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La masacre de Trujillo fue escogida por la CNRR como eje de su informe sobre crímenes emblemáticos

Foto: Archivo / EL TIEMPO

La tumba del sacerdote Tiberio Fernández, asesinado en 1990, fue profanada a comienzos de febrero pasado.

Este hecho fue una seguidilla de asesinatos en esa población del centro del Valle, entre 1986 y 1994, y sigue impune. Peor aún, no hay un condenado ni las víctimas han sido reparadas.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación presentará el estudio en septiembre.

"Cuando fuimos a Trujillo entendimos que el caso no está cerrado", dice el director de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, quien cree que una de las cosas más decisivas hoy en Colombia es que se empieza a hablar de lo que ha ocurrido. Los familiares y asociaciones de víctimas registran 342 muertes a manos de paramilitares en Trujillo. La comisión verificó 245.

El estudio marca que antes de 1990 policías y narcotraficantes se aliaron para perseguir a presuntos subversivos. Entre marzo y abril, como respuesta a la muerte de siete militares en un choque con el Eln, empezó una 'caravana de muerte', en la que se unieron miembros del Ejército. Hubo 34 muertos, entre ellos el padre Tiberio Fernández, a quien descuartizaron y echaron al río. Fue identificado por la platina en una pierna. Las matanzas ocurrieron en las fincas 'Las Violetas' y Villa Paola que serían de Diego Montoya y Henry Loaiza, quien afronta un juicio por la muerte de tres personas.

El mayor Alirio Urueña, luego ascendido a coronel, aparece como uno de los protagonistas, pero no se ha definido su responsabilidad.

Daniel Arcila, un ex militar, que tras servir de guía en la cacería de supuestos guerrilleros, decidió confesar y se vio sometido a un irregular dictamen que lo declaró demente. Fue asesinado.
También Juan Gómez, solo que él dejó grabado su testimonio.

El informe señala que el fin de la masacre no significa que la violencia haya cesado.

El agua no detuvo a las víctimas

Pese a los temporales que cayeron, más de 4.300 personas acudieron entre el martes y ayer para candidatizarse a recibir la reparación por vía administrativa que el Gobierno les dará a las víctimas de los grupos armados.

El esquema sugiere que no es necesario pasar por un proceso judicial sino demostrar que la persona fue víctima de la guerrilla o de 'paras' por casos de tortura, desaparición, homicidio, secuestro, reclutamiento forzado de niños, lesiones y delitos contra la libertad y la integridad sexual. Unas 3.350 llenaron el formulario y sicólogos debieron atender a unas 12 personas por crisis nerviosas.

CALI Y BOGOTÁ

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