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La verdadera cara de la extorsión en Medellín

Ahora los combos multan a quienes discuten en la calle, disparan al aire, asesinan o roban.

DEICY JOHANA PAREJA M.
Nunca ha tenido un comparendo por violar las normas de tránsito, pero sí le pagó a un grupo armado una multa de 400.000 pesos por discutir en una calle de La Bayadera, en el centro de Medellín.
Mientras Juan* le alegaba a un desconocido que le rayó el carro con una moto, llegaron tres hombres y los amenazaron con sus armas. “O pagan por pelear aquí o no salen vivos del barrio”, fueron las palabras de los delincuentes.
Precisamente, exigir una multa a las personas que discuten o se golpean en las calles es una de las nuevas modalidades de extorsión de los combos en la ciudad.
Es tal el control de los grupos armados que cualquier persona que dispare al aire, tenga un problema con un vecino o cometa un homicidio que no sea en el contexto del crimen organizado, tiene que responder con una multa, de lo contrario paga con su vida.
Así lo confirma un análisis del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC), de la Alcaldía de Medellín, que lleva las estadísticas y los análisis de los delitos.
EL TIEMPO logró hablar con los investigadores para conocer detalles sobre la extorsión que no solo se limita al comercio y al transporte público, sino que saca provecho de todo: familias, amas de casa, víctimas del conflicto, ladrones, prostitutas e, incluso, habitantes de calle.
Las investigaciones muestran que muchas madres de Medellín cancelan una cuota semanal a los combos para que no les violen a sus hijas, no recluten a sus niños, no las saqueen su casa ni desplacen a la familia del barrio.
Los análisis muestran que un delincuente no roba en el centro sin antes pagar por ‘ese derecho’, una prostituta no trabaja bajo los viaductos del metro sin dar dinero por su seguridad ni un habitante de calle duerme en una acera sin cancelar 700 pesos diarios ni comprarles a ellos la droga.
“Se roba y se mata si las bandas criminales lo permiten. Hay muchos ojos en el territorio, el control es férreo, nadie puede delinquir sino tiene el aval o no paga por ello”, dijo uno de los investigadores, quien pidió no revelar su nombre por seguridad.
Eso no es lo único, el SISC también identificó que si una familia está de trasteo, una vez llega con su equipaje, se le acerca un integrante de un combo y le dice: “Por descargar este camión debe pagar 50.000 pesos, de lo contrario, no entra al barrio”, señalan las denuncias que recibe la entidad.
Los grupos también extorsionan a las personas con un empleo estable, esa modalidad se identificó en algunos barrios de la comuna de Buenos Aires.
Y como si fuera poco, las víctimas del conflicto armado, que reciben indemnización económica del Gobierno Nacional, deben aportar a los grupos armados un porcentaje de su reparación. Los hampones también ‘vacunan’ a las personas que reciben ayudas humanitarias por desplazamiento forzado o por un desastre natural.
Los contratistas de obras públicas también pagan. “El 80 por ciento de las obras de la ciudad están extorsionadas. Si no contribuyen con la cuota semanal les roban maquinaria, herramientas y materiales. Solo proyectos de infraestructura grandes como Parques del Río no pagan porque tienen esquema de seguridad”, agregó.
También preocupan las ‘vacunas’ a viviendas que varían entre 1.000 y 5.000 pesos semanales. Las personas pagan para que no les roben, no los amenacen o expulsen de sus barrios.
El análisis muestra que eso se traslada a las urbanizaciones residenciales. Cada apartamento tiene que cancelar una cuota, incluso, los habitantes de las viviendas gratis del Gobierno Nacional.
Igualmente, por el auge de vehículos de la ciudad, muchas personas no tienen parqueadero y estacionan en la calle, entonces pagan para que no les rayen el carro, no les roben los retrovisores ni les rompan los vidrios. Esa es la amenaza para la extorsión.
Si bien hay unos cuidadores tradicionales en barrios populares y exclusivos, ellos tienen que pagar a los combos por dejarlos trabajar. A los grupos armados no les importa que vivan de eso.
Los taxis que transitan por algunos barrios populares deben tener una calcomanía que les cuesta hasta 20.000 pesos, de lo contrario tienen que pagar una multa mayor, si se niegan les bajan los pasajeros y los amenazan.
“Es muy pequeño y muy diversificado el cobro, son bagatelas, pero que suman una renta criminal gigantesca. Eso les da poder a esos grupos, consolidan el sector financiero y el control territorial”, advirtió el funcionario.
Un ‘negocio’ rentable
Según el estudio, las autoridades no ponen el foco ahí. La Fuerza Pública visibiliza la extorsión carcelaria, pero desde la perspectiva del SISC es la que menos impacta.
“Nosotros proponemos que se elimine del lenguaje institucional, la palabra microextorsión, es darle una categoría muy pequeña a un problema tan grande”, añadió el investigador.
Los análisis del SISC muestran además que la extorsión es una renta criminal bastante lucrativa, incluso, más que la venta de drogas ilícitas. La razón radica en que requiere muy poca logística, comparado con el proceso de la coca o la marihuana.
“De la venta de esas drogas queda una utilidad, pero hay que sacar un porcentaje de todo el proceso, mientras que la extorsión es un negocio redondo porque requiere poca logística, con base en una intimidación que ya está ejercida en el territorio”, advirtió el analista.
A lo que se le suma, agregó, que hay poco riesgo de judicialización, quienes cobran son menores de edad o jóvenes reclutados que periódicamente cambian. “Capturan a quien cobra, una pieza fácil de cambiar, las autoridades impactan poco a los líderes”, dijo.
Este año van 178 denuncias por extorsión en Medellín, frente a 230 del mismo periodo anterior. Esa reducción no significa que el delito disminuya, es porque las víctimas cada vez denuncian menos, porque creen que es hay un costo- beneficio por la seguridad o hay temor.
“Si en el barrio la estructura criminal se entera quién denunció, a esa persona, la sancionan económicamente. Si una señora paga 5.000 pesos, le dicen usted es una ‘sapa’, de ahora en adelante nos paga 50.000 semanal”, revela el SISC.
Juan está en la lista de los que no denuncian por miedo. Cree que la solución es no volver a La Bayadera. “La cosa pudo ser peor, mejor no ir por allá a buscar problemas”, concluyó.
*Nombre cambiado por seguridad.
DEICY JOHANA PAREJA M.
Redactora de EL TIEMPO
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DEICY JOHANA PAREJA M.
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