La batalla judicial que rodea a la quebrada La Picacha

La batalla judicial que rodea a la quebrada La Picacha

Comunidades le piden a la alcaldía acatar fallos judiciales para disminuir riesgos de la microcuenca

quebrada La Picacha

La quebrada La Picacha tiene una extensión de 12,35 kilómetros y empieza en Aguas Frías.

Foto:

Guillermo Ossa / EL TIEMPO

04 de julio 2018 , 10:54 a.m.

Un lío jurídico sin resolver, que data del año 2013, rodea la quebrada La Picacha de Medellín. Habitantes de barrios ubicados cerca de sus orillas llevan una batalla judicial con la que buscan que la administración municipal de turno (incluida la pasada) implemente acciones urgentes de mitigación de riesgos en el afluente, consolide un censo del número de familias que estarían en riesgo ante posibles emergencias y cumplan con la reubicación de aquellas que lo requieran.

Las posturas están encontradas: de un lado, los líderes de varias comunidades asesorados por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín, del otro, la alcaldía. En el medio: distintos fallos judiciales del Tribunal Administrativo de Antioquia y hasta del Consejo de Estado.

De acuerdo con Érika Castro Buitrago, coordinadora de la clínica jurídica, en 2009 se construyó el Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la Microcuenca (PIOM) de La Picacha, en el que se establecieron los escenarios de riesgo que el afluente, de 12,35 kilómetros de extensión, tendría en el futuro.

Sin embargo, añadió la abogada, estas acciones nunca se implementaron. Por ello, tras una inundación en diciembre de 2011 que dejó varias familias damnificadas y hasta una persona fallecida, las comunidades interpusieron una acción popular que fue admitida el 4 de abril de 2013 por el Juzgado 24 Administrativo Oral de Medellín.

Tras varios procesos, el 16 de octubre de 2014 el Consejo de Estado reconoció la acción popular y le ordenó al municipio que a más tardar dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la providencia debía hacer una caracterización de las familias ubicadas en zona de alto riesgo alrededor de La Picacha, así como establecer las soluciones de vivienda para las mimas y convocar a la Defensoría del Pueblo para que acompañara el proceso de evacuación y reubicación.

Después de esto, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) comenzó el conteo de las familias de la zona, si bien, solo se concentró en el sector de La Playita, ubicado en Aguas Frías y uno de los más afectados (Ver nota anexa).

Aun así, de acuerdo con los líderes de las comunidades, las medidas cautelares no se cumplieron, por lo cual interpusieron un incidente de desacato en junio de 2015, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual falló a favor de los demandantes, el 5 de abril de 2016.

El documento declaró que el Municipio de Medellín desacató las órdenes proferidas, como medida cautelar, por el Juzgado 24 Administrativo Oral en 2013, la cual fue adicionada por el Consejo de Estado en octubre de 2014. Así, abrió incidente de desacato en contra del exalcalde Aníbal Gaviria Correa, con multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entre tanto, el mismo fallo requirió al alcalde Federico Gutiérrez para que “con carácter urgente acate las órdenes impartidas como medida cautelar en el proceso de la referencia”.

quebrada La Picacha

El sector La Playita es el único que está completamente caracterizado y está en proyecto de reubicación definitiva.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

En el fallo más reciente en primera instancia, del Tribunal Administrativo de Antioquia, proferido en junio de 2017, se ordenó al Municipio de Medellín “realizar, de manera urgente, el censo poblacional, a fin de determinar con exactitud, alrededor de toda la quebrada y no únicamente en La Playita, cuáles familias se encuentran en zonas de riesgo mitigables y zonas de riesgo no mitigables”. El tiempo de cumplimiento era de 15 días a partir de la ejecutoria de la sentencia.

De acuerdo con la sentencia, el municipio también debe contar con sistemas de alertas tempranas e informar oportunamente sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda causar daño a la comunidad.

Además, se ordenó al “Área Metropolitana, al municipio y a Corantioquia concertar y reorganizar, dentro del marco de sus funciones, en un término de un mes, contado a partir de la ejecutoria de la providencia, el ajuste presupuestal para la implementación urgente, real y efectiva del PIOM”.

Se ordena al Municipio de Medellín realizar, de manera urgente, el censo poblacional, a fin de determinar con exactitud, alrededor de toda la quebrada, cuáles familias se encuentran en zonas de riesgo

¿Qué responde la alcaldía?

Para Félix García, líder social de Belén Las Mercedes, los hechos demuestran que hay una cultura sistemática de incumplimiento de las sentencias judiciales por parte la alcaldía.

“Desde que empezó esto en el 2009, han pasado tres alcaldes y no pasa nada, nosotros estamos por pensar que los alcaldes se van y le dejan el problema al siguiente”, expresó, y añadió que en las comunidades aledañas a la quebrada, muchas de las cuales no son de asentamientos, persiste el temor ante una posible emergencia, sobre todo enpoca de lluvias.

Esto no quiere decir que desde hace tiempo no se estén haciendo trabajos en la zona

El líder relató que cuando llueve, las personas que viven en las zonas más altas llaman a las de abajo para avisarles que la quebrada baja con fuerza y que hay posibilidades de inundación. Muchas veces, aseguró, duermen afuera.

Frente a esta postura, Verónica de Vivero, secretaria general de la alcaldía de Medellín, indicó que ante la decisión se le solicitó al Tribunal aclaración, lo que significa que los términos de la sentencia no han empezado a correr. Además, agregó, tras la aclaración es posible que la alcaldía apele ante el Consejo de Estado. “Esto no quiere decir que desde hace tiempo no se estén haciendo trabajos en la zona”, añadió la funcionaria.

quebrada La Picacha

Muchas familias de La Playita no han salido del lugar, ante la lentitud del proceso de reubicación.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Asimismo, dijo que es necesario tener en cuenta dos situaciones. La primera es que la comunidad de La Playita ya está completamente caracterizada y se trabaja en una solución de vivienda para ella. La segunda es que la alcaldía entregará un estudio de detalle que va a contratar el Departamento de Planeación Municipal, con el fin de establecer exactamente los niveles de riesgo de las demás comunidades ubicadas a lo largo de la quebrada, esto, en vista de que la secretaría de Ambiente ya ha hecho varias intervenciones que pudieron haber transformado o mitigado los peligros.

Por otro lado, para la administración municipal no es posible basar los planes alrededor de la quebrada en el PIOM, puesto que muchos de sus componentes ya no tienen vigencia, debido a que fue construido hace ya casi 10 años. Además, dijo la funcionaria, este fue un estudio hecho por Área Metropolitana, pero no es vinculante, como lo ha querido hacer ver el juez. Aun así, la alcaldía ha ejecutado varias de las medidas que allí se estipulan. El equipo de la alcaldía también respondió que la administración pasada hizo estudios sobre las acciones que debían hacerse en la quebrada, mientras que la actual los está ejecutando.

Las obras que se han hecho

Datos de la alcaldía de Medellín indican que en la quebrada La Picacha se han hecho varias obras de mitigación. Entre ellas se encuentran labores de reparación, construcción de obras hidráulicas de contención o protección, reparación de coberturas, remoción de sedimentos, actividades de limpieza y mantenimiento o dragados de cauces, las cuales se han ejecutado desde 2004 hasta la fecha.

Asimismo, se han llevado a cabo rehabilitación de concretos, desobstrucción del canal, limpieza del cauce, voladura de rocas, enrocado, rectificación del cauce, remoción sedimentos.

Según la alcaldía, las obras no se frenan, pese a que aún no haya llegado a su fin el lío judicial. De Vivero aseguró que en esta sola administración no es posible aprobar todo el presupuesto que requiere el plan para la quebrada, por lo cual se necesita la participación de varias alcaldías.

Entre tanto, los habitantes siguen quejándose ante lo que consideran negligencia y esperan que no suceda una tragedia que lleve a golpes de pecho, pues esta fue anunciada hace años.

Así va la reubicación de La Playita

Casitas de madera y de concreto están apiladas a la orilla de la quebrada La Picacha, en el sector conocido como La Playita, ubicado en la vereda Aguas Frías, del corregimiento Altavista. Allí, a las familias que aún habitan se suman los espacios llenos de escombro, donde están los vestigios de las viviendas que ya fueron abandonadas y que, según los habitantes, son derribadas de inmediato.

Algunas personas fueron reubicadas en vivienda usada y otras permanecen bajo el subsidio de arrendamiento temporal otorgado por el Isvimed. Joaquín de Jesús Vargas, miembro de la JAC de Aguas Frías y quien ya fue reubicado, explicó que en la comunidad hay incertidumbre, pues luego de varios años de ordenar el reasentamiento definitivo en un proyecto de vivienda en Belén Rincón, aún no hay un solo apartamento que haya empezado obras.

Además, muchas familias no quieren salir de La Playita por temor a que la entidad quede mal con los pagos de los arriendos temporales, tal como les ha sucedido a algunos, según aseguró.

Manuela García, directora de Isvimed, afirmó que en este proceso de La Playita hay 106 familias. “27 están en el programa de arrendamiento temporal y 29 hogares ya cuentan con solución de vivienda definitiva”, explicó la funcionaria, quien añadió que el Instituto cuenta con el lote en Belén Rincón y se espera dar inicio al proyecto de vivienda a más tardar en agosto de este año, pues están a la espera de la licencia de construcción.

27 están en el programa de arrendamiento temporal y 29 hogares ya cuentan con solución de vivienda definitiva

Se proyecta entregar las casas en el segundo semestre del próximo año. Aclaró que aunque el lote se tiene hace tiempo, se deben cumplir varias etapas antes de empezar las obras.

Dijo también que los recursos ya están bajo figura de destinación exclusiva por un valor de 5.200 millones de pesos. García reconoció que algunas veces se han retrasado un par de días en el pago de los arrendamientos temporales, pero dijo que nunca le han quedado mal a ninguna entidad o persona natural por dichos pagos.

HEIDI TAMAYO ORTIZ
Redactora de EL TIEMPO
Medellín@HeidiTamayo

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