Tribunal ratifica absolución de curadores del edificio Space

Tribunal ratifica absolución de curadores del edificio Space

Familia de Juan Esteban Cantor, único residente fallecido en el desplome, rechazó la decisión.

Edificio Space

Tiempo después de la tragedia, se hizo la implosión de las torres del edificio Space que quedaban en pie, en el año 2014.

Foto:

David Sánchez / Archivo EL TIEMPO

04 de diciembre 2017 , 07:10 p.m.

El Tribunal Superior de Medellín ratificó este 4 de diciembre la absolución de los curadores Eliney Francis Llanos y Carlos Alberto Ruiz Arango, quienes aprobaron las licencias del edificio Space y fueron acusados por el delito de prevaricato, tras la muerte de 12 personas por el desplome de la torre seis, el pasado 12 de octubre de 2013.

El fallo de hoy se dio como respuesta a la familia de Juan Esteban Cantor (el único residente que falleció en la tragedia), que apeló ante el Tribunal Superior la absolución en primera instancia dictada a los dos exfuncionarios en septiembre de 2016, por el Juez 13 Penal del Circuito de Medellín, con el argumento de que la Fiscalía no logró probar culpabilidad por el delito imputado.

Además de ratificar la absolución de ambos curadores, el Tribunal ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la participación en estos hechos y el grado de responsabilidad penal que puedan tener los ingenieros civiles Leonte Miguel Castro Ángel, Guillermo León Gómez Palacio y Édgar Mauricio Ardila Vélez. Se trataría de dos exfuncionarios de la Curaduría y un interventor de la obra.

“Para nosotros es muy claro que el curador sabía lo que estaba haciendo y sabía que estaba dando un permiso de una forma fraudulenta”, dijo Ángela Cantor, hermana de Juan Esteban, al referirse al absuelto Ruiz.

Ruiz, sin embrago, fue destituido e inhabilitado por ocho años por la Procuraduría, entre otras cosas por otorgar las licencias sin verificar ni formular observaciones que establecieran la existencia o no, de una relación laboral entre el ingeniero civil encargado del diseño estructural y de la memoria de cálculo y el profesional que revisó los diseños.

Para nosotros es muy claro que el curador sabía lo que estaba haciendo y sabía que estaba dando un permiso de una forma fraudulenta

La decisión del Ministerio Público también aduce que todo ello ocurrió previo a la expedición de las licencias solicitadas por las sociedades del grupo CDO para sus distintos proyectos, incluyendo los de Lérida CDO S.A.

Igualmente, mantuvo exonerado de supervisión técnica a dicho grupo entre el 19 de diciembre de 2007 y el 31 de julio de 2013, omitiendo la verificación de vínculos laborales entre el profesional a cargo de la supervisión y el constructor.

Entre tanto, Cantor también cuestionó que el Tribunal haya compulsado copias para investigar a las otras tres personas. “Lo triste es que el proceso solo se ciña a la imputación de prevaricato con dolo, porque lo dejaron (a Ruiz Arango) impune. Todas las cosas que hizo este señor quedaron en el aire y le van a echar el agua sucia a funcionarios de la Curaduría, que estaban cumpliendo sus órdenes”, añadió la mujer.

Contra la decisión del Tribunal Superior de Medellín, las víctimas pueden interponer el recurso de casación, una acción que aún no saben si emprenderán, pues primero quieren analizar con sus abogados el documento de 65 páginas que contiene el fallo.

Un proceso que no ha terminado

El pasado 11 de octubre, un juez declaró culpables a Pablo Villegas, representante de la constructora Lérida CDO; María Cecilia Posada, directora de la obra, y Jorge Aristizábal, ingeniero calculista, por el homicidio culposo de Juan Esteban Cantor.

Según la juez, Villegas y Posada, en sus condiciones de primera y segunda posición de autoridad en la constructora Lérida CDO, así como al calculista Aristizábal, deben ser sujetos al reproche penal por las múltiples deficiencias de diseño y construcción de la edificación.

La pena, que se conocerá en la audiencia de lectura de fallo el próximo 18 de diciembre, oscila entre dos y seis años de prisión, además de multa de 20 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ambos montos serán criterio de la juez. Mientras se conoce la pena, los condenados seguirán en libertad, añadió la representante de la judicatura.

MEDELLÍN

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