Javier Fernández, delegado adjunto de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo ayer que ese organismo "está listo para hacer un acompañamiento" en ese campo.

Fernández advirtió sin embargo que un mecanismo de ese tipo no puede relevar al Estado colombiano de la obligación de investigar los crímenes de los actores armados y hacer justicia frente a los mismos: (La Comisión) "estaría dirigida sólo a protección de victimas que no están vinculadas a procesos judiciales", dijo el delegado en el foro Memoria histórica, Verdad y Justicia, organizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Centro Internacional para la Justicia Transicional.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Augusto Ibáñez Guzmán, reiteró el llamado al Gobierno para que apoye la iniciativa y propuso que se adopte un modelo similar al utilizado en los informes finales de las masacres de Trujillo y El Salado, que calificó  de exitosos.

"Una Comisión de la Verdad ayudaría en la construcción de la memoria histórica.

Existe una verdad sociológica y psicológica que no recogen los expedientes judiciales y que debe ser reconstruida para que haya reconciliación y verdad en Colombia", dijo el magistrado

Según el Presidente de la Corte, la Ley de Justicia y Paz, bajo la cual se desarrollan las confesiones de los paramilitares, es incapaz de abarcar la totalidad de los crímenes de esos grupos, lo que cerraría las puertas a la posibilidad de que se conozcan todos los hechos de violencia y así evitar su repetición: "La experiencia ha demostrado que son muchos los hechos en los que ya no se pueden continuar el trámite judicial por prescripción o porque las víctimas ya no existen", agregó Ibáñez.

El Vicefiscal General de la Nación, Fernando Pareja, dijo por su lado que es importante que los resultados de las investigaciones a los que llegue esa Comisión de la Verdad sean aportados después a los procesos judiciales en curso.

Las asociaciones de victimas afirman que Justicia y Paz, cuatro años después, está a punto de colapsar.

Hasta ahora no hay ni un solo paramilitar condenado por los crímenes cometidos en más de 20 años de accionar delincuencial y la extradición de varios de los principales jefes, señalan la Fiscalía y la misma Corte, ha frenado el ritmo que traían las investigaciones.

El abogado Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, quien también estuvo en el foro dijo que considera importante la propuesta hecha por la Corte Suprema y que las organizaciones de víctimas la respladarían si se mantiene como un organismo independiente, libre de manipulaciones y que cuente con la tutela del alto tribunal.

"Estamos ante una crisis profunda de la la Ley de Justicia y Paz y el sistema está a punto de colapsar. Debemos buscar alternativas", con concluyó el abogado Cepeda.

Último balance de la Ley de Justicia y Paz

• ONU alerta por impunidad en casos de tortura en Colombia
• Comité de ONU contra Tortura criticó 'chuzadas' del DAS y pidió respeto a independencia de jueces

El operativo, llamado Operación Limpieza del Mercado Negro del Peso (BMPE, por sus siglas en inglés) lo realizó un grupo élite llamado El Dorado Task Force, conformado por agentes de varias agencias federales encabezados por ICE (agencia de aduanas e
 inmigración).

"La confiscación de más de 400 cuentas bancarias en este caso es un ejemplo excepcional de cómo el Gobierno federal está golpeando a los barones de las drogas donde más les duele, en sus cuentas bancarias", dijo el secretario auxiliar de ICE, John  Morton.

La investigación determinó que los mafiosos hacían pequeños depósitos de dinero a los lavadores, quienes compraban mercancías en E.U. y luego las enviaban a Colombia, donde eran vendidas a través de distribuidoras que surtían a comerciantes. De esa forma los narcos lograban blanquear el dinero.

"El mercado negro del peso es un método primario usado por los traficantes colombianos para lavar sus fondos ilícitos (...) Los traficantes de narcóticos y los lavadores mueven sus dólares ilegales utilizando cuentas domésticas que presentan como negocios particulares para hacer negocios en E.U.", indicó el Departamento de Estado de E.U., al anunciar el operativo.

El cuerpo élite El Dorado Task Force fue creada en 1992 y en operaciones contra pequeños lavadores de dinero ha logrado incautar más de 600 millones de dólares provenientes del narcotráfico y ha capturado a mas de 2.000 personas vinculadas con negocios ilícitos.

REDACCIÓN JUSTICIA

Así lo señaló un informe del gobierno colombiano que causó una dura respuesta del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

Este fue uno de los 35 puntos por los que respondió el embajador colombiano Angelino Garzón  en Ginebra y que provocó de inmediato críticas del relator Fernando Mariño Menéndez.

"Hay muy pocas investigaciones, y las condenas son escasas con respecto al número de denuncias interpuestas por casos de tortura", señaló.

Según la información suministrada por el Gobierno colombiano, casi la mitad de estas denuncias (4.060) han sido planteadas frente a mecanismos nacionales o internacionales extrajudiciales,  pero  no en la Fiscalía.

Es la cuarta vez que Colombia es evaluada por este Comité. En esta oportunidad, el Relator habló de un supuesto enmascaramiento de casos y se refirió a las denuncias de 'falsos positivos'.

Al respecto, el embajador Garzón y un equipo delegado del  Gobierno informaron que  hay 150 militares condenados, 300 en juicio y 800 en investigación por el presunto delito de homicidio en persona protegida.

REDACCIÓN JUSTICIA

• ONU respalda creación de Comisión de la Verdad para procesos de Justicia y Paz

Mientras en Bogotá el delegado Javier Fernández respaldaba en nombre de la ONU la propuesta de la Corte Suprema para crear una comisión de la Verdad sobre los crímenes de los 'paras'.

Aunque no se trataba directamente de temas de su agenda,  el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, integrado por 10 expertos independientes, manifestó su "gran preocupación" por el reciente escándalo de las 'chuzadas' y seguimientos ilegales del
 DAS a magistrados, periodistas y políticos de oposición.

El Comité llamó al Gobierno para que "tome medidas inmediatas para discontinuar el acoso y seguimiento de jueces por agentes de inteligencia y sancione a los responsables por amenazar la
 independencia del poder judicial".

También se pronunció sobre la polémica por la elección del nuevo Fiscal General y dijo que espera que el proceso "se realice a través de criterios que garanticen la elección de un profesional capaz de ejercer el cargo con total y plena independencia".

En cuanto a la desmovilización de más de 30.000 paramilitares y el proceso de Justicia y Paz, el Comité habló de una "amnistía de facto" y criticó que no hubiera todavía ninguna condena, así como las penas máximas impuestas por esa jurisdicción, que en
 ningún caso superan los 8 años de prisión, incluso para los delitos más graves.

En su campo específico, el de las torturas, el Comité de la ONU destacó "una disminución global" de las denuncias en los últimos 5 años, pero al mismo tiempo subrayó su preocupación por los informes sobre la presunta implicación de los "agentes
 estatales" en ese crimen.

Hubo críticas por la ausencia de un sistema centralizado para la compilación de datos acerca de los casos de tortura, lo que impide "tener claridad acerca del número total de casos denunciados, investigados y sancionados" y habló de "tipificaciones erróneas" en estos casos, que en muchas oportunidades son abordados como lesiones personales por las autoridades judiciales.

De manera más amplia, el órgano de las Naciones Unidas habló de "la persistencia de graves violaciones conexas a la tortura, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, las violaciones sexuales y el
 reclutamiento de niños".

Resumen de Agencias

• ONU respalda creación de Comisión de la Verdad para procesos de Justicia y Paz

Desde la tarde de este viernes empezó a correr la cuenta regresiva para que Murcia Guzmán y Suárez, las máximas cabezas de DMG, sean enviados a Estados Unidos para responder por cargos relacionados con el lavado de activos del narcotráfico.

"Como parte de los compromisos que conlleva este proceso de entrega, las autoridades norteamericanas deberán procurar, a través de los mecanismos que la cooperación judicial internacional consagra, que los bienes ubicados en el exterior que se encuentren producto del delito, sean destinados a la reparación de las víctimas en Colombia", dicen los dos decretos.

La extradición de los jefes de DMG fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia en octubre pasado, pero la decisión final de enviarlos o no estaba en manos del Ejecutivo.

Antes de la Corte, la Procuraduría General también había emitido un concepto favorable sobre el envío de Murcia y de Suárez a ese E.U.

Una corte de Nueva York los acusa de mover 30 millones de dólares de narcotraficantes a través de una cuenta en el Merrill Lynch y de adquirir 9 propiedades en Miami y una en California para ocultar ganancias ilícitas.

A Murcia, de 29 años y preso en la penitenciaría La Picota, un Juzgado Especializado de Bogotá lo había declarado culpable de lavado de activos y captación ilegal de dinero.

Aunque aún no se conoce la condena, el juez dijo que Murcia Guzmán puso en 'jaque' al sistema financiero al convencer a miles de 'inversionistas', con promesas de interes fabulosos.

A su vez, William Suárez había suscrito un preacuerdo con la Fiscalía, pero el juez aún no había dado un veredicto en su caso. Los otros dos de la cúpula de DMG, Daniel Ángel y Margarita Pabón, fueron condenados, pero se salvaron de la extradición.

Ahora que el decreto autorizando el envío está firmado, la defensa de Murcia podrá interponer un recurso de reposición.

Murcia fue capturado en Panamá en noviembre de 2008 y deportado a Bogotá.

El controvertido empresario, cuya comercializadora DMG recaudaba dinero del público ofreciendo ganancias de hasta un 100 por ciento de la inversión, ha negado ante las autoridades colombianas los cargos de estafa a miles de personas y de lavado de  activos producto del narcotráfico a través de sus empresas.

Murcia, por intermedio de su abogado, aseguró a comienzos del año que prefería ser extraditado a Estados Unidos porque no tenía garantías ante la justicia colombiana.

Estos hombres ya estaban en los departamentos de Norte de Santander y Arauca, pero se desplazarán más hacia el oriente para reforzar la seguridad a lo largo de los más de 2.100 kilómetros de frontera común.

Esta fue la principal decisión que se adoptó ayer, en el consejo de seguridad que el ministro de Defensa Gabriel Silva y la cúpula militar y de Policía sostuvieron este viernes en Arauca.

Durante cinco horas los altos mandos discutieron la situación y
analizaron los incidentes fronterizos que se han registrado con Venezuela en el último mes, especialmente la voladura de dos puentes comunales el pasado jueves en Norte de Santander.

El ministro Silva señaló que las Fuerzas Militares están preparadas y en máxima alerta para impedir cualquier tipo de agresión contra el territorio nacional y señaló que el nivel de alistamiento de las tropas está "por encima del 90 por ciento de las capacidades".

El funcionario dijo al término del encuentro que se revisaron los dispositivos de seguridad y defensa de la frontera y se identificaron otros puentes construidos por la población, donde se incrementará la vigilancia "para evitar que estas provocaciones generen un incidente internacional". 

El batallón del Ejército reforzará la seguridad en Norte de Santander, mientras la brigada móvil se moverá por la zona terrestre entre ese departamento y Arauca.

A la vez, se incrementarán los patrullajes de naves blindadas de la Armada en el río Arauca, que ha sido escenario de varios incidentes. 

Silva reiteró que la destrucción los dos puentes peatonales fue una agresión contra la población civil: "Estos puentes llevaban más de treinta años de construidos, era infraestructura construida por la comunidad para integrarse, para trabajar".

El ministró aseguró que el presidente Álvaro Uribe dio la orden de evitar cualquier incidente, pues "se sabe que hay fuerzas de Venezuela que quieren provocar en la frontera".

Así mismo, le solicitó al gobierno Venezolano colaboración para esclarecer la masacre de colombianos en el estado Táchira, así como el asesinato de otros 3 compatriotas en el sector de El Amparo: "Le pedimos a ese gobierno  que nos ayude, como es
 obligación internacional, a combatir el terrorismo y el narcotráfico", concluyó el Ministro.

En los próximos meses, dentro del llamado Plan Frontera, se deberán crear Fuerzas de Tarea Conjunta en esa frontera y las otras cuatro del país.

El plan venía en marcha desde hace varios meses, desde antes de la crisis con Chávez, y supone también un  fuerte componente de inversión social en las zonas de frontera.

Informe crítico

Un informe sobre la situación de la frontera elaborado por la Defensoría del Pueblo reseña al menos ocho incidentes graves registrados en la zona de la frontera en menos de seis meses.

La situación de El Amparo en el Estado Apure es reseñado por habitantes y autoridades de Arauca como epicentro de las actividades del Eln.

Allí citan a personas en Colombia para extorsionarlas y desde allí se mueven milicianos a cometer crímenes en Colombia.

Hacia allí huyó hace dos meses el guerrillero Carlos Marín Guarín, 'Pablito', líder del Eln, quien se fugó de la cárcel de Arauca.

La Defensoría tiene denuncias de que en el municipio nortesantandereano de Herrán, en las zonas rurales, han aparecido guerrilleros con supuestos miembros de la
Guardia Venezolana. Se investiga si, como lo dicen pobladores, han obligado reuniones en las que aseguran que 'protegerán' a las comunidades de supuestos paramilitares.

ARAUCA Y BOGOTÁ

• Detienen en Venezuela a militar retirado cuando estaba haciendo compras en San Antonio
• Militares de Colombia están en máxima alerta para impedir agresiones, dijo el Ministro de Defensa
• Tensa calma en la frontera con Venezuela
• Candidato presidencial Rafael Pardo permaneció detenido 20 minutos por Guardia venezolana

Fuentes policiales informaron que la captura de Caballero Vargas se produjo en un lugar del norte de Bogotá.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 31 de octubre cuando se llevaba a cabo una reunión privada en una finca del municipio de Chía, en Cundinamarca.

El funcionario del DAS, fuera de control,  disparó su arma indiscriminadamente matando a sus dos compañeros e hiriendo a  4 personas más.

La audiencia de legalización de captura e imputación de cargos se llevará a cabo en un juzgado de la población de Zipaquirá.

Redacción periódico HOY

Silva precisó que "la directriz del presidente Álvaro Uribe y las Fuerzas Militares de Colombia es la serenidad y no dejarse provocar porque se sabe que hay fuerzas provocadoras en la frontera que hay que evitarse a toda costa".

Pero esto -agregó- "no quiere decir que no estemos preparados y en máxima alerta para impedir cualquier agresión contra Colombia, contra los colombianos o contra nuestro territorio".

La declaración se conoció en el marco de un consejo de seguridad realizado en la ciudad de Arauca (fronteriza con Venezuela).

"Tenemos un nivel de alistamiento y de preparación muy alto, por encima del 90% en todas nuestras capacidades", agregó el ministro durante la reunión, que se prolongó por cinco horas y a la que asistieron los mandos militares y de policía con jurisdicción en la zona fronteriza.

El consejo se realizó un día después de que Colombia denunciara que efectivos venezolanos dinamitaron dos pequeños puentes de fabricación artesanal que conectaban a los dos países en la frontera noreste, y que Venezuela alega eran usados por  narcotraficantes y contrabandistas.

Al respecto, el ministro aseguró que la destrucción de los puentes peatonales fue una agresión contra la población civil. "Estos puentes llevaban más de 30 años de construidos, era infraestructura construida por la comunidad para integrarse, para  trabajar", dijo Silva.

En julio el presidente venezolano Hugo Chávez 'congeló' las relaciones diplomáticas entre los dos países, en rechazo al acuerdo militar suscrito por Bogotá y Washington, que permite a los soldados norteamericanos usar controladamente siete bases en territorio colombiano.

Con AFP

• Una brigada móvil y dos batallones reforzarán seguridad en la frontera con Venezuela

Según conoció EL TIEMPO el ex uniformado viajó a Cúcuta a visitar a su familia, y de allí acompañó a un amigo hasta San Antonio para hacer las compras.

Al cierre de esta edición el soldado no había sido dejado en libertad.

• Una brigada móvil y dos batallones reforzarán seguridad en la frontera con Venezuela