Violaciones en Granada, San Martín, Puerto López y Puerto Gaitán.

La presión de las bandas criminales y de las Farc contra la población vulnerable de los municipios de Granada y San Martín obligó a la Defensoría del Pueblo del Meta a emitir un informe de riesgo ante la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT).

El informe advierte sobre una seguidilla de acciones violentas por parte del denominado 'bloque Meta', banda criminal disidente del Erpac, entre las que el Ministerio Público destaca homicidios selectivos, desapariciones, extorsiones, reclutamiento forzado y desplazamiento en los dos municipios durante lo corrido del 2012.

En cuando al bloque Oriental de las Farc, la Defensoría hace énfasis en el aumento de las presiones para el pago de extorsiones y homicidios, en razón a que Granada y San Martín son considerados bastiones de la economía en el Ariari.

En Granada hay denuncias sobre una marcada presión contra la población desplazada en La Esperanza, Amparo, Villas de Granada, Morichal y Ciudad Florida.

Además, existe temor entre la población indígena asentada en San Martín de que las intimidaciones los obligue a salir de la zona.

Para aumentar su despliegue territorial la banda está acudiendo al reclutamiento forzado en los barrios marginales. Tanto desmovilizados de las Auc como los menores son objeto de amenazas y de ofrecimientos de 'trabajo' en Granada y San Martín. Incluso, hay información sobre jóvenes que tuvieron que abandonar sus casas ante el acoso constante de los reclutadores.
A esto se suman las amenazas de que son víctimas las trabajadoras sexuales para que a cambio de preservar sus vidas les entreguen información sobre lo que pasa en los poblados para planear acciones ilícitas.

Los otros municipios que están en la mira por violación de Derechos Humanos son Puerto Gaitán y Puerto López, por el recrudecimiento de las acciones criminales de la banda 'Libertadores del Vichada'.

La CIAT emitió alertas tempranas para que los organismos de seguridad, la Gobernación y las alcaldías tomen medidas. Sin embargo, por la intensificación de los homicidios entre septiembre y octubre, que son atribuidos a una 'limpieza social' por parte de la banda, así como una purga interna y persecución a quienes reclaman tierras, la Defensoría del Pueblo está evaluando emitir una nota de seguimiento pues el riesgo persiste.

REDACCIÓN LLANO 7 DÍAS