En el país, según reportes de Unicef basados en datos del Ministerio de Defensa, unos 8 mil menores participan en grupos armados ilegales, aunque la cifra podría llegar a 11 mil.

Pedro Arenas, alcalde de la capital del Guaviare, asegura que a la amenaza de la guerrilla se le ha sumado también la de grupos paramilitares que operan en el Meta y Vichada y que ahora intentan llevarse a niños campesinos con engaños.

"Este año en la zona urbana la comunidad ha denunciado que hombres que se identificaron como autodefensas, probablemente las que operan entre Meta y Vichada y que tienen influencia en el norte del Guaviare, llegaron a las casas a llevarse los jóvenes  ofreciéndoles empleo en fincas, pero que después descubrieron que era reclutamiento con engaños", denunció Arenas.

Agrega que 210 familias de 300 que se desplazaron el año pasado; es decir, siete de cada diez de ellas, lo hicieron por miedo a que sus hijos fueran enfilados en grupos armados ilegales.

La cifra de niños indígenas en riesgo es menor: en los últimos cinco años son 256 los casos de desplazamiento por esta causa, y la gran mayoría son de las comunidades Guayabero y Nukak Makú.

Pero para Arenas, quien ayer participó en el Primer Congreso Internacional sobre Prevención de Reclutamiento y Utilización de Niños y Niñas por Organizaciones al Margen de la Ley, lo que más preocupa es la falta de programas alternativos y de presencia de instituciones.

"El tema de reclutamiento nos preocupa, pero preocupan más las causas que subyacen en el tema. La gobernabilidad  civil no se ha alcanzado en el territorio y desafortunadamente en algunas ocasiones hay planificadores de la política que creen que la seguridad solo se logra con la presencia militar. Si las instituciones del Estado no llegan al campo la problemática va a continuar", manifiesta Arenas.

Explica que en el Guaviare fue suspendido el programa de Familias Guardabosques y "no se están desarrollando planes de desarrollo alternativo para sustituir los cultivos de coca".

Solo se está aplicando la fumigación de cultivos que en muchas ocasiones incentiva al campesino a no optar por la economía legal. "Desmotiva a las comunidades campesinas a vincularse a la economía legal porque muchas veces sus cultivos de pan coger son fumigados, y se pierde así la seguridad alimentaria".

El Alcalde explicó que nuevas bandas y guerrilla tienen estrategias para reclutar. La guerrilla, especialmente las Farc con sus frentes 7, 1 y 44, llegan a las casas y a los propios colegios y escuelas para, a través de -instructores-, seducir a los menores de enrolarse vendiéndoles el poder que les da un arma.

Mientras que los paramilitares rearmados los engañan con ofertas de trabajo y sueldos mensuales.

Otro de los factores que permiten que el reclutamiento sea un problema permanente es que los padres de familia dejan que niños desde los 11 años trabajen en labores relacionadas con cultivos de coca.

"Muchos papás, en temporadas de invierno, permiten que los niños se retiren del colegio para ir a raspar hoja de coca. Y en el ambiente de esto hay un control de los grupos armados, que se llevan a los niños con sofismas",  señala Arenas.