A construcciones abandonadas les falta control y vigilancia estatal

A construcciones abandonadas les falta control y vigilancia estatal

En Medellín ‘todos se pasan la bola’ de la responsabilidad por las obras inconclusas o con fallas.

Obras inconclusas Medellín

De un décimo piso de la obra Torres del Este en el barrio Caicedo - El Pinal cayó la menor de 12 años, Yuliana Sáenz.

Foto:

Guillermo Ossa / EL TIEMPO

22 de octubre 2017 , 11:00 a.m.

"Estoy enferma, no sé nada”, fueron las palabras que dijo Gilma Hernández, entre lágrimas, al preguntarle por Yuliana, su hija, “la niña juiciosa” que cayó de un piso 10 en el proyecto inmobiliario suspendido, Torres del Este, barrio Caicedo, zona centroriental de Medellín.

Ella, al igual que otras personas, es una de las víctimas de las obras de construcción que han quedado inconclusas, abandonadas o que presentan fallas estructurales.
Hernández es una mujer que se dedicaba a la confección y dejó esta ciudad luego de la tragedia que enlutó a su familia.

“Yo no sé nada. Dejé todo y me devolví para mi pueblo”, dice.

Sus silencios al teléfono delataban la ingenuidad de la madre a la que la ineficiencia de la ley le arrebató un pedacito de su vida.

El hecho prendió las alarmas sobre el sector inmobiliario de la ciudad, en el que las autoridades, que brillan por su ausencia, se pasan la bola de la responsabilidad.

“La normatividad es confusa y poco rigurosa. El Estado local es débil y, además, no ejerce control adecuado”. Estas fueron las palabras de Jorge Pérez, quien ocupó el puesto de la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación en el periodo 2012 - 2015.

La normatividad es confusa y poco rigurosa. El Estado local es débil y, además, no ejerce control adecuado

Nadie responde

José Nicolás Duque, secretario de Gestión y Control Territorial, detalló que el despacho se encarga de vigilar los procesos constructivos y de hacerles seguimiento a los informes que emiten las curadurías.

“Puede haber procesos que empiezan muy bien, pero en el camino se distorsionan y para ese efecto ya se involucran otras dependencias como las inspecciones”, señaló.

Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia, encabezada por Andrés Felipe Tobón Villada, quien no quiso dar declaraciones oficiales ni responder a las llamadas, afirmaron que el tema de construcciones abandonadas no le corresponde al despacho sino a los inspectores de Policía de los barrios, personas que son coordinadas por esta oficina.

Construcciones inconclusas

El edificio Altos del Jardín se encuentra habitado irregularmente por familias que habían obtenido subsidios.

Foto:

Jaiver Nieto/EL TIEMPO

Sin embargo al acudir al inspector encargado del caso de Yuliana, quien tampoco respondió la llamada, la inspección comunicó que estaban impedidos para dar declaraciones por órdenes directas de la Secretaría de Seguridad.

La responsabilidad sobre a ‘quién lo toca qué’ sigue siendo confusa.

Pérez, ex director de Planeación, argumentó que “los inspectores no operan apropiadamente, son muy autónomos y la ilegalidad campea”.

A ello se le suman los líos de las curadurías, institución que desde el 2012 ha buscado funcionarios para que dirijan la entidad y al sol de hoy solo una persona ha logrado ser nombrada en propiedad.

“A pesar de la tragedia de Space y demás edificios de CDO, de la crisis con las curadurías, de los conflictos con los cientos de licencias para torres de Vivienda de Interés Prioritario, la legislación y los organismos nacionales, poco o nada apoyaron a nuestra región”, aseveró Pérez.

La suma de irregularidades ha permitido que los edificios no se terminen de construir, los abandonen, se conviertan en focos de ilegalidad o pasen infortunios como los de Yuliana y Space.

Los inspectores no operan apropiadamente, son muy autónomos y la ilegalidad campea

Casos preocupantes

Sergio Gaviria, director del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), entidad que subsidió la construcción de Torres del Este, edificio del que se cayó la menor de 12 años, argumentó que “la vigilancia como captadores de recursos le corresponde a secretaría de Gestión y Control Territorial y el acompañamiento constructivo y el otorgamiento de subsidios a Isvimed”.

Además de esto, sobre el tema de la vigilancia del lote, la responsabilidad recaía, según Isvimed, en la Fundación Colombiana de Desplazados Vulnerables y Etnias (Funcodent), una organización popular de vivienda (OPV) a la que se le otorgó recursos de 260 subsidios cercanos a los 5.000 millones de pesos.

La obra que se encuentra paralizada desde el 22 de octubre del 2016, por encontrarse desfinanciada económicamente, llevaba un 43, 8 por ciento de avances en su construcción.

Otro caso similar se vive en Altos del Jardín, ubicado en el barrio Manrique zona nororiental de la ciudad.

El proyecto, suspendido desde el 2014 por consecuencia de un embargo ejecutivo, se encuentra irregularmente ocupado por familias que habían accedido con anterioridad a dichos subsidios.

Duque aseguró que aunque las OPV son unas figuras legítimas, estos proyectos llevan alrededor de ocho y 10 años con problemas.

La Secretaría de Gestión y Control Territorial no tiene cifras consolidadas sobre todas las obras que padecen situaciones similares en la ciudad, sin embargo desde la comisión accidental, un grupo liderado por el concejal Bernardo Guerra Hoyos, en la que se manejan las denuncias sobre este tema, tienen conocimiento de casi 50 proyectos en Medellín.

Obras fantasma

Sobre la punta de una montaña del barrio Altos de Calazans, zona centroccidental, reposa un edificio de 24 pisos con un letrero gigante que anuncia sus ventas. Su nombre, Punta Luna 3.

La construcción, que era ejecutada por Lérida CDO, requiere un reforzamiento estructural, según anuncia la pancarta amarilla de la curaduría tercera.

Ever Sepúlveda no sabe por qué vigila este edificio, sin embargo durante día y noche permanece en lo que pretendía ser la portería.

Carlos Mejía, un vecino y afectado por otra de las obras de CDO, comentó que “en las noches, los vigilantes se salen por temores pues cuando ventea, el edificio traquea”.

En las noches, los vigilantes se salen por temores pues cuando ventea, el edificio traquea

Él, quien vive desde hace dos años en Cerezos de Calasania, asegura que el reforzamiento de su torre aún no se ha realizado.

La lista es grande. Muchos de ellos no solo presentan las problemáticas antes mencionadas. Líos legales por licencias falsas y enredos con la mafia, se suman a esta crisis inmobiliaria.

Gilma regresó a Santa Cruz de Lorica, Córdoba, con el cuerpo de Yuliana, su “niña juiciosa”.


MARÍA CAMILA SALAZAR RUIZ
Para EL TIEMPO
camsal@eltiempo.com
MEDELLÍN

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