Javier Fernández, delegado adjunto de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo ayer que ese organismo "está listo para hacer un acompañamiento" en ese campo.

Fernández advirtió sin embargo que un mecanismo de ese tipo no puede relevar al Estado colombiano de la obligación de investigar los crímenes de los actores armados y hacer justicia frente a los mismos: (La Comisión) "estaría dirigida sólo a protección de victimas que no están vinculadas a procesos judiciales", dijo el delegado en el foro Memoria histórica, Verdad y Justicia, organizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Centro Internacional para la Justicia Transicional.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Augusto Ibáñez Guzmán, reiteró el llamado al Gobierno para que apoye la iniciativa y propuso que se adopte un modelo similar al utilizado en los informes finales de las masacres de Trujillo y El Salado, que calificó  de exitosos.

"Una Comisión de la Verdad ayudaría en la construcción de la memoria histórica.

Existe una verdad sociológica y psicológica que no recogen los expedientes judiciales y que debe ser reconstruida para que haya reconciliación y verdad en Colombia", dijo el magistrado

Según el Presidente de la Corte, la Ley de Justicia y Paz, bajo la cual se desarrollan las confesiones de los paramilitares, es incapaz de abarcar la totalidad de los crímenes de esos grupos, lo que cerraría las puertas a la posibilidad de que se conozcan todos los hechos de violencia y así evitar su repetición: "La experiencia ha demostrado que son muchos los hechos en los que ya no se pueden continuar el trámite judicial por prescripción o porque las víctimas ya no existen", agregó Ibáñez.

El Vicefiscal General de la Nación, Fernando Pareja, dijo por su lado que es importante que los resultados de las investigaciones a los que llegue esa Comisión de la Verdad sean aportados después a los procesos judiciales en curso.

Las asociaciones de victimas afirman que Justicia y Paz, cuatro años después, está a punto de colapsar.

Hasta ahora no hay ni un solo paramilitar condenado por los crímenes cometidos en más de 20 años de accionar delincuencial y la extradición de varios de los principales jefes, señalan la Fiscalía y la misma Corte, ha frenado el ritmo que traían las investigaciones.

El abogado Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, quien también estuvo en el foro dijo que considera importante la propuesta hecha por la Corte Suprema y que las organizaciones de víctimas la respladarían si se mantiene como un organismo independiente, libre de manipulaciones y que cuente con la tutela del alto tribunal.

"Estamos ante una crisis profunda de la la Ley de Justicia y Paz y el sistema está a punto de colapsar. Debemos buscar alternativas", con concluyó el abogado Cepeda.

La Ley de Justicia y Paz investiga en este momento a 3.854. De ese total, sólo en cinco casos se han confesado todos los delitos y 1.867 aún continuan rindiendo versiones libres sobre 29.555 hechos que en los que han admitido su responsabilidad.

Hasta el momento, las personas que están rindiendo versión libre han confesado 12.104 hechos en los que están vinculadas 14.181 víctimas de homicidio, desaparición forzada, secuestro, extorsión, desplazamiento, violencia sexual y reclutamiento forzado.

La mayoría de las víctimas detectadas en los procesos son mujeres y niños. Le siguen sindicalistas, indígenas, dirigentes políticos y periodistas.

También se han exhumado 2.043 foscas y se han encontrado 2.492 cadávares.

REDACCIÓN JUSTICIA