Persiste zozobra en desalojados de Bello, Antioquia

Persiste zozobra en desalojados de Bello, Antioquia

Un mejor proceso de socialización habría evitado los disturbios de los primeros días del desalojo.

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Con unas lonas verdes, sujetadas con palos de madera, fue rodeada toda la zona donde quedaron los escombros de las viviendas demolidas.

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Jaiver Nieto Álvarez/EL TIEMPO

08 de febrero 2017 , 12:05 a.m.

Las huellas de la destrucción y una comunidad que trata de seguir su vida como si nada hubiese pasado. Así se ve hoy Nueva Jerusalén, ese asentamiento de calles estrechas y empinadas, y casitas que parecen suspendidas en el aire en el que terminó la semana pasada el desalojo de 182 familias, equivalentes a 671 personas, por encontrarse en una zona de alto riesgo.

De los cientos de policías del Esmad que se veían desde el pasado 12 de enero, cuando comenzó el desalojo, quedaron no más de 60 parados en diferentes esquinas de este asentamiento ubicado en el barrio París, de Bello.

Unas lonas verdes, sujetadas con palos de madera, rodean toda la zona donde quedan los escombros de las viviendas demolidas. Las calles se hicieron más estrechas de lo habitual. Aún se ven colchones, mesas, puertas y algunas pertenencias que por alguna razón se quedaron allí.

Detrás de este panorama hay realidades encontradas. Marien Martínez, una joven madre cabeza de hogar, se pregunta por qué, pese a que su casa fue demolida la semana pasada, no se le dio el beneficio del subsidio de arriendo temporal que, según la sentencia que ordenó el desalojo, debe ser entregado por las alcaldías de Medellín y Bello, inicialmente por tres meses y extenderse hasta dos años, mientras se da una solución definitiva de vivienda.

Hoy vive con sus tres hijos en la casa de una hermana, en el mismo sector, y tiene todas sus pertenencias en el barrio San Javier, donde un conocido. Desplazada hace 10 años por la violencia, está viviendo una nueva tragedia y pide que le den una solución urgente.

Respecto a los subsidios de arriendo, César Augusto Arango, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bello, aseguró que se entregaron a 179 familias de las 182 desalojadas, pero que las otras tres no se acercaron a reclamarlo.

Asimismo, indicó que entre ambas alcaldías han invertido más de 1.100 millones de pesos en el proceso de desalojo, demolición y en los subsidios de arriendo que van desde 750.000 hasta 900.000 pesos por familia para los tres meses.

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familias desalojadas en nueva jerusalen bello

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Una de las personas que recibió este dinero es Daniel Mejía, un hombre de 60 años que vive con su esposa, su hija, su hijo y dos nietos menores de edad.

Su casa fue la primera en ser demolida y con ella se fue también el local donde tenía la tienda que le daba el sustento para la familia. “Me notificaron el 6 de enero que tenía que desocupar el 12, me dieron seis días apenas. Nos dieron 900.000 pesos para tres meses, pero no hemos podido encontrar una casa donde quepamos todos. Estoy arrimado donde otra hija”, sostuvo. Los primeros 360.000 pesos de esa suma los invirtió en el alquiler de un pequeño local en el que continúa con su negocio.

Hay también preocupaciones porque, según las personas, a muchas de las viviendas no se les hizo el avalúo antes de ser derrumbadas.

Según explicó Andrés Alberto Ramírez, líder social de Bello, las dos administraciones municipales han explorado posibilidades de comprar mejoras después de hacer avalúos a algunas casas, pero aún no se tiene nada definido. Sin embargo, la mayoría espera ser beneficiario de un proyecto de vivienda de interés social, como lo ordena la sentencia.

Por el contrario, el director afirmó que todas las viviendas demolidas fueron avaluadas. Pese a estas situaciones, los afectados reconocen que la medida de sacarlos de un lugar de alto riesgo en el que podría haber ocurrido una tragedia es acertada.

Familias esperan soluciones definitivas

Pero, ronda sobre ellos la incertidumbre por su futuro respecto a un lugar donde vivir, porque todos encontraron en ese lote llamado El Cortado y que pertenece a la alcaldía de Medellín, una oportunidad de echar raíces y salir adelante.

Alrededor de los escombros, que ya están siendo sacados en volquetas, viven otras 2.000 familias, aproximadamente, que temen correr con la misma suerte de sus vecinos. Para Arango, esto se debe a rumores malintencionados que circulan por el sector, explicó que no existe aún ninguna determinación de desalojar a las demás personas.

“Aunque nadie tiene licencia de construcción por el alto riesgo del lote, se adelanta un estudio que arrojará cuáles son las condiciones de las demás viviendas y cómo se mitigará el riesgo”, agregó.

De acuerdo con algunas personas que no han sido desalojadas, hay dificultades para que les dejen ingresar elementos a sus hogares. Es el caso de empleados de depósitos que no logran entrar material de construcción, lo que se contradice con la falta de licencias, pues siguen en zona de alto riesgo, respondió Arango.

Érika Restrepo relató que ella repara neveras y lavadoras, pero tiene un refrigerador que no ha podido devolverle al dueño porque no se lo dejan trasladar. El director de Gestión del Riesgo aseguró no tener conocimiento de esto.

Con todas las dificultades y avances, esta sentencia, manifestó el líder Ramírez, es única en el país pues pone a trabajar en conjunto a dos alcaldías para garantizar la vida y los derechos de los ciudadanos. Por ello, considera, debe ser un ejemplo para otros casos que se presenten.

Algunas acciones que siguen

En una audiencia de seguimiento al cumplimiento de la sentencia, el juez les dio a las alcaldías de Medellín y Bello dos meses para presentar un plan de acción, con cronograma de reubicación de las familias.

Asimismo, debe crearse un comité de ejecución de la sentencia y establecer un canal de comunicación con los habitantes, de modo que también se tengan en cuenta sus opiniones y propuestas.

Para César Augusto Arango, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bello, es importante que la solución a este problema no se quede solo en manos de las administraciones de Bello y Medellín sino que haya participación del Gobierno Nacional, porque se trata de una población que está en riesgo y que ha estado rodeada de otras condiciones como la victimización por el conflicto armado y la pobreza, lo que los llevó a construir en el lote.

También expresó que ya que están completamente demolidas las viviendas, se van a arrasar las losas para que Medellín haga uso del terreno. Una de las acciones es reforestar, para lo cual se está determinando cuáles son los árboles indicados y así también evitar que haya más asentamientos en la zona.

Habitantes del sector, como Fabiola Ochoa, de 84 años, piden que tras finalizar todo el proceso de desalojo, permanezca la presencia de la fuerza pública, pues también requieren una mayor seguridad en el sector y no quieren quedar desprotegidos.

Arango respondió que “lo deseable sería que existiera una presencia más permanente de la policía, porque genera tranquilidad en el ciudadano. En el momento en que la dejan de asumir como un enemigo y la ven como institución que les garantiza seguridad, es un tema que es importante que se analice y ojalá se garantice”.

Heidi Tamayo Ortiz
Redactora de EL TIEMPO
@HeidiTamayo

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