A un año exacto de la posesión del nuevo Congreso, una decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en ascuas a los senadores que en marzo del 2006 obtuvieron las votaciones más bajas en las listas de cada partido.

Los magistrados decidieron varias demandas interpuestas en el 2007 por la Procuraduría y algunos ciudadanos (ver recuadro) y encontraron que al menos 33.683 votos, correspondientes a 1.540 mesas en varias regiones del país, fueron fraudulentos.

Las zonas más afectadas fueron Bogotá (213 mesas) Córdoba (129), Magdalena (123)  y Antioquia (189), pero, señala uno de los consejeros, fraude hubo por todo el país.

El caso más usual, de acuerdo con la decisión, fue la alteración de datos en los formularios E-14 (de votantes) y  E-24 (resultados de la mesa): el segundo aparecía con 10 ó 20 votos más que el primero, a pesar de que debían coincidir. 

Aunque los efectos en curules están por verse, se da casi por descontado que varios senadores tendrán que despedirse de su curul. El reconteo afectará la cantidad de votos de cada partido y por ende se afectaría la cifra repartidora, que es la base a
 partir de la cual se reparten las curules. En ese orden de ideas, los últimos senadores de la lista de cada partido quedarían en veremos.

En su demanda, la Procuraduría documentó, por ejemplo, que en municipios como Remolinos (Magdalena) "el registrador municipal solicitó a los jurados de votación los formularios E-14 firmados y en blanco para diligenciarlos, como también hubo suplantación
 electoral"; en González (Cesar), "personas fallecidas figuraron votando y hubo  manejo indebido de formularios E-11"; en Magangué y Mompox (Bolívar) hubo "anomalías en
inscripciones".

La investigación del Ministerio Público hablaba de 3.600 casos comprobados de suplantaciones electorales en 26 departamentos. También documentó al menos 3.724 casos de inexactitudes en los formularios que no fueron corregidas a pesar de haber sido denunciadas.

Qué se encontró
En esas mesas hubo casos comprobados de suplantación de votantes, utilización de cédulas inhabilitadas o aún no entregadas y adulteración de formularios electorales, entre otras irregularidades.

El Consejo de Estado estudió 19 demandas contra las elecciones al Senado 2006-2010 por supuestas irregularidades en 6.500 mesas ubicadas en 26 departamentos. La de la Procuraduría hablaba de al menos 60 mil votos fraudulentos.

En aplicación de las normas de la reforma política del 2003 el Consejo de Estado no anuló la totalidad de las mesas cuestionadas sino los votos irregulares.

El presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau De Lafont, dijo que se "declaró la nulidad de la elección de los senadores y se ordenó un reconteo de votos" que deberá realizar, en menos de un mes, la misma Sección Quinta.

Los actuales senadores seguirán ejerciendo, con plena legitimidad, mientras los magistrados definen cuáles son los congresistas que se ven afectados por las votaciones irregulares y ordenan al Consejo Nacional Electoral expedir las credenciales a los nuevos congresistas.

No es la primera anulación

En julio del 2005,  casi tres años después de la posesión de legisladores elegidos en el 2002, el Consejo de Estado despojó de sus curules a los senadores Piedad Córdoba, José Renán Trujillo y Gabriel Acosta Bendeck, decisión que implicó el regreso al
 Congreso de Tito Rueda, Miguel Pinedo Vidal y el ex gobernador del Casanare Miguel Ángel Pérez. Los dos últimos terminaron procesados por el escándalo de la parapolítica.

En ese momento, las mesas demandadas fueron cerca de 20 mil.  El Consejo de Estado anuló 5.990 votos de Trujillo; 4.957 de  Acosta y 4.381 de la senadora Córdoba.

Ese fallo determinó, sin embargo, que los tres congresistas que salieron no habían incurrido en ninguna irregularidad porque ellos se posesionaron con base en los resultados del Consejo Nacional Electoral, que eran considerados legítimos.

La demanda del procurador, pieza clave

La esencia de la decisión del Consejo de Estado es una demanda del ex Procurador Edgardo Maya Villazón sobre las elecciones de Congreso del 2006.

Según la demanda de Maya, se habrían registrado anomalías en por lo menos 6.500 mesas de votación. "Existió fraude electoral e inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios electorales en las elecciones para Senado de la República realizadas el 12 de marzo del 2006", señaló el Ministerio Público en esa oportunidad.

Maya había pedido un nuevo escrutinio, decisión que finalmente se adoptó. Juan Carlos Galindo, que fue el procurador delegado que hizo la demanda, le dijo ayer a EL TIEMPO que el fallo no atiende la realidad, pues "el problema que se presentó fue  más grande".

"Hubo casos flagrantes de fraude como en Magangué y Mompox, mucha evidencia", dijo Galindo, quien fue después registrador nacional encargado y sacó adelante las elecciones regionales del 2007.

REDACCIÓN JUSTICIA