Foto: David Osorio / EL TIEMPO
El director del DAS, Felipe Muñoz, cumplió la orden de tres días de arresto en las instalaciones de la Policía Nacional.
Expertos evalúan hasta dónde el uso de esta figura puede violar los derechos de un trabajador.
El arresto de tres días del director del DAS, Felipe Muñoz, ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá, fue por negarse a revelarle a un ex detective las razones de su despido -argumentó la facultad de discrecionalidad.
Los expertos explican que la facultad discrecional, que también utilizan las Fuerzas Militares y la Policía para retirar a uniformados sin mayores explicaciones, permite el despido de una persona sin necesidad de esperar los resultados de un proceso disciplinario o penal para preservar "la seguridad nacional".
El ex procurador Jaime Bernal Cuéllar señaló que el uso de esta figura no requiere de una explicación, pues de entregarse la misma podría motivar a que el empleado instaure una demanda de reintegro".
Pero hay quienes se oponen al uso de esta figura. Uno de ellos es el general retirado Harold Bedoya, quien asegura que todo funcionario y persona debe ser vencido en juicio, antes de ordenar su despido. "Se supone que la facultad discrecional la usan teniendo razones de hechos graves, pero es lógico que también se puede prestar para equivocaciones", señaló el oficial.
Añade que una de las consecuencias es que el empleado o funcionario pierde la antigüedad y eso resulta afectando el derecho a la pensión. "Más que un beneficio es un perjuicio", concluye.
Por su parte, el abogado y ex director del DAS Ramiro Bejarano considera que sí es necesario dar "razones mínimas" que le permitan al funcionario tener algunos elementos de la decisión.
En todo caso, el uso de esta figura es permanente en el país. Este año, 73 funcionarios del DAS, la mayoría detectives del Valle, Cauca, Antioquia, Eje Cafetero, Atlántico, Bolívar, Sucre y los Santanderes, han sido retirados por la facultad discrecional.
Todos, según fuentes oficiales, se han dado tras superarse un proceso de verificación de presuntas irregularidades y análisis de un comité que valora la gravedad de los hechos y la suerte del funcionario.
REDACCIÓN JUSTICIA
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