Aunque eran los encargados de vigilar que no hubiera malversaciones con plata de regalías, habrían pedido dinero por ocultar irregularidades.

Mientras determina si pidieron plata por el manejo de investigaciones sobre regalías en cuatro departamentos del país, la Procuraduría decidió suspender de a los abogados Gilma Mahecha, Adriana Botero, Luisa Sierra y Patricia Ríos y el ingeniero Gustavo Quintero, adscritos a la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales.

Todos fueron denunciados por una funcionaria de la Oficina de Control Interno del Congreso.

Ella asegura que la amenazaron con involucrarla en investigaciones disciplinarias si no se ponía de acuerdo con ellos.

"Podrían haber tramitado peticiones irregulares contrarias a las funciones del Ministerio Público (...), gestiones para favorecer a los investigados", dijo ayer la Procuraduría, que ahora sigue el rastro de sus propias averiguaciones en La Guajira, Casanare, Atlántico y Vichada.

La Procuraduría adelanta en este momento decenas de procesos por mal manejo de plata de las regalías. Esa situación ha afectado especialmente a Casanare, que maneja plata procedente del petróleo.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía para que también inicie una investigación penal.

"Es un proceso disciplinario, resultado de una investigación interna en la Delegada de Asuntos Territoriales en la que están comprometidos algunos funcionarios. Se procedió a la suspensión provisional en sus cargos", ratificó el procurador Edgardo Maya Villazón.

Según la investigación interna que adelanta la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, estas personas habrían exigido dinero a funcionarios municipales y departamentales a cambio de omitir en sus informes posibles irregularidades encontradas en el manejo de las regalías.

Medida preventiva

Aunque la investigación aún no termina, el Procurador consideró que hay méritos suficientes para apartar temporalmente del cargo a los investigados.

Esa medida, según el Código Único Disciplinario, es procedente si se evidencian "elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere".

Los funcionarios investigados realizaban visitas a los municipios y departamentos y ejercían vigilancia sobre las entidades particulares que cumplen función pública y manejaban recursos provenientes de las regalías y las transferencias.

Entre sus atribuciones estaba la de establecer en qué casos se encontraban en riesgo los recursos públicos.

También vigilaban el trámite de las actuaciones judiciales que se adelantaban en los casos de corrupción denunciados sobre los bienes y recursos de la Nación.

Ahora, la Procuraduría está en la tarea de seguirles el paso a las decisiones en las que intervinieron los cuatro abogados y el ingeniero.

Según confirmaron fuentes de la entidad, hay especial atención sobre las actuaciones del último año, cuando empezaron las denuncias en contra de los cinco funcionarios.

Las investigaciones, dijo el procurador Maya, se realizan si afectar el derecho de las personas investigadas a la defensa y a la presunción de inocencia. Los funcionarios fueron notificados de las medidas en su contra desde el pasado 30 de mayo, según informó la Procuraduría.