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Contraloría investiga presuntos detrimentos patrimoniales en UNE

Indagan si filial de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene un detrimento de 5.000 millones.

VÍCTOR ANDRÉS ÁLVAREZ
Las irregularidades en la contratación de una funcionaria y las millonarias indemnizaciones con bonificaciones a unos 20 empleados, tienen en vilo a UNE telecomunicaciones. 
Mientras la Contraloría habla de un posible detrimento patrimonial de 5 mil millones de pesos, la Personería tiene 24 quejas de las cuales en ocho habría méritos para iniciar procesos disciplinarios a funcionarios de alto nivel en esa compañía, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM). 
Uno de los puntos que prendió la polémica, fue la contratación en octubre del 2010 de Maria Luisa Escolar para el cargo de directora de ventas corporativas.
Ella llegaba de la compañía Telmex, competencia de Une. Explicó el concejal Bernardo Guerra, denunciante de las presuntas anomalías, que Escolar llegó a UNE para un cargo en el cual recibiría un salario mensual superior a los 20 millones de pesos y que exigía título profesional. 
Guerra adujo que la mujer solo había cursado ocho semestres de economía en la Universidad de los Andes y advirtió sobre la irregularidad en el proceso de vinculación. 
Por su parte, los directivos de la compañía confirmaron que Escolar mintió al no poner el dato correctamente en el formato, y que habían sido engañados en su buena fe. 
"La primera palabra que vimos en la hoja de vida de ella es 'profesional'", recalcó Alfonso Ossa, vicepresidente de talento humano de UNE, al tiempo que recordó que cuando le pidieron copia del diploma, Escolar inventó excusas.
Escolar, quien no señaló en dicho formulario una casilla en la que le preguntaban si era universitaria, ingresó a UNE el 30 de noviembre de 2010.
La petición para que llegara fue realizada por el entonces vicepresidente de Gestión Operativa Juan Guillermo Vélez, quien argumentó su decisión ante la junta directiva, porque la candidata había tenido buen desempeño en Telmex. 
"La sede principal que tendría quien ocupara el cargo, estaba en Bogotá y ella conocía la zona", explicó Ossa, quien agregó que apenas conocieron sobre la irregularidad realizaron la respectiva denuncia a la Fiscalía y a la Procuraduría. 
Pagos millonarios
Otro tema que justifica la investigación a UNE, es el de los arreglos con los empleados que los directivos llaman 'plan de retiros'. 
Guerra hizo especial énfasis en los acuerdos salariales con tres directivos: María Claudia Caicedo, Álvaro León Duque y Álvaro León Vélez.  La primera salió con una indemnización de 415 millones de pesos y una bonificación cercana a 104 millones. 
Entre tanto, a Duque y Vélez les pagaron un promedio de 580 millones de pesos a cada uno.
Esos gastos representan para Guerra un detrimento patrimonial para la empresa, pero para los directivos son decisiones estratégicas. 
Ossa argumentó que hubo aprobación de la junta en la salida de los empleados y explicó que desde el 2007 se han realizado ese tipo de movimientos con bonificaciones. 
Aseguró que era más costoso dejarlos en la compañía, pues de esa manera tendrían que pagar cerca de 1.200 millones por trabajador.
Además se exponían a incurrir en una falta si se dejaban desarrollando una labor diferente a la que desempeñaban. 
Mientras los directivos de UNE justifican sus acciones a la luz del derecho privado, que rige a esta empresa estatal, Guerra insiste en que su carácter público la hace objeto de un control político. 
Por su parte, el contralor de Medellín, Juan Carlos Peláez indicó que el detrimento se debe al pago de indemnizaciones y bonificaciones, retiros voluntarios y a algunas sanciones decretadas por la comisión nacional de televisión y la dirección de impuesto nacional. 
Víctor Andrés Álvarez
Corresponsal de EL TIEMPO
Medellín
VÍCTOR ANDRÉS ÁLVAREZ
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