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Bloqueos: 'piedra en el zapato' de las obras de Hidroituango

Confirman retraso en trabajos. Mientras tanto marchas en contra se trasladaron a Medellín.

Hidroituango, el proyecto de ingeniería más grande del país atraviesa su más difícil momento. Las protestas en su contra arrecian y las acciones subversivas continúan en el área del embalse. Mientras tanto las directivas de Empresas Públicas de Medellín (EPM), advierten un retraso de 43 días en el cronograma de obras.
Aunque las pérdidas por esas dificultades aún son incalculables, la tensión y la imposibilidad de adelantar los trabajos dentro del tiempo estipulado hacen temer por el cumplimiento de cláusulas y tiempos establecidos.
Según el encargado de la seguridad de una de las firmas contratistas en la zona, quien pidió le fuera omitido su nombre, hasta ocho días han tenido que suspender las labores de campo por el riesgo ante la ubicación de explosivos.
“Una semana estuvimos sin poder desplazarnos por las vías de la zona. El mayor riesgo está en la carretera que comunica al municipio de San Andrés de Cuerquia con el corregimiento del Valle de Toledo”, afirmó.
Los bloqueos que más han impactado los trabajos durante lo que va corrido del año, son los de Cañadulzal - San Andrés de Cuerquia, Matanzas - Toledo y los del sector San Telmo.
En la mayoría de los casos, esos taponamientos de las vías se han presentado por la ubicación de vehículos cargados con explosivos. En una de esas acciones, el pasado miércoles 13 de marzo, dos policías resultaron heridos y un militar murió al intentar desactivar la dinamita.
“Ese acto terrorista fue ejecutado al tiempo que un grupo de personas realizaba protestas cerca al proyecto. Estamos investigando la relación entre manifestantes y ese atentado terrorista”, expresó el comandante de la Policía Antioquia, coronel Gustavo Chavarro.
Este oficial indicó que solo para la vigilancia del área del embalse la Policía aporta 103 uniformados. Ellos trabajan coordinadamente con el Ejército y se encargan de proteger a los obreros e ingenieros del megaproyecto, declarados ‘objetivo militar’ por las Farc.
Pero EPM restó importancia a las presuntas amenazas contra los empleados, aduciendo que se trata de mensajes escritos en las paredes que no representan un hecho concreto de intimidación.
Los empleados no niegan su temor. “Estamos trabajando coordinadamente con las autoridades para advertirles de desplazamientos que vayamos a hacer a un lugar concreto”, dijo el empleado de la contratista de Hidroituango, quien admitió que evitaban estar acompañados de escoltas para no provocar a los enemigos de la hidroeléctrica.
Protestas generan tensión
Tanto EPM como el Gobierno departamental han identificado a la fundación Ríos Vivos como opositores de Hidroituango y promotores de las movilizaciones por la zona.
De acuerdo con un informe publicado por la compañía de servicios públicos dueña del proyecto, desde agosto de 2012 abrieron espacios de diálogo con el movimiento social. Sin embargo, agregan, ante la solicitud de incluir más personas en la base de datos de censados la negativa fue radical.
“Quieren que atendamos a todo el mundo integralmente y llevan a gente que no tiene nada que ver con la zona. Además pretenden parar el proyecto hasta que se acabe el conflicto armado en Colombia y ese es un tema en el que no tenemos que ver”, expresó Carlos Mario Méndez, subgerente ambiental de EPM, en tanto acotó que esas personas no tienen que ver con el área del embalse. “Ríos Vivos capitaliza esto para que no se haga el proyecto”, anotó.
Isabel Zuleta, directora de Ríos Vivos negó el argumento de las autoridades y afirmó que los censos realizados no han sido ajustados a la ley.
“Estamos defendiendo el territorio. Y luchando por los campesinos que no fueron tenidos en cuenta. Pensamos que no se debe realizar el proyecto sin un estudio liderado por el gobierno nacional. Ellos (EPM) quieren que el censo de impactados por el proyecto sea elaborado con apoyo de las alcaldías, y así no debe ser”, agregó.
Zuleta, también denunció una persecución por parte de las autoridades y dijo que les han limitado su derecho a protestar. Por eso, y luego de haber sido apresada por la Policía junto a varios campesinos, admitió que decidieron iniciar una serie de manifestaciones en Medellín. “Llegaremos hasta donde el Gobernador Fajardo para que él nos escuché”, concluyó.
Obras en hidroeléctrica avanzan a pesar de protestas y amenazas
No obstante el retraso de casi dos meses en el cronograma de la construcción de Hidroituango, EPM confirmó que el inicio de las obras principales comenzó en octubre pasado con las excavaciones del vertedero y portal del túnel de descarga.
La compañía de servicios públicos, reportó que los trabajos de infraestructura vial avanzan en un 93 por ciento y la excavación de túneles de desviación en las bóvedas y el banco están en 76 y un 18 por ciento, respectivamente.
De acuerdo con el más reciente informe de EPM sobre las obras, la vía Puerto Valdivia, que unirá la zona del embalse con el Bajo Cauca, está lista para ser abierta. Sin embargo, EL TIEMPO constató que a esa carretera aún le faltan tramos para su apertura.
Otros datos entregados por la junta directiva de la hidroeléctrica, entre quienes están la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, son la adjudicación de 33 contratos entre obras civiles, infraestructura, equipos electromecánicos, gestión ambiental y social, y apoyo logístico.
Así mismo, reiteraron que a la fecha 4.190 personas trabajan para el proyecto, de ellas 1.148 son de la región y 745 tienen empleos no calificados. Por otro lado 403 de ellos sí son calificados.
Firman convenio
Con el propósito de poner fin a las protestas e inconformidades de un grupo de comunidad contra el proyecto, la Gobernación, EPM y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), socializaron un convenio por 9.199 millones de pesos.
Con el acuerdo buscan fortalecer gobiernos locales y comunidades vulnerables del área de influencia de la obra. Además pretenden prevenir el reclutamiento, el trabajo y la prostitución infantiles en los 12 municipios de la zona.
Para Carlos Méndez, subgerente de medio ambiente de EPM, la zona necesita intervención estatal con convenios como el suscrito por su complejidad en cuanto a actores armados.
No obstante esa presencia, no ha habido un movimiento grande impulsado por las Farc. “Ellos están expectantes y querrían pescar en río revuelto”, concluyó.
Víctor Andrés Álvarez C.
Redactor de EL TIEMPO
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