Aumenta número de personas desplazadas en Cáceres, Antioquia

Aumenta número de personas desplazadas en Cáceres, Antioquia

El director de la Unidad para las Víctimas dijo que aún no hay garantías para un retorno.

Cáceres

Las personas que se desplazan están llegando al casco urbano de Cáceres.

Foto:

Jaiver Nieto Álvarez/ Archivo EL TIEMPO

22 de enero 2018 , 08:12 p.m.

A 386 personas agrupadas en 149 familias asciende la cifra de desplazados desde el 19 y el 22 de enero, desde varias veredas hacia el casco urbano de Cáceres (Bajo Cauca antioqueño), debido a presencia y enfrentamientos de grupos armados ilegales.

Los afectados, que salieron específicamente de las veredas Tamaná, Alto Ponciano, Campanario, El Tigre, y Anará, Buenos Aires, se les atiende en estos momentos en albergues temporales, donde se les brindan ayudas humanitarias.

De acuerdo con Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, de las 386 personas desplazadas, 169 son niños y adolescentes y 55 pertenecen a comunidades indígenas.

Desde que se conocieron los hechos, la Unidad para las Víctimas, la administración municipal y la gobernación de Antioquia, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), acompañan a las familias con orientación, alimentación y kits asistenciales para que puedan permanecer en la Casa del Indígena, donde se están albergando temporalmente.

Alzate expresó que hasta el momento la seguridad en la zona es compleja, por lo cual aún no se tienen las condiciones para el retorno de las personas. Sin embargo, Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, sostuvo que la Fuerza Pública está en el lugar para restablecer la seguridad.

Las autoridades explicaron que el temor de la población radica en las disputas territoriales de dos facciones del ‘Clan del golfo’ y que en la región también hay presencia del Eln. Aunque muchas personas se han ido por temor, a otras las han amenazado para que lo hagan.

Aún no se tienen las condiciones para el retorno de las personas

A estas familias se suman, en hechos diferentes, amenazas en la vereda El Rayo, del municipio de Tarazá, también en el Bajo Cauca, contra 40 barequeros, lo que también podría generar un desplazamiento, añadió el director, quien se mostró preocupado porque estas situaciones afectan los procesos de restitución de tierras que se venían adelantando en algunas de las zonas.

Sobre estos hechos, Richard Sierra, consejero de Relaciones Políticas y Justicia Propia de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), indicó que la población indígena en el Bajo Cauca es de 9.800 personas y que las zonas en las que más riesgo están por la presencia de grupos armados son Cáceres, Nechí, Caucasia y Zaragoza.

En esta región del departamento, añadió Sierra, hay 46 comunidades indígenas de los pueblos Embera Chamí, Senú y Embera Eyábida. “En cuestión de una hora hicieron desplazar tres veredas: Atoponciano, El Tigre y Samaná”, dijo el líder.

Alerta por situación de indígenas en Antioquia

La Organización Indígena de Antioquia (OIA) convocó a diferentes entidades sociales para dar un balance de la situación que esta población sufre en el departamento.

Según Richard Sierra, 17 familias indígenas han sido desplazadas en Cáceres. Estos hechos se suman al asesinato de Diana Luz Solano, hija de Rufino Solano, gobernador local de la comunidad la Esperanza; ocurrido el pasado 16 de enero, en Zaragoza (Bajo Cauca antioqueño).

La OIA espera reunirse esta semana con el gobierno departamental: “Mañana vamos a estar en una reunión con las autoridades. Nosotros queremos dialogar con ellas y elaborar nuestra propia visión de lo que está pasando y así proponer algún tipo de acciones”, indicó Sierra.

A la reunión también asistió Monika Hernando, directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Hernando hace parte de una comisión que estará revisando la situación de los líderes sociales en el departamento. También espera poder reunirse esta semana con el gobernador y el Defensor del Pueblo.

La situación del Urabá antioqueño fue denunciada por César Augusto Londoño, miembro del equipo jurídico de Forjando Futuros, fundación dedicada a la búsqueda de escenarios que propicien la paz.

Según Londoño, entre 2008 y 2017 fueron asesinados 22 reclamantes de tierra en Urabá. Solo el año pasado fueron asesinados seis de ellos. “No hay una voluntad política del gobierno departamental para la restitución de tierras”, aseveró.

Además, advirtió que habitantes de esa región están tratando de recuperar sus propiedades sin la ayuda de la Unidad de Restitución, lo que podría generar más conflictos. Londoño terminó su intervención con una advertencia: “el conflicto aún está presente; estamos en un posacuerdo, no en un posconflicto”.

Medellín

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