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Piden investigar crimen de reclamante de tierras

Domingo 26 de febrero de 2017
Medellín

Piden investigar crimen de reclamante de tierras

Porfirio Jaramillo era un líder activo de la organización de víctimas "Tierra y Paz".

Por:  MEDELLÍN | 

Organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado en varias ocasiones las intimidaciones contra reclamantes del Urabá antioqueño.

Foto: Archivo particular

Organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado en varias ocasiones las intimidaciones contra reclamantes del Urabá antioqueño.

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El pasado sábado 28 de enero en horas de la noche, cuatro hombres armados vestidos con prendas de uso privativo de la fuerza pública que se movilizaban en motocicleta, ingresaron a la vivienda del señor Porfirio Jaramillo Bogallo, ubicada en la comunidad Guacamayas, consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, y procedieron a retenerlo en contra de su voluntad, siendo testigos del hecho familiares y miembros de la comunidad.

Su cadáver fue encontrado en la madrugada del domingo 29 de enero, con heridas de arma blanca, en la zona de El Tigre, en la carretera que conduce de Nuevo Oriente a Chigorodó, a una distancia aproximada de 2 o 3 kms de su comunidad. Así lo relató Carlos Páez, presidente de la organización Tierra y Paz.

Era una muerte anunciada, aseguró Páez. “Porfirio había recibido amenazas hace cuatro o cinco meses, unos tipos armados le dijeron que abandonara la finca, él puso las denuncias en la Policía y la Fiscalía y dijo el nombre completo de quien lo había mandado a amenazar”, sostuvo el líder.

Páez también contó que Porfirio estaba viviendo en un pedacito de tierra de la finca que le pertenecía, a la que había regresado en el 2014, tras ser desplazado por los paramilitares, en 1997.

Sobre este tema, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) expresó en un comunicado su rechazo e indicó que el campesino había solicitado “la restitución de un predio ubicado en la vereda Buenos Aires, del corregimiento Nuevo Oriente, municipio de Turbo. En el caso del señor Jaramillo, la URT había activado en agosto pasado la ruta de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.

La institución también hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se investigue y judicialice a los responsables materiales e intelectuales del hecho y añadió que seguirá trabajando para devolverles la tierra a los campesinos que las han tenido que dejar por causa del conflicto armado.

Por su parte, el consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU), la Asociación de Consejos
Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) y el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP / Programa por la Paz,  repudiaron y lamentaron el homicidio del líder reclamante de tierras e hicieron un llamado a la URT y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para que garanticen una restitución y reparación integral, en condiciones de seguridad, a las víctimas de COCOLATU.

El presidente de la organización Tierra y Paz agregó que la situación para los reclamantes es muy compleja y que el asesinato de Jaramillo es el segundo que se presenta en el transcurso de enero en el Urabá antioqueño. “Para nosotros, esas muertes son por la reclamación, los están matando uno a uno, los están sacando de sus casas, los asesinan y el Gobierno no hace nada”, afirmó.

Por ello, reiteró su llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, pues conociendo las amenazas a Porfirio desde hace varios meses, no se implementaron medidas para evitar su muerte.

“Hoy, la familia está viviendo un dolor inmenso por la negligencia de las autoridades competentes, pedimos que prevengan antes de que sucedan las cosas. La Fiscalía tiene toda la información de la gente que está haciendo las amenazas en esta zona”, puntualizó Páez.

El Instituto Popular de Capacitación (IPC) y otras organizaciones de derechos humanos han reiterado desde hace muchos meses la necesidad de establecer un plan que proteja a los reclamantes de tierras del Urabá antioqueño y han denunciado constantemente agresiones, intimidaciones y amenazas en contra de los campesinos de la zona.

En Urabá, según la URT, se han devuelto a sus legítimos dueños cerca de 3.000 hectáreas.

MEDELLÍN

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