Mientras que el gobierno departamental defiende la entrega de comercialización del licor a la Industria Licorera de Caldas, los distribuidores dicen que se debe hacer por licitación.

Un ambiente de muy alta temperatura se vive en la capital del Meta ante la posible comercialización del aguardiente Llanero por parte de la Industria Licorera de Caldas.

Mientras que el gobierno departamental ve con buenos ojos el negocio con la empresa caldense, el cual se hará a través de un convenio interadministrativo, las comercializadoras y pequeños distribuidores, que unidos a diputados como Carlos Osorio y el mismo Contralor del Departamento, Jaime Alberto Rodríguez, lo critican.

El mandatario Darío Vásquez Sánchez, asegura que la Industria Licorera de Caldas le garantiza al departamento la venta de un número determinado de botellas al año, cifra que debe superar las 960 mil que se vendieron en 2007.

En días pasados, Vásquez Sánchez aseguró que el posible acuerdo interadministrativo entre la Unidad de Licores del Meta (ULM) y la Industria de Licores del Caldas será similar a otros firmados por esta última entidad con departamentos como Norte de Santander.

El pasado viernes el gobernador, acompañado por la gerente de la ULM, Yenni Mancera, estuvo en Manizales donde se reunieron con las autoridades de esa zona y las directivas de la Industria Licorera para hablar sobre los aspectos básicos del convenio.

Vásquez Sánchez anunció que directivos de la Industria Licorera de Caldas y funcionarios del departamento de Caldas vendrán a Villavicencio para explicar el convenio. Aunque no se precisó la fecha en que llegarán, fuentes de la Gobernación dijeron que la visita se realizaría a finales de esta semana.

El gobernante y la gerente de la Unidad de Licores han guardado silencio en torno del alcance de la propuesta que ellos recibieron en la visita que hicieron a Manizales.

Por su lado, el asesor jurídico de la gobernación, Édgar Ardila, comentó que el acuerdo interadministrativo permite que la Industria Licorera de Caldas fabrique los licores del departamento, maneje la distribución, promoción y comercialización de estos.

Sin embargo, para los asesores jurídicos de las empresas El Proveedor y Macapai, Santiago Caballero y Camilo Rey, respectivamente, el gobierno del Meta estaría incurriendo en errores jurídicos al delegar un negocio que por el monto de dinero que maneja (14.000 millones de pesos al año) debe hacerse mediante licitación.

Los dos abogados manifestaron que el gobierno departamental puede delegar mediante convenio la producción y promoción del aguardiente, pero lo que no puede hacer es entregar a través de ese mecanismo su comercialización y distribución.

Según ellos, en el convenio se define la comercialización de 1'100.000 botellas de aguardiente Llanero y se determina acabar con el ron San Martín Añejo.

Convenio afecta la marca Meta

El anuncio del gobernador, Darío Vásquez Sánchez, de entregar la distribución y comercialización de los licores metenses a la Industria Licorera de Caldas produjo la reacción del diputado Carlos Osorio quien expresó que entregar el manejo de un negocio tan importante a través de un acuerdo interadministrativo, se convierte en una acción que va en contra de los principios de libre competencia.

Aseguró que este acto se constituye en un pésimo mensaje para que "gente de nuestra región se sienta con plenas garantías y deseos de comercializar productos con la marca Meta".

Agregó que esos empresarios metenses le han apostado al desarrollo del departamento y ahora se les pretende dejar por fuera de un mercado como el de la distribución de los licores.

Precisó que para que haya equidad, el gobierno departamental debe abrir un proceso de licitación en el que todas las empresas que participen tengan las mismas posibilidades de ganar.

"La licitación es el mejor mecanismo que se pueda dar para determinar los potenciales comercializadores de los licores metenses, por cuanto todos los participantes cuentan con la misma posibilidad de ganar, así sean de acá o de fuera de la región".

Sostuvo que hay que examinar muy bien el convenio para ver si dentro del mismo se incluye una cláusula en la que se invocan situaciones de fuerza mayor que determinen que se reduzca la meta de ventas de botellas por año.

Los conceptos de Osorio son compartidos por el también diputado José Luis Silva.