Según Pinilla, por este motivo el plazo que tienen Procuraduría y ciudadanos para intervenir en el proceso solo empezará a correr a mediados de noviembre.

El plazo, que había sido anunciado por el magistrado Pinilla, se cumplió hace más de un mes.

De manera que el Procurador tendrá 30 días hábiles para dar un concepto, que no obliga, sobre la ley que aprobó el referendo reeleccionista. Simultáneamente, empiezan a correr 10 días hábiles para recibir pronunciamientos de sectores interesados.

Sin ese trámite, el magistrado Sierra Porto no puede entregar su ponencia, para cuya elaboración tiene 30 días hábiles una vez reciba el concepto del Ministerio Público.

Así las cuentas, y con la vacancia judicial de un mes de por medio, la Corte en pleno solo estaría revisando la ponencia a finales de enero, y tiene otros dos meses hábiles para decidir.

Las elecciones presidenciales son el mes de mayo próximo y hay sectores que sostienen que el fallo de la Corte no estaría a tiempo para que, si es favorable, se citara a votación para un referendo.

Ayer, el magistrado Pinilla señaló que ese tribunal no reducirá los tiempos para entrar a estudiar el referendo de reelección presidencial, pues "hay otros temas importantes que deben ser resueltos".

Allí, por ejemplo, están en trámite los referendos del agua y el de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

El texto del referendo llegó a la Corte Constitucional el pasado 8 de septiembre, casi seis días después de ser aprobado en el Congreso, pero las actas se tardaron dos meses más en llegar.

Desde esa fecha han llegado a la Corte una serie de recursos, entre los que aparecen solicitudes de pruebas específicas y recusaciones contra los nueve magistrados de ese alto tribunal. Todas han sido rechazadas.

REDACCIÓN JUSTICIA