Según la Corte, los avances que han presentado han sido lentos en relación con al dimensión de la problemática.

La Corte advierte que "los reportes que ha presentado el gobierno carecen de una reflexión profunda, suficiente y adecuada en términos de política pública de atención integral a la población desplazada, de conformidad con las órdenes impartidas y los criterios fijados en la sentencia T-025 del 2004.

Esta sentencia tenía que ver con el reporte anual del gobierno sobre la problemática del desplazamiento, y le ordenaba al gobierno fijar pautas para poner fin al mismo.

La Corte decidió convocar a una audiencia pública de rendición de cuentas, el próximo 10 de julio. Citó al director de la agencia Acción Social, Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, quien a pesar de haber sido nombrado como embajador ante la OEA., la Corte encuentra necesario que él esté presente en esta audiencia por su cargo.

Invitó al Procurador, al Contralor, al Defensor del Pueblo, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur; a varias ONG de Derechos Humanos, a representantes de desplazados de siete departamentos, entre otros.