Foto: Archivo / EL TIEMPO
El presidente Uribe dijo que (el fraccionamiento de predios) "es una argucia que se inventan para evadir los límites de la ley". Arias no descartó que haya testaferrato para defraudar al Estado.
Ismael Pantoja Carrillo recibió en el 2007 un subsidio por 194 millones 400 mil pesos como incentivo para la capitalización rural. Gobierno suspendió el programa y pidió la devolución de aportes.
El nombre de Pantoja Carrillo figura en el listado de beneficiarios entregado por el ministro de Agricultura, Andrés Fernández.
Este nombre es el mismo al que responde el narcotraficante conocido como el 'Negro' y que en septiembre pasado fue extraditado a Estados Unidos por tráfico de droga.
Aunque en el listado no aparece el segundo nombre (Augusto) que figura en la solicitud de extradición del narco, su número de cédula sí concuerda.
Pantoja Carrillo tiene asignado además un crédito por 500 millones de pesos.
Uribe pide devolver subsidiosEl Ministerio de Agricultura ordenó al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) una auditoría para determinar si hubo irregularidades en la selección de beneficiarios.
El mandatario anunció que el Ministerio de Agricultura tiene que exigir por medios judiciales y extrajudiciales la devolución del dinero, y que "lo tiene que lograr en breve".
Uribe dijo que lo ocurrido en Magdalena, donde según la investigación de 'Cambio' hubo un fraccionamiento simulado de predios entre familiares, "es una trampa, una argucia que se inventan para poder evadir los límites que impone la Ley".
Por eso pidió que los responsables "devuelvan la platica y que esos proyectos los financien con sus propios recursos, porque lo que no se puede hacer en la Ley Agro Ingreso Seguro es entregar plata cuando de por medio hay trampas".
Paralelo a esto le pidió al Ministerio de Agricultura no desembolsar los recursos de 2009 hasta tener absoluta claridad sobre la legalidad y justicia de todos los proyectos.
Y como una medida de seguridad para el 2010, dijo que se deben ajustar previamente los reglamentos y que los proyectos que se presenten, incluso antes de su calificación por el Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura (IICA), deben ser publicados ampliamente, para que los conozca toda la opinión pública.
"Deploro que no haya sido el Ministerio de Agricultura la entidad que hubiera detectado estas irregularidades a tiempo. Desde el primer día de Gobierno he pedido que sea el propio Gobierno el que detecte irregularidades, el que las denuncie a la opinión pública y a los organismos competentes y el que tome las medidas que los hechos requieran", concluyó.
El pasado 25 de septiembre, al referirse al inicio de este escándalo, el presidente Uribe dijo en Boston (Estados Unidos) que había hablado con el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, y con el ex ministro Andrés Felipe Arias, quienes le explicaron que la asignación de los recursos se había hecho teniendo en cuenta todos los requisitos, los méritos y los proyectos.
"Ellos son jóvenes bien formados, son honorables. Ellos han trabajado con mucho entusiasmo la Ley Agro Ingreso Seguro. Estoy seguro que ellos podrán dar explicaciones satisfactorias", dijo Uribe.
'Asaltado en su buena fe'
El precandidato conservador Andrés Felipe Arias aseguró que fue asaltado en su buena fe y que algunos empresarios abusaron del programa. No descartó que lo ocurrido en la Costa podría ser una forma de testaferrato para defraudar al Estado y señaló que el programa necesita algunos ajustes.
Mientras tanto, en diversos sectores políticos el escándalo tuvo reacciones. El candidato liberal Rafael Pardo le pidió a su bancada en el Congreso que organice un debate sobre este asunto.
Según Pardo, ese programa en el 2007 destinó 114.000 millones de pesos para subsidios, de los cuales 65.000 millones terminaron en manos de solo 103 beneficiarios (personas naturales o jurídicas) que recibieron cada una, en promedio, 500 millones de pesos.
Según Pardo, en el 2008 hubo 77 grandes productores que recibieron 27.522 millones de pesos, para un promedio de 357 millones por cada beneficiario.
Entre tanto, el candidato presidencial único del Polo Democrático, Gustavo Petro, aseguró que lo ocurrido con Agro Ingreso Seguro "es un acto de corrupción".
Petro señaló al ex ministro Arias como responsable en el escándalo y, sobre lo dicho por el presidente Uribe, afirmó que "está (actuando) como el DAS, que por no asumir su propia responsabilidad prefiere despedir a la señora de los tintos".
Mientras tanto, el presidente del Directorio Conservador, Efraín Cepeda, dijo que la política general de Agro Ingreso Seguro ha sido positiva, pero se han dado unas excepciones de abuso que requieren la devolución de los recursos.
Cepeda aseguró que Arias no tiene que ver con el asunto, pues la selección de los beneficiarios lo hacía era IICA, un organismo dependiente de la OEA.
Finalmente, la senadora Piedad Zuccardi, de la dirección de 'la U', dijo que el programa había que preservarlo y mantenerle sus objetivos, pues se creó para favorecer a familias que generaran empleo.
La congresista reconoció que era necesario hacerle los ajustes, analizar dónde estuvieron las fallas para evitar que haya concentración de recursos, "pero que no se puede satanizar el programa".
Zuccardi agregó que si bien el ministro Fernández y el ex ministro Arias han dicho que no tuvieron que ver con la escogencia de los beneficiarios, sí les faltó analizar el asunto a la hora de aprobar los desembolsos.
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