Indígenas que viven en el sector de Barrancón, dicen que corren riesgo por actos militares.

Un poco escépticos y sin mucha alegría, más bien incrédulos, recibieron los indígenas de la etnia jiw la decisión de la Corte Constitucional de ordenarle al Ejército que entregue 6 hectáreas de un resguardo en el sector de Barrancón, en las afueras de San José del Guaviare.

Allí el Ejército tiene montada la Escuela de Fuerzas Especiales y su presencia ha causado malestar en las comunidades indígenas jiw y nukak maku, que llegaron a esa zona desplazados por el conflicto armado e hicieron un asentamiento que hoy es un resguardo.

Reinaldo Pinzón, vocero de la comunidad jiw, sostuvo que el fallo no ordena el retiro de la base militar sino de la tropa que habita en esos terrenos y con tono un poco animado pidió que su retiro ojalá sea pronto.

Añadió que tropas del Ejército hacen en el sitio prácticas permanentes de polígono y que en los últimos años ha habido 11 heridos, producto de las acciones de entrenamiento militar en el terreno.

Pinzón dijo que ante esas eventualidades han recibido ayuda de la Secretaría de Salud del Guaviare y de la Defensoría del Pueblo.
Según un informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la base militar tiene ocupadas 6 hectáreas del resguardo en las que mantiene 19 construcciones.

La Corte consideró que estas comunidades están siendo afectadas por el conflicto y el desplazamiento forzado en sus áreas ancestrales, con lo cual se violan los derechos fundamentales de sus miembros.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que acatará el auto de la Corte Constitucional.
"Respetamos la justicia y acataremos la decisión de la Corte", aseguró Pinzón.

La zona es considerada clave para la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo.

El ministro de Defensa indicó que la situación no marca un precedente para la salida de las tropas del Cauca, como lo ha pedido la guardia indígena Nasa.

En Barrancón (Guaviare) viven 150 familias representadas por 675 personas, de las cuales 190 son niños con edades entre 0 y 12 años.

Para Reinaldo Pinzón, líder jiw, lo que más le interesa a la comunidad es que el Ejército se retire de tierras de su resguardo y que direccionen el polígono en el que hacen prácticas para que sus malocas no queden expuestas a la artillería de los soldados.

Según el indígena, la presencia de las tropas en ese sitio está desde 1984 y ahora cuentan con seis meses para iniciar la retirada, según lo dispuesto por la Corte Constitucional.

REDACCIÓN LLANO 7 DÍAS