Estos expertos, entre los que está la colombiana Amada Benavides de Pérez, aseguran que los estados en América Latina han cedido más del 60 por ciento de la seguridad ciudadana a empresas privadas.
La utilización de mercenarios es una práctica para violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.
En marzo próximo van a proponer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU los principios para redactar una Convención Internacional que controle a estos mercenarios modernos. Sobre este tema EL TIEMPO habló con Amada Benavides.
¿Cómo es la situación de las empresas de seguridad privadas que trabajan con el plan antinarcóticos y antiterrorista celebrado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos?
El Plan Colombia surge de un acuerdo bilateral con Estados Unidos en el gobierno de Andrés Pastrana. Hay unas 25 empresas con, aproximadamente, 800 contratistas privados para actuar en el país. Poseen igual inmunidad que los diplomáticos de la Embajada norteamericana. Tenemos documentado que algunos de estos contratistas han perpetrado delitos y violaciones de los derechos humanos que no han sido esclarecidos por el Gobierno colombiano, como violencias sexuales contra niñas, tráfico de armas y de drogas.
Un ejemplo de ello fueron los tres contratistas liberados en julio del 2008 junto con Íngrid Betancourt. Se desconoce su número exacto, tienen sus propias bases y no se conocen sus identidades. Estas 25 empresas estadounidenses no se regulan por la ley colombiana, no están registradas en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, y están por fuera del control del Estado colombiano.
¿Están vinculadas con el Plan Colombia?
Hay algunas que actúan en el país por fuera del Plan Colombia, como son las que protegen oleoductos o zonas mineras. Además, hay empresas que trabajan con el Gobierno al margen del Plan Colombia, como son el grupo de ex oficiales israelíes contratados para ayudar en la inteligencia militar. Finalmente, están los colombianos que trabajan para los Estados Unidos en Irak, quienes serían unos 500, según cifras extraoficiales.
¿Hay otros latinoamericanos peleando bajo cobertura de empresas privadas en Irak y en Afganistán?
Sí. Hay unos 3.000 latinoamericanos que actúan en Irak. Sabemos que unos 1.200 peruanos fueron contratados para ir a combatir a Bagdad y Basora, por diferentes compañías con sede en Estados Unidos o mediante filiales en Perú, mencionados en los informes de nuestro Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios, como Triple Canopy, Gun Supply SAC, MVM Inc., Defion Internacional y 3D Global Solutions.
Los paramilitares de Colombia, ¿son mercenarios?
No, por dos razones. Se consideran mercenarios a quienes no son nacionales del Estado y actúan militarmente dentro de ese Estado, y porque los mercenarios están motivados por una ganancia económica; es decir, obtienen una retribución financiera o material.
JUAN GASPARINI
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
GINEBRA
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