El país aún recuerda el día en el que el alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo León Díaz Salgado, dijo en uno de los consejos comunitarios del Presidente, que lo ayudaran porque lo iban a matar. Y un mes después, el 5 de abril del 2003, Díaz apareció baleado.

Por este asesinato, el ex gobernador de Sucre y ex embajador en Chile, Salvador Arana Sus, está acusado como determinador, en asocio con el paramilitarismo.

Esta historia, espera un pronto final en los tribunales, pero antes podría convertirse en un caso emblemático de la justicia colombiana.

La tesis de la Corte es que el ex gobernador habría hecho parte de un grupo criminal organizado de poder que ejecutó la eliminación sistemática de personas en Sucre.

El alto tribunal analiza evidencia recogida por sus investigadores y remitida a la Fiscalía, que señala que Arana fue el creador de los grupos paramilitares que azotaron a Sucre durante años y que dejaron una estela de muertos, entre campesinos y miembros de organismos judiciales.

También hay otro paquete de testimonios, más recientes, que además de involucrar a Arana, vuelve a enredar judicialmente a viejos políticos de ese departamento que llevan en sus bolsillos autos inhibitorios a su favor.

Pero los abogados de Arana dicen estar seguros de su plena inocencia, del hecho de que las pruebas en su contra son débiles y ya habían sido descartadas durante la administración del fiscal Luis Camilo Osorio.

Además, aseguran que hubo fallas en la apertura del proceso y en el otorgamiento del derecho a la defensa que tiene cualquier ciudadano.

En todo caso, la Corte Suprema definirá en los próximos días si acude o no a la lesa humanidad en este y en otros casos, sentando jurisprudencia sobre una materia que tiene en el limbo varios procesos en la Fiscalía (caso Luis Carlos Galán y el atentado al avión de Avianca), y muy atenta a la Corte Penal Internacional.

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