El año pasado la producción de cocaína pura en Colombia cayó a su nivel más bajo, en las casi dos décadas que lleva el país como principal fuente del alcaloide en el mundo.

Según la CIA, marcó una cifra de 295 toneladas métricas. En el 2007 la producción de las 'cocinas' de los narcos fue de 485 toneladas de esa droga.

Se trata de una reducción histórica, pues las mediciones sobre la producción en los laboratorios clandestinos llegó a marcar, hace menos de cinco años, 680 toneladas de cocaína. Un documento oficial de la Embajada de E.U. aseguró ayer que se trata del segundo año consecutivo en el que cae la producción.

¿Razones para los buenos resultados? Las agencias de E.U. mencionan el incremento en la erradicación manual, que asegura la destrucción real de las matas de coca (95 mil hectáreas en el 2008), y la aspersión aérea, programa que incluyó la fumigación de 133 mil hectáreas de narcocultivos el año pasado.

La medición de E.U. coincide con la realizada por la ONU en cuanto a la tendencia a la baja en el número de hectáreas, pero arroja 40 mil más que la cifra reportada por Colombia para el 2008: según E.U., en el país había el año pasado 119 mil hectáreas de coca, 48 mil menos que en el 2007. Las cifras del Simci hablan de 81 mil hectáreas el año pasado, frente a 99 mil en el 2007 (18 mil menos).

En contraste, dice la CIA, los narcos en Bolivia y Perú han incrementado su producción de cocaína. En Perú, a 215 toneladas métricas, y en Bolivia, a 195. En todo caso, señala el informe, se trata de la más baja productividad de los tres países andinos por lo menos desde 1997 y la cifra está lejos de las 1.055 toneladas que se calcula se produjeron en el 2001.

El impacto de esos buenos resultados, dice Washington, se siente en las calles norteamericanas.

Allá, según la DEA, el precio de un gramo de cocaína pura ha aumentado desde el 2007 en un 77,1 por ciento, de $99,48 dólares a 176,14 dólares. Al tiempo, la pureza de cada dosis vendida en las calles cayó de 67 por ciento a 49 por ciento. Es decir, en este momento un gramo de droga que se vende en calles de E.U. tiene más de la mitad en mezclas.

REDACCIÓN JUSTICIA

Arrubla respondió este viernes a las críticas que han lanzado en los últimos días el presidente Álvaro Uribe y el ministro del Interior, Fabio Valencia, contra los miembros de ese alto tribunal y que ha subido la tensión en las relaciones de los dos poderes.

La intervención del vicepresidente de la Corte se produjo durante la clausura del XII Encuentro de la Justicia en Paipa (Boyacá).

Arrubla también cuestionó las intromisiones que, a su juicio, ejerce el Ejecutivo no solo en la Rama Judicial sino en el Legislativo y que ponen en entredicho la independencia de los jueces.

"Los tiempos cambian, la separación de poderes, gran sueño ideal del liberalismo, no deja de ser un hecho del pasado, si es que alguna vez se presentó. El contrapeso de poderes del Ejecutivo y el Legislativo, no existe, se cambió por la coalición de gobierno, que los confunde en el propósito político del gobernante de turno --reclamó Arrubla--. La confianza en la objetividad de los congresos como órganos independientes ha desaparecido", dijo.

Horas antes del discurso del vicepresidente de la Corte, en un foro de empresarios en Barranquilla, el ministro Valencia Cossio dijo que el Gobierno no era responsable de la crisis que vivía la Justicia, que los problemas de los jueces no podían achacarse a la falta de apoyo del Ejecutivo y que no hay por su parte injerencias para minar su independencia.

Valencia Cossio también respondió a los jueces que, desde Paipa, pidieron al Gobierno que reviva la figura del Ministerio de Justicia.

"Lo importante, entonces, no es que exista o no Ministerio de Justicia, sino que se administre justicia", dijo el Mininterior.

En su intervención, el magistrado Arrubla no dejó de lado los roces que ha sostenido la Corte con otros tribunales como el Consejo Superior de la Judicatura que ha tumbado algunos de sus fallos por tutelas contra sentencias judiciales.

"La posibilidad de que los jueces de origen político intervengan en decisiones de otros jueces que no tienen esa procedencia, pone en el filo de la navaja la independencia del sistema", aseguró.

El jurista criticó a algunos medios de comunicación que exageran en su deber de dar información y descalifican en sus editoriales la labor que cumplen los jueces y dijo que la tutela contra providencias judiciales es la vía que encontró la clase política para penetrar en las decisiones de la justicia.

Arrubla finalizó su intervención con el tema presupuestal y manifestó que la Rama debe disponer de recursos adecuados para su correcto funcionamiento.

"Con el 1.2 por ciento de participación en el presupuesto nacional, poco podemos hacer porque exista un verdadero acceso a la justicia", dijo.

MARÍA ANDREA RICO MENDOZA
ENVIADA ESPECIAL
PAIPA

Se espera que el informe de luces sobre cómo se dio el incendio que devoró los archivos y los expedientes que había en el edificio.

La intervención sobre el tema la hizo este viernes en Paipa (Boyacá) el presidente de la Corte Constitucional y uno de los tres miembros de la Comisión de la Verdad, el magistrado Nilson Pinilla, quien señaló que los guerrilleros del M-19 que se tomaron el Palacio no provocaron la conflagración de manera deliberada.

Las llamas, aseguró Pinilla, se produjeron accidentalmente en medio de la lucha que se vivió entre el Ejercito y el grupo subversivo en el interior del Palacio, unos por retomar el control de la edificación y los otros por repeler la respuesta de la Fuerza Pública.

 "No se sabe como se inició el incendio. Pudo haber sido accidental si se puede llamar así a tanto disparo que hubo", agregó.

El magistrado Pinilla también refutó las últimas versiones que han circulado sobre la muerte del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona.

"No es cierto que haya salido vivo del Palacio de Justicia y que luego su cadáver haya sido regresado a la entidad; por testigos directos sabemos que un guerrillero sobreviviente del M-19 le disparó a pocos metros de distancia cuando el Magistrado boyacense estuvo a punto de salir caminando del edificio", dijo el Presidente de la Corte Constitucional.

El magistrado también indicó que Horacio Durán, consejero de Estado auxiliar sí salió vivo del Palacio de Justicia, "cojeando pero vivo y luego su cadáver fue encontrado al interior de la edificación", apuntó Pinilla, quien agregó que el informe final de la Comisión de la Verdad será entregado a la Corte Suprema de Justicia el próximo 17 de diciembre.

"Le cumplimos a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte le cumplió a sus magistrados asesinados con un informe lo más cercano posible a los verdaderos acontecimientos acaecidos el 6 de noviembre del 1985", señaló el Presidente de la Corte Constitucional.

Pinilla expuso cómo se ha desarrollado la investigación sobre el holocausto del Palacio de Justicia y dijo que dentro del proceso se han adelantado audiencias y entrevistas con testigos oculares del hecho y familiares de víctimas.

"El 22 de mayo de este año tuvimos un conversatorio con el ex ministro Jaime Castro y con la líder de ese entonces del M-19, Vera Grave, junto con el director de la Asociación de Oficiales Retirados, Juan Salcedo Mora", agregó Pinilla.

"La reconciliación solo se puede edificar a partir de la verdad y a partir de que el gobierno de la República de Colombia reconozca las fallas del estado en la retoma del Palacio de Justicia; reconciliación que solo se puede edificar desde el momento es que se sepa a ciencia cierta qué fue lo que pasó", aseguró el Magistrado.

Sobre los hechos del Palacio también se refirió el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Augusto Ibañez, quien aseguró que "la jusiticia está experimentando ataques muy similares a los que se vivieron hace 24 años". 

"Gracias a los aportes de la comisión la verdad en Perú, el ex presidente Alberto Fujimori fue condenado por delitos como homicidio y corrupción. En mi país nadie creía que el ex Presidente hubiera participado en estos delitos".

Así lo aseguro Víctor Quinteros Marquira, coordinador ejecutivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de Perú, quien hizo parte de la Comisión de la Verdad en ese país y ex asesor del juicio contra Fujimori.

"En todo proceso de transición es importante contar con una comisión de la verdad para conocer los hechos con mayor detalle, con ello el poder judicial se ve nutrido y favorecido con este tipo de estudios realizados por investigadores y profesionales", indicó Quinteros Marquira.

El coordinador Ejecutivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de Perú también aseguró que con la comisión de la verdad no se pretende sustituir el trabajo del poder judicial, porque no tiene jurisdicción en ella, pero aporta datos valiosos al poder judicial.

"Esta comisión está llamada para conocer la verdad que la población exige, pero como insumo técnico a la labor judicial. La verdad judicial se ve favorecida por este tipo de estudios", sostuvo.

MARÍA ANDREA RICO MENDOZA
PAIPA

Según el representante, es necesario hacer profundas reformas estructurales y procedimentales de la Ley y combinarla con instrumentos como una comisión de la verdad o de víctimas que responda a los estándares internacionales.

También cuestionó que la Ley no haga diferencias entre personas que han cometido delitos graves y quienes han cometido delitos de menor impacto y criticó las penas de ocho años en personas que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Al mismo tiempo lamentó que no haya sido aprobado el proyecto de ley de víctimas que pasó por el Congreso de la República.

"Cuestionamos que una condena de ocho años sea idónea cuando se trata de crímenes de guerra y lesa humanidad, siendo que el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece una pena mínima de 30 años para este tipo de delitos", señaló el funcionario de la ONU.

A juicio de Salazar Volkman, las cifras demuestran que una cantidad muy reducida de presuntos perpetradores se han sometido a la justicia bajo la Ley 975.

"Los máximos responsables de los organismos desmovilizados no están siendo castigados y nadie ha sido condenado ni siquiera parcialmente. Hasta ahora la ley no ha contribuido a crear justicia y esto es preocupante y frustrante, sin embargo quiero aclarar que el hecho de que esta ley no haya generado justicia, no significa que pensemos que es innecesaria", concluyó.

MARÍA ANDREA RICO MENDOZA
ENVIADA ESPECIAL
PAIPA

Después de recorrer 200 kilómetros por la sabana de Bogotá durante noche y día, llegaron a las 6 de la tarde a la Dirección General de la institución.

Durante todo el recorrido estuvieron acompañados por el apoyo de la gente que desde buses, balcones y motos los alentaban y gritaban !Libertad, Libertad!

Los integrantes de Frapon inicaron estas actividades el año pasado. Los recorridos completan 1.800 kilómetros por todo el país y su objetivo es sensibilizar a la gente sobre los 17 policías y 8 militares que llevan años en una selva y viviendo su vida a través de la radio.

"Estas son pruebas de fortaleza pequeñas frente a lo que afrontan los secuestrados. Allá tienen frío, hambre y miedo. Nosotros vamos protegidos por la Policía y sabemos que después de este esfuerzo podremos descansar", dijo el presidente de Frapón, sargento Luis Alberto Ninco.

De 16 participantes que iniciaron la hazaña en la Escuela General Santander, 13 pudieron llegar hasta el final.

Las condiciones climáticas, desde el comienzo, comenzaron azotar a los discapacitados que partieron de la Escuela General Santander con un fuerte aguacero y pasaron la noche con temperaturas por debajo de los 3 grados centígrados.

"El que es policía un día, es policía toda la vida", respondían con alegría algunos marchantes a los transeúntes que les brindaban aguadepanela caliente, almohábanas, flores, y hasta, dulces.

"La gente decía que parecían de mentiras, no creían que llevaran 24 horas remando en una silla de ruedas", dijo Martha Herrera, directora de comunicaciones de Frapol quien también llamó la atención del apoyo que recibieron de la Policía de Carreteras, la Dirección de Sanidad de la institución y los organismos de socorro.

Al termino de la marcha, en una sentida ceremonia en la Dipol, se llamó a lista a cada uno de los secuestrados. Al nombre de cada plagiado los asistentes respondían: "presente".

Según Hernández "a pesar de que no se sepa dónde ni en qué condiciones, los secuestrados existen y qué mejor que apoyarlos enviándoles el mensaje de que los sentimos presentes".   

REDACCIÓN JUSTICIA

Pero el Consejo de Estado consideró que en ninguna de las negociaciones previas había antecedentes de los nuevos compromisos y sugirió que el texto, como cualquier tratado, fuera ratificado por el Congreso y examinado en la Corte Constitucional, concepto que el Gobierno no acogió. Vea detalles del convenio.

Así quedó lo referente a garantías a los países vecinos

El acuerdo establece que las operaciones serán "mutuamente acordadas" y "requerirán ser autorizadas y coordinadas con las autoridades colombianas pertinentes". Señala que "las partes se comprometen a fortalecer y apoyar iniciativas de cooperación regionales y globales", y expresamente, en el Artículo III párrafo 4, señala que lo cumplirán "de manera que concuerde con los principios de igualdad soberana, de la integridad territorial de los estados y de la no intervención en los asuntos internos de otros estados". El acuerdo se firmó por 10 años prorrogables.

Frente a las bases

Colombia "continuará permitiendo el acceso y uso" de naves y personal de E.U. a las bases de Palanquero, Malambo, Tolemaida, Florencia (Larandia), Apiay, Bahía Málaga y Cartagena. En todas había operaciones norteamericanas, salvo en Palanquero. El acuerdo deja abierta la puerta para permitir "el acceso y uso de las demás instalaciones o ubicaciones que convengan las partes o sus partes operativas". Los aviones militares de E.U. podrán utilizar los aeropuertos internacionales colombianos. Antes se concentraban casi exclusivamente en Eldorado de Bogotá, conectado a la pista militar de Catam. Aaeronaves y buques no se someterán a inspección.

Sobre operaciones

El Acuerdo habla de operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo. No menciona ningún tipo de nave, buque o sistema especial. El Artículo Quinto, en su párrafo 4, dice que "cuando se requiera, las aeronaves de Estado de los Estados Unidos que lleven a cabo actividades mutuamente acordadas en el espacio aéreo colombiano tendrán un observador aéreo de Colombia a bordo". Lo mismo pasará en los buques y, según funcionarios colombianos, esta es la garantía de que el país tendrá acceso a inteligencia contra los narcos o los grupos armados irregulares en tiempo real.

El Artículo 15 señala que "el personal de E.U. estará autorizado a usar uniforme" y que "podrá portar armas para actividades que se lleven a cabo en el marco del presente acuerdo". Una vez más, el tema se remite a un futuro, a "acuerdos de implementación", pero el embajador Brownfield garantizó que "nunca" habría intervención de norteamericanos armados en operaciones. El acuerdo prevé "observadores aéreos" de terceros países, un concepto que también tuvo reparos en el Consejo de Estado.

Sobre el polémico punto de la inmunidad al personal estadounidense

Colombia aceptó darles a los militares y contratistas norteamericanos inmunidad de personal diplomático.

El país se compromete a "garantizar que sus autoridades verificarán, en el menor tiempo posible, el estatus de inmunidad del personal militar de los Estados Unidos y sus personas a cargo que sean sospechosas de una actividad criminal en Colombia y la entregarán a las autoridades diplomáticas o militares apropiadas".

Por su lado, E.U. garantiza tomar "todos los pasos necesarios para asegurar que el personal y sus personas a cargo sean investigados con la colaboración de las autoridades colombianas".

También se compromete a informar a Colombia y dice que "considerará con el debido interés cualquier solicitud de renuncia a la inmunidad en las causas que las autoridades de Colombia consideren de especial importancia".

El Consejo de Estado argumenta que Colombia entregó una inmunidad "desproporcionada". El acuerdo dice que el personal de E.U. podrá estar en el país hasta por 90 días, pero el Artículo 9 deja un resquicio: "a menos que se acuerde mutuamente de otra manera".

La inmunidad se extiende a las "personas a cargo" de los militares y contratistas. Esto es, cónyuges, hijos que dependen de ellos para su manutención y quienes por razones legales, financieras o de salud también dependen de ellos.

REDACCIÓN JUSTICIA

En un salón afuera de los patios y en medio de un intenso calor, los internos se sentaron en sillas tipo pupitre mientras el funcionario se paró frente a ellos, los saludó y luego se sentó en otra silla similar para debatir la situación de unos 6.300 internos que conviven en un penal con capacidad para 2.500.

El tema álgido de la reunión fue el clima de violencia y el dominio de los llamados 'caciques' en Bellavista. Hace una semana en pleno ingreso de visitas del domingo, varios sicarios asesinaron a Leymar Londoño, auxiliar bachiller de la Policía, que prestaba el servicio en la cárcel, otro guardia salió herido y dos pequeños, una niña y un niño, de 6 años, sufrieron lesiones en sus piernas.

El hecho, sumado a las denuncias por el manejo de varios líderes de 'combos' presos que aún mantenían control sobre plazas de vicio en las comunas de Medellín, obligó a un traslado masivo de 103 internos el pasado jueves y a la visita del Ministro al penal.

"No es cierto que existan esos caciques sino que acá tenemos líderes que ayudan en el manejo de los internos para su control y conteo. Pero no se hace extorsión o se obliga a los reclusos a pagar por servicios", dijo uno de los internos.

Sin embargo, tanto el ministro Valencia como el propio director de Bellavista, coronel José Nadín Zuleta, dijeron que la realidad era otra por lo que anunciaron nuevos traslados.

"Vamos a acabar con 'combos' y caciques en el penal. Por eso, para el 15 de diciembre habrá un traslado de 600 presos y esperamos para agosto del 2010 sacar un total de 2000", dijo el Ministro.

Los reclusos también se quejaron por la mala alimentación del penal y la falta de medicamentos, entre otros requerimientos.

"Nos toca esperar hasta cuatro horas para recibir el almuerzo y cuando lo tenemos en nuestras manos no provoca comerlo", dijo Diego Édison Sánchez, vocero del patio 16 del penal.

La queja, según el propio ministro Cossio, es repetida en casi todo los penales del país. Por eso, se comprometió a revisar los contratos de prestación de alimentos en las cárceles.

Valencia también anunció que para el 7 de agosto del 2010 el Gobierno espera entregar 10 nuevas cárceles en el país que brindarán un total de 23 mil nuevos cupos de los cuales Medellín tendrá la prioridad.

MEDELLÍN