Casas invadidas, arrendadas, desocupadas e incluso vendidas hicieron parte del inventario final de hallazgos hechos por la Gerencia de Vivienda, luego de la visita hecha casa por casa, precisó Édgar Jara, gerente de la entidad.

El listado de habitantes se confrontó con los beneficiarios. A las 130 que no coincidían les abrieron procesos sancionatorios. 

Con cerca de cien familias establecieron plazos y compromisos perentorios. "La gente rindió sus descargos, solicitaron plazos para hacerles arreglos a las viviendas y poderse pasar", dijo Édgar Jara.

Las 30 restantes entraron en proceso de restitución del subsidio de vivienda porque no tuvieron cómo clarificar el estado del inmueble, dijo Jara; eso sí, respetando el debido proceso, advirtió.

Algunos de los dueños de las casas arrendadas empezaron a reclamar la propiedad, mientras que los inquilinos piden plazo para desocupar los inmuebles.

El juez de Paz Manuel Antonio Fonseca ha terciado en la devolución de por lo menos tres de ellas en el área cerrada del complejo habitacional.

Uno de los casos más dramático lo viven dueños e inquilinos de la casa número 16 de la manzana G, que hace 20 días comparten la vivienda.

Mientras que los beneficiados reclaman su derecho a la vivienda, los arrendatarios subieron a 500.000 pesos la suma que piden para irse de la casa, además de que incumplieron el acuerdo al que llegaron con el Juez de Paz que les daba plazo para desalojar la vivienda hasta el pasado 3 de noviembre.

Si el conflicto no es resuelto por la vía del Juez de Paz, "tendríamos que entrar a tomar una medida drástica", dijo Édgar Jara. Los dueños, por su parte, alegan que arrendaron por motivos de "fuerza mayor". Ambos tuvieron que irse a trabajar por fuera de Villavicencio, aseguraron.