Durante las últimas dos semanas -y a veces acompañado por el senador Habib Merheg- el representante por el Vichada ha acudido a todo tipo de argumentos para introducir su proposición, a pesar de que para el Gobierno es claro que esta no tiene relación alguna con el tema que se está discutiendo: las normas de reforestación comercial.

"Si pasa ese adendo el Gobierno prefiere retirar el proyecto de Ley. Ahí no hay unidad de materia", dijo a mitad de semana el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

Y es que la iniciativa de Silva, conocido en la Cámara y en los medios por la paternidad de numerosos y célebres 'micos' -como el del costoso microchip para vehículos y el de la internacionalización del aeropuerto de Vichada- tendría una especie de sospechoso efecto carambola.

Con un solo golpe tumbaría la orden dada por la cartera de Agricultura de frenar las titulaciones de más de un millón de hectáreas en el Vichada, una medida tomada tras las denuncias sobre la entrega irregular de más de 38 mil hectáreas a personas cercanas al senador Merheg (ver 'Alcaldía de Primavera...').

Dos mil hectáreas, en familia

Y el llamado nuevo 'mico' de Silva también le podría dar vía libre a las solicitudes de adjudicación que tienen radicadas varios miembros de su reconocida familia.

Según una indagación hecha en terreno y en papeles por el Ministerio de Agricultura y por el Incoder Bogotá, hermanos y cuñados del congresista están pidiendo la adjudicación de 1.800 hectáreas correspondientes a los predios La Estación y Compostela, cerca a Puerto Carreño.

Uno de los familiares de Silva Meche que aparece en la lista fue candidato a la Gobernación del Vichada y ex gerente de la Lotería la 9 millonaria, perfil que a todas luces no encaja con las personas sujetas a la reforma agraria: los campesinos sin tierra.

Por ahora, estas solicitudes de adjudicación hacen parte de los procesos frenados tras el llamado caso Merheg, pero también están congelados porque exceden las 300 hectáreas.

Para el Gobierno es claro que la extensión de tierra a adjudicar en esa zona debe estar acorde con el proyecto productivo que se vaya a desarrollar en ellas. Por eso, hoy se revisa la solidez y argumentación con las que se expidió la Resolución 041 de 1996 que definió en 1.725 el número de hectáreas para adjudicar baldíos en Vichada, lo que desencadenó una titulación desaforada.

La polémica resolución fue expedida cuando era ministra del ramo Cecilia López, que ha protagonizado varios roces con el ministro Arias.

Pero ese no es el único lío de tierras que involucra a la familia de Silva Meche.

Descabezada funcionaria

En el 2003, Juan Antonio Silva González y Ana Trinidad Meche -padres del señor representante- recibieron del antiguo Incora el predio Bonaire, a 10 minutos de Puerto Carreño.

Y aunque en el 2006, la Procuraduría ordenó reversar la adjudicación por anomalías administrativas, el pasado 6 de agosto se les volvió a entregar el mismo predio, de casi 10 mil metros cuadrados.

Los investigadores dicen tener pruebas de que los adjudicatarios no explotaban a Bonaire con fines agropecuarios -como lo ordena la Ley- y de que no pudieron demostrar su ocupación mínima de 5 años.

Por orden directa del ministro Arias, ya se iniciaron los trámites de revocatoria directa de esta adjudicación y el caso le acaba de costar el puesto a la directora Territorial del Incoder, Ana Emma Mojica, declarada insubsistente hace apenas cinco días.

¿Conflicto de intereses?

Por todo este dossier, algunos miembros de la Cámara dijeron que le aconsejarán a su colega Silva Meche que deje de hacerle lobby a su iniciativa, pues de prosperar le podría costar su investidura por conflicto de intereses.

"Él nos dijo que iba a insistir en introducir el adendo este martes en plenaria e incluso en el Senado -dice uno de sus colegas-. Pero es mejor que no arriesgue su curul porque es una buena persona".
Para otros ya es tarde.

Se intentó conocer la opinión de Silva Meche, que hace un año le dijo a EL TIEMPO que sus artículos no eran 'micos' sino iniciativas en pro de su región. Pero el congresista no respondió en ninguno de los teléfonos suministrados por la Cámara y por Apertura Liberal, movimiento al que pertenece. Merheg tampoco respondió las llamadas.

Por ahora, el Incoder Bogotá le oficiará el caso a la Procuraduría para que esa instancia determine si ejerce el control preferente sobre el llamado expediente Silva Meche.

Alcaldía de Primavera no quiere desalojar en caso Merheg

El proceso de recuperación de las 38.144 hectáreas de baldíos del Vichada, entregadas irregularmente a 31 personas cercanas al senador Habib Merheg y domiciliadas en Pereira y dosquebradas (Risaralda), sigue siendo bombardeado. Primero, los adjudicatarios ilegítimos interpusieron 22 tutelas ante el Juez Civil del Circuito de Dosquebradas para suspender cualquier trámite. Y el Incoder tuvo que apelar los fallos ante el Tribunal Superior de Risaralda, para poder seguir con el proceso. Una vez superada esa dificultad, se le solicitó a la Alcaldía de La Primavera (Vichada), proceder con el lanzamiento por ocupación de hecho de los predios. Sin embargo, la Inspección de Policía de ese municipio -desbordando todo ordenamiento jurídico, dice el Incoder- profirió una resolución, el pasado 24 de septiembre, en la que se niega a efectuar dicho trámite. Según argumentan, la Alcaldía quiere esperar a que la justicia contenciosa administrativa defina de fondo el proceso de las tierras antes de efectuar cualquier procedimiento.
De inmediato, el Incoder procedió a tomar medidas jurídicas que ya están prosperando.

No obstante, uno de los abogados contratados por ese instituto para que presentara una de las querellas empezó a ser objeto de llamadas intimidantes. Los mensajes y amenazas son de tal calibre que tuvieron que ser puestos en conocimiento de autoridades competentes.

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