior presentan un aumento del dos por ciento. Entre enero y octubre de 2007 se reportaron 384 personas desaparecidas.