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En Urabá (Antioquia) piden que Gobierno avale tierra

Reclamantes exigen mayor agilidad en procesos. En Urabá hay unas 150.000 hectáreas sin restituir.

PAOLA MORALES ESCOBAR abril 9 de 2015, 08:16 P.M.

Alicia Carúpida tiene 87 años de edad. Ella es indígena embera y llegó el lunes pasado, junto a algunos de sus hijos y nietos a la finca Monteverde, en Turbo. Carúpida busca recuperar los predios que, dice, le fueron usurpados por los paramilitares.

No habla bien español y tiene que mover los ojos, las manos y cada una de sus extremidades para narrar su tragedia.

Denuncia que la golpiza que le propinaron los paramilitares a su esposo, para que vendiera la finca de 150 hectáreas, y la tristeza que él sintió al tener que dejar esas tierras, le ocasionaron la muerte.

Esta historia se repite. Como Carúpida unos 300 manifestantes, integrantes de 28 familias, se agolpan en las afueras de la hacienda. Aseguran que para no ver más muertes, para dejar el miedo y buscar algo de tranquilidad tuvieron que vender esas tierras que les daban el sustento diario y eran, para los más viejos, la razón de vivir.

Alicia Carúpida, reclamante de 150 hectáreas de tierras en la finca Monteverde, dice querer regresar a su tierra antes de morir. Lleva 17 años desplazada en el municipio de Mutatá, junto a su familia.

De eso, han pasado más de 18 años. Llevan seis esperando que el Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, les conceda el derecho a volver a ese territorio que, juran, les pertenece por derecho.

Con los recuerdos y la esperanza de que todo se resuelva a su favor, llegaron desde el lunes hasta las puertas de Monteverde con el objetivo de entrar en la propiedad y asentarse en las que, algún día, fueron sus fincas.

Pero allí estaba María Teresa Moreno, hija de Fabio Moreno, y quien aseguró que ella y su familia son los legítimos dueños de esas tierras.

“No puedo decir que sus títulos de propiedad sean falsos, pero si ellos se creen dueños de esto que vayan a la oficina de Restitución de Tierras y muestren sus documentos que nosotros también mostramos los de nosotros”, dijo Moreno.

Para ella, solo un juez de la República, mediante una sentencia judicial, puede dar solución a este dilema. Mientras tanto –dice la mujer– los manifestantes solo están violando la propiedad privada.

Por eso, con 23 hombres, que dicen ser trabajadores de la finca, custodia el lugar día y noche. Todos ellos llevan pistolas de paintball, gas pimienta y algunos bastones eléctricos que ya utilizaron en contra de los campesinos, la noche del lunes pasado cuando intentaron de forma infructuosa tomarse el lugar.

¿Qué pasa en Urabá?

Según el presidente de la asociación Tierra y Paz, Carlos Páez, estos 28 casos están archivados en juzgados de Restitución de Tierras y los procesos podrían demorar muchos años más.

“El pronunciamiento del Presidente nos ha dejado un vacío, pues en el barrido que está haciendo la Unidad de Restitución no aparece Antioquia. El Gobierno no quiere tocar los predios que tienen hoy en día los grandes empresarios”, dijo el defensor de Derechos Humanos.

Según Páez, Urabá tiene el 10 por ciento del total de tierras que fueron despojadas a campesinos y grupos étnicos en el país, por lo que también es importante que se le dé prioridad al proceso de restitución de tierras en la región.

Recordó que en la hacienda Monteverde, la familia Moreno ha impedido que sean realizadas las mediciones topográficas de los 28 predios, equivalentes a 2.000 hectáreas, que han sido pedidos en restitución.

La mayor preocupación de Páez, y de los reclamantes de tierras de Monteverde, es que muchos de ellos han ido envejeciendo, y el tiempo pasa sin que puedan volver a vivir y disfrutar de sus tierras.

El miércoles 8 de abril, al medio día, los manifestantes fueron recibidos por 10 hombres con armas de ‘painball’, a la entrada de la hacienda.

Ese es el caso de Laureano Gómez, campesino de 77 años de edad, que fue obligado por los grupos paramilitares a vender su finca de 58 hectáreas por 18 millones de pesos. Ahora, señaló, con lo único que sueña es con volver a pisar su tierra.

“Llevo cuatro de estar luchando por recuperar lo que es mío y de mi familia, ese es un derecho que haremos cumplir como sea, por eso estamos acá”, dijo Gómez.

Como Alicia Carúpida y Laureano Gómez, muchos de los reclamantes de tierras piden al Gobierno Nacional que sean agilizados los procesos de restitución para así poder pasar sus últimos días cultivando y disfrutando de las tierras que, insisten, les pertenecen.

Unidad de Restitución hace llamado a esperar sentencias judiciales

Frente a las manifestaciones de estas 28 familias, el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, señaló que las vías de hecho, la ocupación forzada y la invasión de bienes no puede ser permitida por las instituciones “bajo ninguna circunstancia”.

“Lo importante ahí es enviar un mensaje a la instituciones responsables de la restitución de tierras en el país para que avancen con agilidad en los procesos y así impidan que este tipo de acciones proliferen”, dijo Londoño.

El funcionario aseguró, además, que la gobernación de Antioquia ha acompañado el proceso de restitución de tierras en todas las zonas del departamento, ha brindado oportunidades y acceso a servicios a las víctimas del conflicto armado.

“Nosotros con la Policía y el Ejército lo que hemos hecho es hacer presencia en algunas zonas en las que puede haber tensiones o problemas y lo que se ha buscado es acompañar los procesos que se hacen de manera organizada y dentro de la institucionalidad y el respeto”, dijo el Secretario.

Insistió, sin embargo, en que la responsabilidad sobre este tema está en cabeza de la Unidad de Restitución de Tierras y la Policía Nacional, quienes deben asegurar la vida y honra tanto de los reclamantes de tierras como de quienes en este momento tienen la posesión y propiedad de las mismas.

En la protesta de este lunes, la Policía intervino para que los reclamantes de tierra no entraran a la hacienda Monteverde.

“En el tema de víctimas nosotros, desde la gobernación, tenemos toda una ruta de atención integral que en Urabá, en este momento, tiene un proceso exitoso”, contó el funcionario.

A su vez, la Unidad de Restitución de Tierras, por medio de un comunicado de prensa, hizo un llamado a estas familias para que esperen la sentencia judicial que les conceda o no el derecho.

“El Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, hace un fuerte llamado para reemplazar la fuerza y la violencia como mecanismos para definir la propiedad de la tierra por las decisiones de judiciales que en derecho adoptan las autoridades establecidas legalmente para ello”, concluyó el comunicado.

PAOLA MORALES ESCOBAR

Redactora EL TIEMPO

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PAOLA MORALES ESCOBAR abril 9 de 2015, 08:16 P.M.