La Corporación del Cauca culpa a los indígenas. Temen que muera esa 'fábrica de agua'.

Las vacas pastaban plácidamente como si el frío intenso no las afectara. El Sol apenas se veía y Bolívar Ruiz, un técnico de la Corporación Autónoma del Cauca (CRC), miraba espantado, como si observara la escena de un crimen.

Estaba en La Vega, un municipio del Cauca, en la zona del páramo de Bardillas, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en 40 hectáreas de tierra que un día estuvieron llenas de frailejones, esa planta vital para los ecosistemas de páramo y que demoran eternamente su crecimiento.

Las plantas, con flores amarillas y que llegan a medir hasta dos metros de altura en esa zona, fueron taladas para meter vacas y otro tanto para levantar un próspero cultivo de papa.

Ese era el 'crimen' que veía incrédulo el técnico Ruiz, pues intervenciones como esa son nefastas para el Macizo colombiano, declarado por la Unesco Reserva Mundial de la Biosfera.

Lo más grave es que el episodio no es aislado ni nuevo en ese páramo, donde colonos, campesinos, indígenas y hasta terratenientes están tumbando bosques y frailejones para sembrar papa, para ganadería extensiva y, en menor medida, hasta para cultivar amapola.

"Ocurre desde hace diez años y no para", dice Jhon Jairo Ordóñez, experto de Parques Nacionales.

Según él, la devastación es tan grave que ya ha generado un aumento de la temperatura en la laguna de La Magdalena, donde nacen los ríos Caquetá, Magdalena, Patía y Cauca. "La laguna pasó de 4 grados, que era su promedio, a 8 grados centígrados", confirma.

Quizá esto no lo sabe el gobernador del cabildo Pancitará, Córdulo Antonio Manuán, quien fue notificado por Ruiz sobre la responsabilidad de su comunidad y por lo cual deben pagar 130 millones de pesos de multa.

La sanción, que impuso la CRC el primero de septiembre, luego de un proceso de más de tres años, la desestimó Manuán, quien dijo que no pagaría un centavo porque donde viven, no tienen ni siquiera para comer.

Las condiciones de los indígenas y campesinos en Valencia, Almaguer y La Vega, tres de los 26 municipios que comprenden las 1.452 hectáreas del núcleo del Macizo colombiano, entre Huila, Cauca y Nariño, son críticas.

Los hijos de esas comunidades son cada vez más y sus oportunidades de empleo mínimas, así como las tierras. Ellos justifican su intervención a los ecosistemas para sembrar y poder comer.

Milo Álvarez Anacona, un líder indígena del cabildo Papallacta, dice que el problema del Macizo no son ellos, sino la falta de políticas que respondan a las necesidades de todos: indígenas, colonos y campesinos. "Nosotros protegemos la Tierra, el problema es que no hay qué comer y no hay tierra apta para cultivar", insiste.

Más graves aún es que los mismos expertos dicen que las anunciadas medidas para poner freno a este crimen ecológico no avanzan porque no hay ni un macroproyecto ni un plan de ordenamiento territorial que salvaguarde al Macizo, y las medidas estatales resultan insuficientes. Así lo corrobora River Cortés, director territorial de la CRC.

El Ministerio del Medio Ambiente se comprometió a impulsar medidas contra esta devastación y por ahora, algunas alternativas a corto plazo fueron presentadas al Congreso por Rey Ariel Borbón, director de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) del Huila.

Tras un recorrido de 27 expertos en agosto, en la Tercera Expedición al Macizo, éstos propusieron que en los incentivos económicos que planea entregar el Programa Juntos, de Familias en Acción, para emprender proyectos productivos, sean priorizadas familias de estratos 1 y 2 que viven en la zona.

También pidieron al Congreso que autorice el uso de vigencias futuras de los municipios y departamentos de la jurisdicción para comprar predios con el fin de ampliar las zonas protegidas, y que se priorice la asignación de recursos del Ministerio de Agricultura para fortalecer los Proyectos Ambientales Escolares (Praes), con el fin de generar conciencia sobre la importancia del Macizo desde la escuela.

Pero esto, a juicio de ambientalistas, seguirán siendo 'pañitos de agua tibia' si no se hace un plan de ordenamiento territorial y ambiental. "No se sabe cuánta gente vive en cada ecosistema estratégico y, por ende, cómo debe intervenirse", dice Cortés.

Agrega que si no hay plan de ordenamiento, hay errores y conflictos; "es algo así como si se pusiera una discoteca en una zona residencial, al lado de la iglesia".

JORGE ELIÉCER QUINTERO
ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO
MACIZO COLOMBIANO*
*Con invitación de La Corporación Regional del Alto Magdalena y Parques Nacionales.